En pocos días se recordará en Tucumán uno de los sucesos más tristes, dolorosos e indignantes de la historia de la provincia. El 9 de diciembre se cumplirán nueve años del atroz levantamiento policial que mantuvo en vilo a los tucumanos durante cuatro jornadas, en las que el caos, la muerte y el pánico se adueñaron de nuestras calles. Fueron momentos de zozobra, de alarma, de enfrentamientos y de desidia muy pocas veces vistos en la provincia. La memoria se activa rápidamente con sólo escribir acerca de lo sucedido. Recorrer las calles de la provincia, sobre todo del Gran San Miguel de Tucumán, en esos días es revivir lo que sucede en medio de un campo de batalla. Eran tiempos en los que José Alperovich gobernaba con mano de hierro la provincia. Juan Manzur había sido su vice, pero en julio de 2009 pasó a integrar el gabinete nacional como ministro de Salud. Jorge Gassenbauer era el ministro de Seguridad, Paul Hofer el secretario de Seguridad. Y Osvaldo Jaldo, el actual gobernador, había sido elegido diputado nacional pero renunció a pedido de Alperovich para hacerse cargo del Ministerio del Interior.

Ese 9 de diciembre, lo que comenzó con una protesta salarial de los policías, se transformó en una pesadilla. Ese mismo día, Alperovich, había minimizado el reclamo. “Está todo bien”, dijo durante la mañana mientras acompañaba al entonces ministro de Educación, Alberto Sileoni, que había llegado a la provincia. Por la tarde se produjo el primer saqueo. Las calles ya eran un descontrol. Durante tres días, “la maldita policía”, dejó indefensa a la ciudadanía. Había barricadas en todas las esquinas. La gente se armaba con lo que tuviera a mano. Los delincuentes tenían vía libre. ¿Quién no recuerda la frase que más se escuchaba en ese momento? “¡Ahí vienen!”, decían. Y todos se preparaban para enfrentar a un enemigo. No era una película de terror. Todo fue demasiado real. Murieron 13 personas, fueron saqueados 250 comercios en toda la provincia. La Federación Económica de Tucumán estimó que las pérdidas ascendieron a más de U$S 6,5 millones. Y nueve años después, no hay responsables. Hasta aquí, la Justicia procesó por sedición, incitación a la violencia colectiva, robo agravado, coacción agravada, privación ilegítima de la libertad, conmoción pública y hurtos reiterados, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público a 46 policías, entre ellos el entonces jefe de la Fuerza, Jorge Racedo. Se cree que el juicio, que llevarán adelante los jueces de la Cámara Penal Conclusional III, Luis Morales Lezica, Fabián Fradejas y Gustavo Romagnoli, se hará el próximo año. Será uno de los más importantes de la historia. Y los miembros de la Policía, al revés de como debería ser, estarán sentados en el banquillo de los acusados.

El lunes, el gobernador Jaldo puso en funciones a 787 nuevos agentes, tanto para la Policía como para el Servicio Penitenciario. Desde que asumió hace poco más de un año, cuando Manzur fue nombrado jefe de Gabinete de la Nación, Jaldo tomó a la seguridad como su gran caballito de batalla junto con la obra pública. “Como Gobierno de la Provincia estamos cumpliendo con la palabra empeñada de seguir haciendo inversiones en el área de Seguridad. Hoy incorporamos casi 600 policías que ingresarán a la Fuerza y 200, al Servicio Penitenciario para custodiar a los detenidos que cumplen arresto en alguna de las dependencias policiales”, dijo Jaldo ese día. Y agregó: “Esta incorporación es muy importante y tiene como objetivo principal traer más tranquilidad a los tucumanos. Nos permitirán atender con más profundidad los distintos tipos de delitos que van mutando permanentemente y mejorar la tarea sobre los que ya existen”. “Tenemos política en materia de seguridad y planificación en materia carcelaria”, cerró su discurso el gobernador, ante una plaza repleta de uniformes.

Hace muchos años se repetía como un mantra que para ser policía hacía falta vocación. Se necesitaba amor al uniforme y estar preparado para servir a toda hora. Se aseguraba que no era una profesión para cualquiera. Hoy es más que nada obtener la posibilidad de un trabajo, en épocas en las que el trabajo escasea. Y tanto hoy, como hace muchos años, la verdadera pregunta sigue siendo si se necesitan más o se necesitan mejores policías. ¿Tener muchos es sinónimo de tener mejores? Y ¿quién y cómo se controla a los policías?

Hace dos semanas la provincia quedó conmovida por el suicidio de Noelia Sosa, la joven que aterrorizada por las amenazas y los golpes de su pareja se quitó la vida cuando en la comisaría no quisieron tomarle la denuncia. ¿Cómo sabemos que esos 700 policías están preparados para atender tanto un caso de violencia de género como un asalto o la desaparición de un niño? ¿Cómo se controla a los que nos debieran proteger? La jueza de Familia Valeria Brand, en una nota con LA GACETA, lo definió como un femidicio provocado por el Estado, que no supo contener ni ayudar a una víctima que, justamente, buscaba protección. ¿Cuántos casos así se dan en la provincia, de personas a las que se le niega una denuncia por distintos tipos de delitos, y eso no trasciende?

El lunes, mientras Jaldo les daba la bienvenida a los nuevos agentes, a pocas cuadras la Justicia Federal juzgaba a nueve policías y a dos civiles por la desaparición y muerte del trabajador Luis Espinoza. La víctima fue asesinada de un tiro por la espalda el 15 de mayo de 2020 durante una carrera cuadrera ilegal en la localidad de Melcho (Simoca). En ese momento ya regían las medidas sanitarias por la pandemia. Luego los asesinos ocultaron el cuerpo; después lo llevaron a la comisaría de Monteagudo y finalmente lo despeñaron en un barranco en Catamarca, tratando de que no pudieran encontrarlo. Todo esto en plena democracia. Todo a manos de la Policía. Catorce años antes que eso, la Policía encubrió el crimen de Paulina Lebbos. Hasta el entonces secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, el jefe de la Fuerza, Hugo Sánchez, y otros policías fueron condenados por este caso. Y en 2018 fueron policías los que mataron por la espalda a Facundo Ferreira, un pibe de 12 años que iba en moto con un amigo por la zona de El Bajo. La lista puede ser larga. Y penosa.

Nadie niega que dentro de la fuerza hay personas de bien que justamente trabajan por vocación. En todo los ámbitos hay buenos y malos. El problema, el grave problema, es que dependiendo del grado de responsabilidad, las consecuencias podrían ser más o menos graves. Cuando el que falla es un policía, casi siempre el resultado es lamentable. Para peor, Tucumán emprende ahora una lucha más complicada con la provincialización de la ley de narcomenudeo. Ya lo afirmó hace unas horas el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa: “El objetivo es que la denuncia tenga el tratamiento que se merece con mayor velocidad y que el ciudadano que denuncia encuentre la respuesta que necesita”. Que todos estén a la altura y que lo de Natalia Sosa no se repita. El narcotráfico es un negocio que se mete en las raíces de la sociedad, y en el cual se maneja dinero al contado siempre. Deberán ser muy claros con las cuestiones de cantidad, y sobre todo de no criminalizar a los adictos. Las tentaciones estarán a la orden del día. Ya lo decía Juan Domingo Perón: “El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor”.