Violencia de género y abusos sexuales. Los juzgados de Familia están colapsados por este tipo de causas que tuvieron un crecimiento exponencial sobre todo desde la pandemia. Pero para tratar de brindar mejores respuestas, desde hace casi tres años se viene trabajando en un del Código Procesal propio. Y justamente ell martes entrarán en vigencia dos nuevos Códigos Procesales en la provincia que tienen como objetivo agilizar los trámites y, sobre todo, acercar aún más la Justicia al ciudadano con perspectivas de género y en Derechos Humanos. A partir de ese día regirán en la provincia el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (CPCCT, Ley N° 9531) y el Código Procesal de Familia de Tucumán (CPFT, Ley N° 9581). Para conocer un poco más sobre los cambios qué se impondrán, LA GACETA dialogó con Valeria Brand, a cargo del Juzgado de familia y Sucesiones de la V° Nominación.
¿En qué consiste el nuevo Código Procesal de Familia?
Nunca tucuman tuvo código procesal en materia de familia, y estuvimos muchos años rigiéndose por una norma procesal civil que no respondía a las necesidades del fuero, A partir del 2015, con la sanción del Código Civil actual generó un vuelco en el fuero porque obviamente se respetó esa letra de tratados y convenciones más los principios constitucionales, pero quedamos desfasados con el tema procesal de la provincia. Tenemos un código de avanzada, pero prácticamente no utilizábamos la letra del CPC. Nos regimos por el código civil, sus normas procesales, las normas especiales y las letras de los tratados y convenciones, y necesitaban un código procesal ¿Para qué? punto uno: para facilitar el acceso a la Justicia. Es un punto clave. Punto dos: para asegurar la tutela judicial efectiva y diferenciada. Tratamos con colectivos que son vulnerables, como niñez, adolescencia, mujeres, situaciones de adultos mayores, discapacidad, pueblos originarios. No tenemos las mismas situaciones que las de civil y comercial. Necesitábamos una herramienta procesal. ¿Y cómo se logra eso? Esta está diseñada para que cada tipo de proceso tenga un procedimiento específico y más abreviado, más ágil, es la manera que cumplimos con el mandato de dictar justicia en tiempo útil. Eso de que demora no es justicia es cierto. Nos habían multado mucho por no cumplir con la sentencia en tiempo útil. Ahora nos sentamos durante más de dos años y medios a trabajar y a elaborar un Código que tenga para cada tipo de proceso un procedimiento específico. Hoy un proceso de filiación en un trámite ordinario te puede estar llevando no menos de tres años. Con el nuevo Código Procesal no vas a tener más de seis meses, porque es la demanda, la contestación y la prueba de adn, y además la Corte está en tratativas para adquirir un secuenciador de adn que va a permitir conocer el resultado en menos de dos horas. Los procesos se van a acortar en los tiempos, eso va a implicar menor costo, y con una sentencia en un tiempo útil.
¿Y habrá un cambio visible?
La gente cree que nosotros armamos un Código con pautas de conducta que son nuevas, pero no. Plasmamos en la letra lo que ya veníamos haciendo. Queremos trabajar a nivel fallo con la prevención. El primer juez que interviene en un conflicto entre dos personas es el que debe seguir entendiendo en los conflictos posteriores entre esas mismas personas. No puedo tener con los mismos actores un divorcio en la quinta de familia, una protección en la segunda, el alimento en la primera porque corro el riesgo de dictar sentencias contradictorias y de no interpretar la conflictividad. Eso, que es sentido común, no estaba escrito en ningún lado, y lo venimos sosteniendo todas las juezas de familia en un acuerdo plenario. Eso está plasmado ahora en el nuevo Código Procesal Civil y de Familia. Solucionamos problemas. Usamos el código para plasmar una herramienta procesal de buena práctica, y para incluir cuestiones que sostenemos a fuerza de criterios judiciales y que hoy tiene una norma específica, lo que genera seguridad jurídica. Una mecánica más ágil, los procesos se redujeron en los tiempos, bajamos los tiempos de dictado de sentencia. En la Cámara también se van a acortar los tiempos, Queremos mejorar el acceso a justicia al ciudadano.
¿Habrá avances en materia de adopción?
La materia de adopción es de orden público, una ley nacional. No podemos modificar el procedimiento de fondo. Por eso plasmamos buenas prácticas en materia de adopción que por ejemplo contemplan al registro único de postulantes y que marca sus funciones. Un registro que trabaja de manera maravillosa, con equipos técnicos que trabajan de manera comprometida, haciendo talleres de concientización. Pero los postulantes deben abrir más las expectativas. Que se animen a recibir niños con edades adolescentes, con patologías, con síndrome de down. Van a tener nuestro apoyo total. Hay gente que dice que está hace años en las listas de espera, pero vas a ver los legajos y quieren niños de 0 a 6 meses, rubios, de ojos verdes, sin hermanos. Y no es así. Hay que animarse. Todos los chicos están insertos en un sistema de protección integral al que seguramente entraron en medio de un conflicto, niños abandonados, maltratados… Tenemos plagado el sistema de chicos de entre ocho y 15 años. Es un problema para conseguir adoptantes, y no debería ser así. Queremos respetar los plazos máximos, que son los 180 días que en total debe tener el proceso. Desde el año 1997 con la ley de adopción jamás los trámites duraron más de 180 días. Desde que el niño es colocado en situación de adoptabilidad hasta el proceso de entrega en adopción no pueden pasar más de 180 días. Y eso lo remarcamos en el nuevo Código Procesal. El registro llama a los postulantes y habla con ellos para que suban sus expectativas. Es una tarea invisible, pero que existe. El Ejecutivo, en la Dirección de Niñez, viene trabajando de manera muy responsable, y eso hay que decirlo. Hay que tener en cuenta que a los chicos hay que contenerlos y protegerlos. Y se está trabajando mucho con eso.
¿Cómo se trabajó para concretar este nuevo Código?
Estuvieron todos los estamentos: juzgados y cámaras, las tres Universidades, los dos Colegios de Abogados, Fiscalía de Estado, Asociación de Magistrados, Legislatura. Todos opinamos. Hubo artículos que provocaron mayores rispideces que otros. Pero el 90% fue consensuado. Y el 10% restante se votó democráticamente. Logramos el mejor Código que hemos podido lograr, y a la par de esto se incorporó el expediente digital con lo cual tenemos una norma procesal completa, con la herramienta de procedimiento y lo que es la digitalización del expediente. Se terminó la caducidad de instancia, la derogamos, y quedó solo para las cuestiones patrimoniales. Así se terminó la chicana. Ahora hay deberes y facultades del juez, del secretario, de los empleados. Ahora el juez puede delegar la toma de audiencias a los empleados. Se legisló en materia de violencia. Hay que poner énfasis en eso, y también en materia de discapacidad.
¿Cuáles son los casos más complicados que están trabajando?
El máximo problema, sigue siendo la violencia y cuestiones de niñez, como la vulneración de derechos. Hay un crecimiento exponencial de estas causas, con un incremento entre el 60% y el 70%. La pandemia marcó muchísimo en ese sentido. Se agudizaron los conflictos, y además en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica, a lo que se le suma hacinamiento, abuso de sustancias, de alcohol, mayor acceso a las redes, más tiempo de ocio, hay muchos abusos sexuales infantiles intrafamiliares; son un 85% de las causas. Y son casos que llegan a Familia. Hoy tiene que ver con un pasaje importante de concepto machista y patriarcal de no haber denunciado, de una cuestión cultural de esconderlos. Hoy hay mayor cantidad de denuncias, mayor visibilización del delito. Hay más delitos y del que ya había se denuncia más. Antes de la pandemia había uno o dos casos quincenales, y hoy hay cinco por semana. Hoy son más esas situaciones que las clásicas de divorcio, de filiación de patrimoniales. Hoy el contexto de ASI hoy es abarcativo de todos los niveles sociales, culturales, es lamentable pero sucede. Pero estos abusos, cuando más nivel socio cultural hay está como más refinado, como más pulido. Es tremendo, pero es así.
¿Qué piensa usted cuando lee un caso como el de Trancas, donde no le toman una denuncia a una mujer y termina suicidándose?
Soy mujer, soy mamá, soy ciudadana, y soy jueza. Y todo esto es lamentable. Miro el caso de Trancas y me preocupan varias cosas, como que el tipo regalaba lechones para que no le tomen las denuncias. No hay una Policía totalmente capacitada, aunque hagan cursos. Pero nos estamos quedando con las sábanas cortas. No es solo aplicar la ley Micaela. Esto no se soluciona mágicamente. Debiera haber un organismo que controle el actuar público, sobre todo de los organismos de seguridad. Que se controle perspectiva de género y de niñez. El caso de Trancas debe ser bisagra como lo fue Tacacho, pero desde lo administrativo. No concibo que a finales de 2022 haya una comisaría en la que se nieguen a recibir una denuncia. Así el sistema está fallando. Con un curso de una materia en la escuela de Policía no alcanza. El Policía debe servir, como yo. Es servicio público. ¿Si la chica no se hubiera suicidado el acusado se hubiese entregado? Esto es un femicidio provocado por el Estado. No la mató el tipo, la mató la desidia del Estado. Hay que tener un diseño política pública que no sólo capacite, sino que también controle. Cuando están involucrados colectivos vulnerables hay que controlar.