Después de siete años de espera, la ley contra el narcomenudeo finalmente se pondrá en marcha. El gran día será el martes, cuando comiencen a ultimar los detalles de su aplicación en serio, que se estima será en dos semanas. Ya lo anticipó el gobernador interino Osvaldo Jaldo: “con el correr de los días se irá acomodando todo”. Y estos son algunos de los puntos que deben acomodarse.
1- El sistema
A partir de ahora, la persecución penal en contra del microtráfico de drogas estará dividida en dos partes. Por un lado, un fiscal (que sería José Sanjuán si en esta semana se aprueba su pliego en la Legislatura) tendrá a su cargo las investigaciones en contra de pequeños puestos de ventas. Él recibirá la información de la Dirección General de Drogas Peligrosas y de las unidades especializadas que tienen las fuerzas federales.
El mismo investigador tendrá a su cargo las causas en las que la Policía encuentre droga durante un procedimiento realizado por otro ilícito. Por ejemplo, el viernes, personal de la Brigada de Investigaciones Norte solicitó un allanamiento por el robo de una moto. Se presentaron en una casa de Alderetes e incautaron 250 dosis. El sospechoso afrontará entonces dos expedientes: uno por el delito contra la propiedad y el otro, por posible comercialización de sustancias.
2- Cómo denunciar
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, confirmó el viernes que todas las dependencias policiales podrán recibir denuncias de narcomenudeo. También pueden hacerlo en la Dirección General de Drogas Peligrosas y en sus sedes de Didrop Norte, Didrop Este, Didrop Oeste, Didrop Capital y Didrop Sur. Deben hacer lo mismo las divisiones especializadas de las fuerzas nacionales.
En esta cuestión faltan dos puntos por resolver: las fuerzas no fueron capacitadas sobre cómo es el proceso de “denuncia digital”, el sistema que tiene el Ministerio Público Fiscal para recibir las demandas de los ciudadanos. Tampoco se sabe cómo será el sistema de recepción de presentaciones en el MPF y si habrá otros organismos públicos que las recibirán.
Luchar contra el tráfico y la comercialización de sustancias de cualquier escala tiene una ventaja sobre el resto: puede iniciarse una pesquisa con una denuncia anónima. Para ello es clave contar con un sistema de recepción bien aceitado.
3- Los perseguidores
Serán al menos 600 los efectivos de todas las fuerzas que tendrán a su cargo aplicar la norma. La Digedrop será la más importante, ya que contará con al menos 300 (con los 150 que serán sumados el lunes, luego de que juren 600) efectivos. “Esperemos que los chicos estén a la altura de las circunstancias. No sólo tendrán que luchar contra un delito que es complicado, sino que no tienen la experiencia necesaria. Tengo fe de que hicieron una buena selección”, explicó un ex jefe de esa área de la Policía.
La División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal, la misma Policía Federal, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria también trabajarán las causas de narcomenudeo. Un detalle: hasta el momento no se conoció si los investigadores habían mantenido reuniones para coordinar acciones e intercambiar información. Tampoco se conformó la mesa de funcionarios judiciales de la provincia y federal que deberían hacer lo mismo.
4- El laboratorio
Por iniciativa de Jaldo, el PE firmó un convenio con la Nación para utilizar los laboratorios que la Agencia Regional de la Policía Federal tiene en España al 900. Las autoridades anhelan contar con gabinetes propios, pero la millonaria inversión que necesitan destruye todos las ilusiones.
5- Los secuestros
Toda la droga que se secuestre en cualquier procedimiento será enviada a una oficina especial que funciona en la Jefatura de Policía. Fuentes confirmaron que eligieron ese lugar por una cuestión de seguridad.
Sin embargo, trascendió que el MPF remitió una nota al jefe de Policía Julio Fernández, al ministro Agüero Gamboa y a un vocal de la Corte Suprema de Justicia para informarles que consideraban que el lugar no era el adecuado. Hasta ahora no se informó sobre si hubo alguna respuesta.
6- En tribunales
Según el esquema planteado, el fiscal Sanjuán será el acusador en toda la provincia y contará con la colaboración de las auxiliares Melissa Deroy (trabajó con causas de narcomenudeo en su Santiago del Estero natal), Daniela Falchi y Andrea Sánchez. Los defensores oficiales serán Pablo Cannata (cumplió la misma función en la Justicia Federal) para el Centro Judicial Capital y Silvia Rivero, para Monteros y Concepción. Los jueces serán Guido Buldurini y Facundo Maggio (capital), Marcos Núñez Campero (Monteros) y Roberto Flores (Concepción).
Para la persecución se utilizará el actual código procesal, por lo que se especula que la mayoría de las causas se cerrarán con medidas alternativas, ya que las penas de este tipo de delitos en los primerizos pueden ser excarcelables.
Pero no serán los únicos magistrados que tendrán funciones en las causas de narcomenudeo. Los jueces de Niño, Niña y Adolescentes Judith Solórzano, Ana María Íacono y Federico Moeykens, atenderán los expedientes en donde estén involucrados menores de edad. Núñez Campero, que tiene esa especialidad, hará lo mismo en Monteros y Concepción.
Los tribunales estarán integrados por los miembros del Colegio de Jueces. Lo mismo sucederá con los de Impugnación.
7- Cuestión de cantidad
Uno de los temas que más dudas genera en la aplicación tiene que ver con las cantidades. En ningún lado está definido cuándo se considerará que un secuestro de drogas es para consumo personal y cuándo para comercialización.
El debate se recalentó en estas horas al ordenar la Justicia Federal la devolución de la marihuana que le había secuestrado la Policía a un joven que estaba autorizado por Reprocann para cultivar el vegetal con fines medicinales. “Es necesaria una pronta educación a todas las autoridades para que no haya más este tipo de problema. Con la simple exhibición de la documentación, que también se la puede ver en la aplicación Mi Argentina, es suficiente. Habrá problemas si no se tiene en cuenta este punto”, advirtió Patricio Char, abogado que viene actuando en este tipo de casos.
Tampoco está claro cuándo deberá actuar la justicia ordinaria y cuándo la federal. El ministro Agüero Gamboa hizo el viernes un pequeño adelanto. “Será narcomenudeo cuando se encuentren ‘bochitas’ o ‘ravioles’ con droga para la venta y también cuando se halle el equipo para fraccionar los estupefacientes. Se considerará narcotráfico cuando se trate de ciertas cantidades mayores o ladrillos de droga”, informó.
Para los especialistas en la materia este no es un dato menor, sino una de las principales causas por las que la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo fracasó en el país. “En Córdoba fueron históricas las peleas entre ambos fueros. Debemos evitar que esto no ocurra en Tucumán”, explicó una alta fuente de la justicia nacional.
8- Figuras inexistentes
En las últimas semanas, fueron incesantes las reuniones que mantuvieron representantes del MPF, de la Corte y del ministerio de Seguridad con los fiscales Agustín Chit y Pablo Camuña y el juez federal Fernando Poviña. No sólo hablaron de capacitación y de sistemas de trabajo, sino que les recomendaron hacer algunos ajustes al código procesal penal.
Les advirtieron que el digesto de la provincia no cuenta con ciertos elementos que sí tiene el código procesal de la Nación y que terminaron siendo una pieza fundamental para las investigaciones de narcotráfico. Entre otros, las figuras de agente encubierto (policía que se infiltra en una organización), agente revelador (investigador que consigue datos de manera poco convencional) e informante (persona que puede hasta recibir dinero por parte del Estado si es que aporta datos claves).
Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que su incorporación depende de que se dicte una ley.
9- Cuestión de fondos
Durante la gestión como presidente de Mauricio Macri, la Nación invitó a las provincias a que se hicieran cargo de la lucha contra el narcomenudeo. El compromiso del PE era que aportaría los fondos para que se hicieran cargo de esta tarea. Pero todo quedó en la nada. Meses atrás, funcionarios tucumanos realizaron gestiones en Buenos Aires para definir si contarían con algún tipo de ayuda, pero sólo recibieron la promesa de que analizarían el planteo. El legislador republicano Roberto Casali, junto a otros referentes del NOA, harán un planteo a nivel regional para que las autoridades comiencen a enviar los fondos que habían prometido acercar.
Hay otro detalle. La última versión de la ley de narcomenudeo, en su artículo número tres establece que los beneficios económicos secuestrados, las multas que deban pagar los condenados y los bienes decomisados o los fondos que se originen su venta, deberán ser destinado a una cuenta pública para financiar económicamente la aplicación de esta norma. Sobre el tema, por ahora, nada se sabe.
10- Lugares de encierro
Hasta el año que viene no habrá ningún centro de detención nuevo, por lo que la crisis carcelaria podría complicarse con el correr de los meses, ya que las autoridades pronostican que habrá una avalancha de detenidos. El PE anunció que los 200 guardiacárceles que se incorporarán el lunes, serán destinados a las comisarías para el cuidado de los detenidos. “Así lograremos tener más policías en las calles y no cuidando presos”, afirmó el gobernador Jaldo. Esos hombres irán luego a las alcaldías y al penal de Benjamín Paz.
11- Ayuda
La ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, está al frente de la otra lucha contra el narcomenudeo: la contención de los adictos. En los próximos días se dará a conocer el listado de los más de 50 centros donde se brindará ayuda a las personas con problemas de adicción. “Bajo ningún punto de vista vamos a perseguir a los adictos, vamos a ayudarlos”, explicó Agüero Gamboa.