El debate presupuestario derivó, como todo lo que se somete al escrutinio político en el país, en miradas enfrentadas respecto del cálculo de gastos y recursos; en análisis interesados producto de posiciones políticas antagónicas. Una de las áreas sobre la que más se discutió fue el de la Educación, donde no hubo acuerdo en las observaciones; o era una merma de fondos a causa del desprecio del Gobierno por la escuela pública, como se sugirió desde la oposición; o bien que no había tal reducción, como lo apuntó el oficialismo nacional sosteniendo que la oposición mentía.

Se está en un extremo o en el otro. En ese marco los puntos de consenso o de posible acercamiento para que surja un presupuesto que respalde la inversión educativa no aparecen en el debate. Todo se reduce a una pelea discursiva para exponer que el otro se equivoca en sus apreciaciones, a veces sostenidas en unos pocos números; los suficientes como para justificar cada postura.

El diálogo que exige la democracia para mejorar las condiciones de vida y para no descuidar aquellas áreas que son el sostén del crecimiento y el desarrollo del país, no se genera, ni se busca, lo que es peor. La clase dirigente no parece estar consciente del rol a cumplir en este tiempo histórico, cual si sólo les interesase lo electoral por sobre el interés general.

No debería haber esta mezquindad política, porque el país se va a construir y mejorar con todos, sin exclusiones, no por mitades, sino a partir de amplias coincidencias sobre aspectos centrales, tales como la educación. Sin embargo, si el debate se reduce a achacarse culpas y a no mirar hacia adelante, a no pensar en los efectos del presupuesto sobre la educación a futuro, la Argentina seguirá sufriendo a su clase dirigente.

Cada sector político expresa su pensamiento al respecto, pero el interés por mostrar que son diferentes y que el otro es peor no permite generar espacios de consenso para pensar en la educación como una herramienta vital del Estado para generar una sociedad mejor. Como cabe dudar de las miradas interesadas de la clase política, hay que basarse en trabajos independientes que analizan los presupuestos.

Como por ejemplo, el informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, que advirtió que el presupuesto dispone un recorte del 15,5% en el área educativa. “Si bien el proyecto define un ajuste generalizado del 6,8% en el gasto del Estado nacional, la reducción de fondos del Ministerio de Educación es más del doble que la del Presupuesto nacional general”, precisó. En ese sentido, subraya un concepto fundamental al que deberían prestarle atención todos los protagonistas políticos de la hora, pensando en el futuro: el contexto de inestabilidad e incertidumbre económica y social que atraviesa el país, combinado con restricciones fiscales profundas, acentúa la necesidad de priorizar, reforzar y proteger el presupuesto educativo para apuntalar el desarrollo, la reducción de brechas y la ampliación de oportunidades especialmente para los más vulnerables.

En general, debería haber coincidencia en que al área educativa no habría que reducirle los recursos por su impacto en el desarrollo del país; sin embargo, la dirigencia está más preocupada por acusarse que por acercarse y ponerse de acuerdo sobre lo que necesita la Argentina para los próximos lustros. Además, el tiempo electoral se anticipó y todo aquello que queda bajo su mirada sesgada sólo va a servir para dividir porque impone el pensamiento de corto plazo, sectorializado; lamentablemente la construcción conjunta del bienestar general seguirá esperando.