Noelia Sosa no había nacido el 8 de junio de 1970. Ese fue el día en el que fue promulgada la Carta Orgánica de la Policía de Tucumán. Esa es la norma que establece que las denuncias en las comisarías deben ser tomadas únicamente por los oficiales de guardia de cada una de las dependencias. Esa fue la excusa que le dieron los uniformados de Trancas para no tomarle la demanda de violencia de género en contra de su pareja. Horas después, la joven de 30 años y madre de dos hijas, se quitaría la vida.

El caso de la joven tranqueña puso a la provincia en el foco de la escena nacional y volvió a generar polémicas, como sucedió hace más de tres años. En febrero de 2019, el fiscal Diego López Ávila reunió a cuatro jefes policiales al comprobar que no recibían denuncias de personas que habían sido víctimas de ataques de “rompevidrios” en la avenida Mate de Luna o de “escruches” o de arrebatos en Yerba Buena. Les advirtió que era su obligación y que si no lo hacían, los investigaría por incumplimiento a los deberes de funcionario público.

“Todos se escandalizan cuando sucede algo así. Pero esto pasa desde hace mucho tiempo. Hace 10 años atrás, me acuerdo que la fiscala (Adriana) Giannoni (ya jubilada) cada vez que entraba de turno mandaba un oficio recordando a los jefes que debían tomar las denuncias y que las de violencia de género tenían prioridad. Si los viera a los muchachos cómo le hacían caso”, recordó un ex comisario de la fuerza.

El reglamento interno de la Policía establece claramente cuáles son las funciones que deben cumplir los hombres de la fuerza en las comisarías. La figura del oficial de guardia es clave en el organigrama. No sólo es el responsable de recibir las denuncias, sino que debe documentar todos los hechos que se registren en la jurisdicción (accidentes, robos y homicidios, por solo citar algunos) y encargarse de la preservación del lugar. Al mismo tiempo, debe coordinar el normal funcionamiento de la dependencia. Incluye el control de los atestados calabozos, organizar y controlar la comida que les llevan a los detenidos, coordinar que se realicen las constancias (certificados de residencia, pobreza y hasta autorizaciones para que alumnos puedan realizar un viaje) y entregar o vigilar que se distribuyan las notificaciones judiciales.

Obsoleta

Cuando se creó la Carta Orgánica de la Policía, hace más de 52 años, Tucumán estaba habitado por 765.962 personas, actualmente se cree que habría el doble. Funcionaban la mitad de las comisarías. No existía lo que hoy se conoce como el Gran San Miguel de Tucumán, ya que Yerba Buena, Banda del río Salí, Alderetes y Las Talitas aún no eran municipios. El narcotráfico no existía, mucho menos una división que se encargaba de luchar contra la actividad ilícita. Y lo que es clave: la inseguridad no aparecía como uno de los tres problemas que más preocupación de la sociedad. Por esa razón, de a poco, los mismos miembros de la fuerza fueron acomodando esa norma para solucionar los problemas.

“Cualquier policía debe tomar la denuncia, ya sea suboficiales, oficiales y jefes deben atender los ciudadanos”, informó con tono firme el jefe de la Unidad Regional Norte Joaquín Girveaux después de que anunciara que los efectivos de Trancas habían sido puestos en disponibilidad y dejando en claro que los hombres de la fuerza cometieron una grosera falta. “No vamos a tolerar más este tipo de errores”, añadió.

Ese no fue el único cambio. Después del escándalo que generó el llamado de atención del fiscal López Ávila, el ex jefe de Policía Manuel Bernachi ordenó eliminar las trabas jurisdiccionales para realizar las denuncias. En otras palabras, si una persona sufrió el robo de una rueda de auxilio en Yerba Buena, podía hacer la denuncia en la seccional más cercana a su domicilio. “Eso se mantiene, pero siempre recomendamos que si es un caso de urgencia, la presentación la realizan en la dependencia más próxima. Esto tiene una razón de ser: la actuación será inmediata”, aseguró el titular de la fuerza.

Desde hace más de un año, el Ministerio Público Fiscal logró un gran avance tecnológico: implementó la denuncia digital. Con este mecanismo, la exposición que realizaba una persona era tomada y en cuestión de minutos era enviada hasta por WhastApp a las fiscalías. Pero hay un problema: las claves de acceso al sistema fueron otorgadas a los oficiales. “Hasta en las películas vemos que un sargento toma una denuncia que después se las pasa a los detectives, que vendrían a ser los oficiales. ¿Por qué no se hace eso aquí? Por la Carta Orgánica. De todas maneras, el jefe que es pícaro no le da bola y lo mismo toma la denuncia, más aún si es de violencia de género”, explicó un uniformado.

La inminente aplicación de la ley de narcomenudeo también choca con el vetusto reglamento de la fuerza. No tiene contemplada la existencia de una división que lucharía contra el tráfico y la comercialización de sustancias. Pero con el tiempo se fue cambiando con resoluciones tipo parches. En 1986 nació la División Antinarcóticos que dependía de la ex Brigada de Investigaciones. Tres años después, se creó la Dirección Toxicológica y Narcotráfico y, en 2003, la Dirección General de Drogas Peligrosas que, con algunas modificaciones, se sigue manteniendo. Sin embargo, ahora se fundará la División Narcomenudeo. Cuatro modificaciones y la Carta Orgánica sigue igual.

Consenso

Las cuestiones de seguridad siempre generan contrapuntos políticos, pero en este caso no. “Es una norma tan arcaica que habla de copias de denuncias duplicadas con papel carbónico”, destacó el legislador radical Ricardo Ascárate. “Uno lee la norma y se da cuenta que está escrita con una máquina de escribir Olivetti”, agregó el presidente de la comisión de Seguridad de la Legislatura Roberto Chustek. Ambos coincidieron en señalar que urge la necesidad de modificarla.

“El año pasado presenté un proyecto para que se la modifique totalmente y todavía no fue tratado. Es necesario hacerlo porque no podemos tener una Carta Orgánica de la Policía que ordena actas por triplicado y de otras cuestiones que nada tienen que ver con nuestra realidad”, expresó Ascárate.

Chustek dijo que son varios los proyectos presentados por este tema. “Creo que debemos trabajar buscando un consenso porque hay un interés político de cambiarla. Lo ideal sería modificarla totalmente, no sirve de nada ir parchándola de a poco con las necesidades que surjan. Lo importante es que de estas iniciativa surja una nueva”, opinó. “Debemos trabajar para que las reglamentaciones internas de la policía apunten a defender a las víctimas, no a complicarlas”, finalizó el radical.

Otro cambio

El Código Procesal Penal también establece que un oficial debe recibir la denuncia

La Carta Orgánica de la Policía también fue el modelo para la creación de otros digestos, entre ellos el nuevo código procesal penal de la provincia que es considerado de avanzada. En su artículo 333, la norma establece claramente que el responsable de tomar las denuncias son los oficiales, aunque no aclara específicamente quiénes deberían encargarse de ese trámite. Los “oficiales” son el personal superior que puede ser desde un recién egresado de la Escuela de Policía o el comisario que está al frente de la dependencia. Lo que sí está claro es que no pueden realizar esa tarea el personal transitorio, los agentes y los suboficiales que también prestan servicios en una comisaría.