El reclamo sectorial de organismos y activistas relacionados con la cultura para la prórroga por 50 años de los fondos de asignación específica al sector, que permiten el financiamiento de artistas en todo el país, pone nuevamente bajo la mirada pública el descalabro del sistema impositivo argentino.

Más allá de la sanción de la norma que prorrogará ese mecanismo (sea por ley en el Senado o por decreto presidencial de Necesidad y Urgencia), lo cierto es que el tema no afecta a los bolsillos de los contribuyentes, en un universo donde entender cuántos, cuáles y de qué monto son los impuestos que atosigan a los argentinos hasta el límite del agotamiento. Si eventualmente y contra todo pronóstico y promesa pública, no se avanza con esta decisión y se implementa en forma plena la ley vigente que dispone que el financiamiento especial vence a fin de año, no habrá alivio alguno. Simplemente, los dineros que ahora sirven para sostener el funcionamiento de los Institutos Nacionales de Cine, Música y Teatro, las Bibliotecas Populares y otros organismos (responsables a su vez de su distribución a los beneficiarios finales y directos en cada provincia) pasarán a arcas generales. Es decir, se seguirá recaudando lo mismo pero en vez de tener un destino específico se lo podrá gastar en cualquier cosa. Ese gran laboratorio de políticas públicas que es la Argentina no tiene descanso a la hora de inventar nuevas fórmulas. Ya se sabe, por experiencia acumulada durante décadas, que los impuestos transitorios y de excepción terminan siendo definitivos. Y que los fines que justifican en la teoría su nacimiento -recordar, por ejemplo, un aporte salarial extra a los docentes- son dejados de lado sin que por ello desaparezca el tributo o impuesto creado bajo su sombra.

En momentos en que el agobio fiscal está en un punto extremo, más allá de respetar y responder a los planteos particulares, se debería apuntar a una modificación de fondo del sistema en su conjunto. Este no es un tema de especialistas tributarios, de expertos contables: cuando alcanza a la totalidad de los contribuyentes (en uno u otro sentido, gravados por unos pocos o por todos los impuestos, e incluso beneficiarios de ellos), el asunto merece su abordaje integral. Los sucesivos, frecuentes, reiterados y numerosos anuncios sobre regímenes de simplificación que siguen siendo tan inescrutables como los anteriores sólo terminan siendo un grano más a la confusión reinante. Recurrir a un contador público nacional para atender a las demandas del Estado ya no es imprescindible para una empresa o para una persona de grandes ingresos, sino una necesidad para muchos argentinos que quieren estar en regla.

El tema se emancipa del debate sobre el elefantiásico gasto público y cómo reducirlo, ya que incluso si no hubiese cambios en este sentido, lo mismo urge reformar el mecanismo tributario para hacerlo justo, entendible, aplicable, proporcional, eficaz y eficiente. Y estos principios alcanzan tanto a la Nación como a la provincia y a los municipios, que convergen en implementar impuestos, tasas y tributos que recurrentemente terminan siendo cuestionados en los tribunales, lo que potencia la confusión. La proximidad de los comicios de 2023 podría ser una buena oportunidad para debatir con seriedad estos temas, bajo la consigna de dejar de lado el ventajismo político y pensar en un nuevo esquema que beneficie a todos.