Al finalizar su alegato en el juicio de la causa Vialidad, la defensa del empresario Lázaro Báez pidió ayer la absolución para el dueño de “Austral Construcciones” y la nulidad parcial de las acusaciones en su contra.

El abogado Juan Villanueva solicitó ante el TOF 2, además de la absolución, que se investigue la conducta de los peritos Eloy Bonna y Roberto Panizza, firmantes de un estudio sobre cinco de las 51 obras llevadas a juicio y cuestionados por las defensas. También reclamó la nulidad parcial de la acusación, luego de sostener que fue “ilegal” la incorporación como prueba al debate de mensajes de otro acusado, el ex secretario de Obras Públicas José López, y que Báez ya fue juzgado por los delitos de esta causa.

La defensa de Báez descartó la existencia de una “asociación ilícita” y sostuvo que la fiscalía “contó un relato que ya estaba instalado mediática y políticamente pero que no se sustentó en prueba”. Y resaltó que durante el macrismo desde la Afip se generó un informe “falso” para perjudicar a Báez en otra causa penal y que, pese a saber que era “mentira”, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola lo usaron en su alegato final en la causa Vialidad.

“No existió ninguna administración fraudulenta, no existió tampoco ningún perjuicio al Estado, la hipótesis de los fiscales no solamente resultó falsa sino contraria a las leyes de la ciencia y la lógica, y especialmente a la prueba de este debate”. “Se probó los kilómetros y kilómetros de rutas construidas; jamás se pagó algo que no se hubiese hecho. Al no existir administración fraudulenta, mucho menos puede existir una asociación ilícita”, indicó. En ese marco, reiteró que la acusación a Báez “es inexistente” y que se “violenta el debido proceso”.

El juicio seguirá el viernes con el inicio del alegato final de otro de los acusados, Raúl Pavesi, ex funcionario de Vialidad de la provincia de Santa Cruz.

La “gestapo sindical”

En tanto, La Cámara Federal porteña resolvió ayer que la causa en la que se investiga a la denominada “Gestapo antisindical” bonaerense pase a tramitarse en los tribunales federales de Comodoro Py, junto con la que tiene bajo análisis el espionaje ilegal realizado por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri.