Ayer se retomaron los alegatos en la Causa Vialidady fue el turno del abogado de Lázaro Báez acusado de ser el organizador de una asociación ilícita y de administración fraudulenta y por quien pidieron que sea condenado a 12 años de prisión -la misma pena que requirieron para Cristina Fernández de Kirchner como presunta jefa de esa asociación ilícita-.

El alegato comenzó ayer a las 9.30 y se extendió por cinco horas y media, continuará hoy y el próximo martes por videoconferencia. “Los testigos destrozaron la acusación de los fiscales. Nos llamó la atención escuchar a los fiscales durante 90 horas tratando de ocular las cientos de evidencias que se produjeron en este juicio. Vamos a exponer lo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se olvidaron en la puerta de Comodoro Py y Lázaro, mal que les pese, es inocente de la acusación formulada”, sostuvo Juan Villanueva, abogado de Báez, ante el Tribunal Oral Federal 2.

Villanueva pidió la absolución del empresario y dijo que los fiscales mintieron. El empresario está acusado de formar parte de una organización ilícita y ejercer administración fraudulenta por su calidad de partícipe. La mayor parte del tiempo el abogado cuestionó los peritajes que hicieron los ingenieros Eloy Bona y Roberto Panizza, designados por el Tribunal y la Fiscalía respectivamente. Los peritajes –que fueron clave para la acusación de Luciani y Mola- fueron cuestionados punto por punto: “lo que vamos a hacer en este alegato es demostrar que los fiscales Luciani y Mola tergiversaron la prueba y falsearon declaraciones testimoniales que demuestran la inocencia de Lázaro Báez. El alegato va a desenmascarar la acusación”, dijo.

Villanueva dijo que en 1974 Báez ingresó al Banco Nación como cajero, en 1986 pasó al Banco de Santa Cruz donde fue subinterventor y gerente general hasta que en 2000 se retiró y en octubre de ese año empezó en el ámbito de la construcción donde comenzó como director titular de Badial Construcciones. “Nadie preveía en esa época que Néstor Kirchner podía ser presidente de la Nación”, dijo. La referencia es porque la acusación señaló que Báez llegó al mundo de la construcción el 8 de mayo de 2003 cuando fundó Austral Construcciones, su empresa insignia, pocos días antes de que Kirchner asuma como presidente de la República. La defensa dijo que Austral se constituyó el 8 de abril de 2003 cuando no se preveía que Néstor Kirchner podía ser presidente porque la elección presidencial se hizo el 27 de abril, en la que Kirchner salió segundo y tenía que ir a una segunda vuelta con Carlos Menem, que finalmente no se hizo porque el ex presidente se bajó.

Luego defendió las compras que Austral hizo de otras empresas constructoras de Santa Cruz. “Lázaro lo que hizo fue apostar al país; la ganancia la reinvirtió en máquinas, en obradores, en acciones en otras empresas para sumar experiencia y apostó a la Patagonia y por su gente. Llegó a ser el primer empleador privado de Santa Cruz; les dio trabajo a miles de personas durante 15 años”, sostuvo.

La defensa señaló que los peritos no utilizaron métodos científicos ni analizaron la documentación adecuada que se requería para trabajar sobre las obras de Baéz y criticó que solo se peritaron cinco de las 51 obras públicas que se discuten, lo que fue una decisión del tribunal. De Bona, Villanueva sostuvo que ninguno de los peritos visitó las obras en Santa Cruz. Relató que Panizza dijo en el juicio que en sus vacaciones en febrero de 2019 en la provincia aprovechó el viaje para recorrer algunas obras pero no llevó instrumentos para hacer un trabajo en profundidad. “Ni siquiera llevó una cinta métrica”, ironizó Villanueva, que pidió que la Justicia investigue a los peritos.

La causa: se juzga por 51 obras en Santa Cruz

En la Causa Vialidad se juzgan las 51 obras públicas que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las empresas de Báez para Santa Cruz con presuntos sobreprecios, abandono de las pruebas y cobro total de los trabajos cuando no correspondía. La Fiscalía acusó a Báez de ser el organizador de una asociación ilícita y de administración fraudulenta y pidió que sea condenado a 12 años de prisión. La misma pena que requirieron para Cristina Kirchner. También están imputados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros.