Los tres Poderes del Estado avanzan de manera mancomunada y en la dirección política que marcó el gobernador interino Osvaldo Jaldo: combatir a quienes trafican y venden droga a menor escala en los barrios de Tucumán. En la sesión de ayer, la Legislatura autorizó -por unanimidad- a distintas reparticiones comprometidas en la Ley de Narcomenudeo (N°9.188 y sus modificatorias) a llevar adelante contrataciones directas, previo cotejo de precios, en el marco de la implementación plena de la norma. Aunque la oposición respaldó la iniciativa, planteó cuestionamientos, especialmente contra el Ministerio de Seguridad que encabeza Eugenio Agüero Gamboa.
La norma aprobada ayer fue impulsada por el oficialismo, por pedido de la Comisión Interpoderes de la Lucha contra el Narcomenudeo. El titular de la comisión de Seguridad, Roberto Osiris Chustek, dijo que para avanzar con la decisión política trazada por el mandatario se debe aplicar cuanto antes la ley, la cual permite la intervención del fuero provincial en las causas relacionadas a la venta de drogas a menor escala. Para ello se otorga herramientas a oficinas de los tres poderes, para que puedan adquirir y contratar de modo directo muebles, inmuebles, capacitaciones, servicios tecnológicos, personal y todo lo necesario para la lucha contra este flagelo.
Chustek resaltó el continuo apoyo que está teniendo la lucha contra el narcomenudeo, más allá de las banderías políticas. Remarcó que la disposición caducará el 31 de marzo de 2023 y que cada adquisición que se realice será comunicada mensualmente a toda la Legislatura, para un mayor control. Esto último se trabajó en comisión por solicitud del alfarista Raúl Albarracín.
Evitar los cachetazos
La oposición destacó la celeridad que busca darle el oficialismo a la iniciativa. Sin embargo, planteó que Agüero Gamboa debe dar respuestas a los legisladores sobre cuestiones de fondo, como qué está sucediendo dentro de la Policía o cómo se controlará que narcotraficantes no corrompan uniformados en las actuaciones.
El radical José Ricardo Ascárate expuso su preocupación por el caso del uniformado que prestaba servicios en el 911 y fue detenido con más de 40 kilos de cocaína. “Debe llamarnos a la reflexión. Ingresó hace un año y medio a la Policía y fue detenido con cocaína. O es un tipo genial para hacer negocios o es un narcotraficante que ingresó a la Policía”, señaló. A su vez, ligó el homicidio de Manuel “Berenjena” López con disputas territoriales de los barras por la venta de droga.
“Tenemos que trabajar desde la Legislatura para que no le peguen cachetazos al gobernador. Hace dos meses mandó a luchar contra el narcotráfico y tenemos, a los 20 días, un agente policial con 48 kilos de cocaína. Al poco tiempo, un muerto en la calle. Al poco tiempo, una guerra por control de territorio. Al poco tiempo una mafia enquistada a la Policía haciendo secuestros extorsivos. Son señales muy claras de que hay un grupo enquistado dentro de la Fuerza”, ahondó el radical.
En una sintonía similar se despachó Federico Masso (Libres del Sur). Opinó que el Ministerio de Seguridad no está acompañando la decisión de Jaldo. “Va detrás de los hechos”, lanzó. Planteó que la determinación debe ser acompañada con políticas públicas, porque el flagelo de la droga está haciendo estragos en jóvenes de los barrios más vulnerables. Instó a que se discuta un nuevo modelo de Policía en Tucumán y que se depure la Fuerza. Además, coincidió con que es clave que el ministro vaya a la Legislatura.
“El toro por las astas”
El oficialista Tulio Caponio consideró que todo lo que se haga para combatir la droga siempre será poco, como sucede en cualquier parte del mundo. Resaltó que la Legislatura siempre apoyó las medidas para combatir la venta de estupefacientes, pero que muchas veces la realidad los supera. A su vez, pidió no mezclar a los delincuentes con las instituciones. “La Policía es una cosa y los delincuentes son otra. El Gobierno es una cosa y los delincuentes son otra”, acotó.
Por último, Caponio remarcó que Tucumán, por gestiones realizadas por Jaldo en Buenos Aires, dispone de los laboratorios de la Policía Federal para atacar de lleno el flagelo. “El Gobierno está tomando el toro por las astas, tenemos un gobernador que se preocupó desde un primer momento”, insistió.