El bloque oficialista del Frente de Todos (FdT) avanza con una reforma electoral que tendrá impacto directo en el Estado provincial tras los comicios de 2023: la creación de la figura del "comisionado comunal suplente".

El proyecto elaborado por el legislador peronista Carlos Francisco Gómez (FdT) cuenta con dictamen favorable de la comisión de Asuntos Municipales, que preside Juan "Mellizo" Orellana, y figura en el orden del día de la sesión convocada para este jueves.

Gobernadores inquietos; cambiemistas en crisis y nuevos subdelegados

La propuesta que llegará al recinto establece distintas modificaciones a la Ley Orgánica de Comunas Rurales (7.350). Pero se destaca la puesta en vigencia de un nuevo rol dentro de la organización de las 93 administraciones locales del interior.

En la normativa vigente, el comisionado comunal suplente se limita a reemplazar al titular "en los casos de muerte, destitución, renuncia, inhabilidad sobreviviente y todo otro supuesto que imposibilite" al delegado a ejercer sus funciones de manera definitiva (también cuando la inhabilitación transitoria "fuere superior a los 30 días corridos").

Sin embargo, la Ley Orgánica de Comunas Rurales no otorga un papel concreto al "compañero de fórmula" del comisionado electo.

A partir de 2023 serían 440 los cargos electivos en Tucumán

El proyecto del Frente de Todos, por ello, determina que el delegado suplente "será incorporado dentro de la estructura administrativa" de la comuna rural, "sin afectar la cantidad de asesores correspondiente". 

Si bien no especifica qué tarea debería cumplir en el día a día, fija una remuneración "equivalente a la categoría 24 del Escalafón General de la Administración Pública de la Provincia".

Por otro lado, acota a 15 días el período de inhabilitación transitoria del delegado titular que "activará" al suplente.

Compras directas y subsidios: más recursos para los comisionados rurales

El proyecto que será tratado el jueves, además de incorporar a los comisionados suplentes a la estructura estatal, establece nuevos montos para las operaciones efectuadas por las administraciones locales. También eleva los topes de los subsidios.

Para las compras y contrataciones directas, el límite actual es de $4.000. De ser aprobada la nueva normativa, el valor máximo será equivalente a 1.100 litros de gasoil de mayor valor. Tomando como referencia el diésel premium ($204), la cifra supera los 224.000.

Las licitaciones públicas, en tanto, serán a partir de sumas que representen el equivalente a 4.652 litros de ese combustible (unos $950.000).

La Ley Orgánica de Comunas Rurales también habilita a los delegados a "otorgar subsidios y/o ayudas económicas, en el marco de sus posibilidades presupuestarias, a personas de escasos recursos".

El tope actual es de hasta $ 2.000. Ahora, el máximo será equivalente a 50 litros de gasoil de mayor valor para asistencia a vecinos ($10.200); y de hasta 240 litros para entidades de bien público (casi $50.000).

Además, podrán otorgar subsidios a los fines de cubrir gastos por servicios de sepelio por hasta 620 litros de gasoil de mayor valor ($126.000).

Recategorizaciones y restricciones al gasto público, en el "tintero"

Mientras avanza el proyecto que dará más recursos y que creará nuevos cargos en las comunas rurales, el Poder Legislativo tiene en el "tintero" otras propuestas relacionadas a las administraciones locales.

Uno de los asuntos pendientes es el de la recategorización de municipios y de comunas rurales. A criterio de distintos legisladores, las normativas vigentes quedaron desactualizadas por el crecimiento poblacional que registraron las distintas localidades. Esta es una cuestión que, además, reclaman intendentes y delegados de municipios y comunas cuyo crecimiento las ubicaría en una mejor categoría y, con ello, obtendrían más recursos para la gestión.

En paralelo, tampoco registraron avances parlamentarios las propuestas tendientes a acotar el gasto público.

A nivel nacional, tras la asunción del ministro de Economía, Sergio Massa, se anunció la puesta en vigencia del "congelamiento" de la planta del Estado nacional (con excepciones en rubros como seguridad, salud y educación), a los fines de favorecer el cumplimiento de las metas fiscales.

Si bien en la Legislatura existen proyectos con espíritu similar, dichas iniciativas no fueron tratadas hasta el momento.