La polémica por la implementación del estacionamiento pago en las calles de San Miguel de Tucumán se trasladó del ámbito político y se instaló en los tribunales provinciales.

A través de un escrito presentado por el abogado Mario Racedo, la empresa adjudicataria de ese servicio, Tecno Agro Vial UT, solicitó ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que se le conceda intervención en el expediente 435/22, iniciado a partir del planteo formulado por Fodecus (Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios).

En este marco, la firma prestataria requirió además que la Justicia provincial revoque la medida mediante la cual se suspendió la vigencia del estacionamiento pago en la Capital. La decisión, a criterio de Tecno Agro, representa en los hechos "una verdadera cautelar" y genera "a nuestra parte
gravosas consecuencias".

Además, la empresa cuestionó la legitimidad de Fodecus para actuar en este expediente, al sostener el estacionamiento pago "que no involucra la afectación de derechos de los consumidores y usuarios". "Se trata de una decisión política de administración tomada en un todo conforme con las disposiciones y facultades contenidas en la Constitución de la Provincia de Tucumán", expresa el escrito, al que accedió LA GACETA.

Por otro lado, Tecno Agro Vial desmintió que, al momento de haberse firmado la adjudicación del servicio con la Intendencia que conduce Germán Alfaro (PJS), la firma "no se encontraba en concurso preventivo", sino que "estaba en la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo", y que tal proceso "había finalizado". "Resultó totalmente regular la presentación de las declaraciones juradas en las que se indicaba que no había impedimentos para ofertar y su aceptación por parte de la administración municipal", argumentó la empresa.

Además, se remarcó que "el contrato de concesión, al ser aprobado por un acto administrativo que cuenta con presunción de legitimidad, no puede ser suspendido sin acreditar mínimamente algún perjuicio". "La total omisión de la existencia de un perjuicio al interés público y a los derechos de los usuarios y consumidores priva a la cautelar de toda validez y se convierte en una simple confiscación prohibida por el artículo 17 de la Constitución Nacional", advirtió la firma.

Luego de consignar jurisprudencia y doctrina aplicable al caso, Tecno Agro fundamentó que "estamos en presencia de una decisión cautelar que no demuestra la verosimilitud del derecho, que en verdad no existe". "Tampoco demuestra la existencia de peligro en la demora. Y menos aún demuestra la existencia de un perjuicio real y concreto que debe ser remediado. En consecuencia, la medida carece de todo asidero jurídico y fáctico, afecta gravemente los derechos adquiridos en el contrato de concesión por mi representada y no persigue ningún interés público relevante", argumentó el abogado de la firma.

El inicio de la causa judicial

José Hermenegildo García, presidente del Frente de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (FoDeCUs) y vecino de San Miguel de Tucumán, inició el 22 de agosto una acción de amparo en contra de la Municipalidad en el fuero contencioso administrativo.

Con el patrocinio del abogado Diego Piedrabuena, García solicitó la nulidad del decreto municipal 4.711/SG/2021, a través del cual se autoriza la contratación directa para la concesión del sistema de estacionamiento medido. Además, requirió la anulación del contrato con la firma adjudicataria, Tecno Agro Vial UTE, y de las distintas disposiciones aprobadas en el marco de la implementación de este régimen.

El 31 de agosto, María Felicitas Masaguer, como jueza subrogante de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, remitió a la Intendencia un pedido de informes para que se le remitieran copias digitalizadas de una serie de expedientes vinculadas con la concesión del cobro del parqueo. en la provisión, instó a "suspender los efectos del acto impugnado”.

Durante el transcurso de día, el fiscal municipal Hernán Colombres efectuó un pedido de aclaración ante la magistrada subrogante.

Al día siguiente, la respuesta de Masaguer subrayó que ya no debía seguir en funcionamiento del Estacionamiento Medido. En efecto, el 1 de septiembre quedó suspendido. Ante esto, en diálogo con LA GACETA, Facundo Lavieri, representante de Tecno Agro Vial, dijo que la firma acatará la decisión judicial. Sin embargo, aclaró que la empresa no comparte la resolución de la Justicia tucumana. "Nos parece que un procedimiento correcto para suspender un sistema como este debería haber sido un amparo o una cautelar, no un proveído -dijo el empresario-. Pero no vamos a caer en desobediencia civil. La vamos a apelar con los mecanismos previstos en la Justicia, mientras tanto tenemos la obligación de suspender el pago del estacionamiento", agregó.

Petitorio de Tecno Agro Vial ante el fuero contencioso

A través del escrito elevado por el abogado Racedo en el marco del expediente "Fodecus", la empresa Tecno Agro Vial solicitó que se unifiquen los diferentes procesos sustanciados en el fuero contencioso referidos al estacionamiento pago, a los fines de evitar múltiples sentencias sobre una misma cuestión. Además, hizo reserva del caso federal.

Por otro lado, en el marco del expediente iniciado por la presentación de la Defensoría del Pueblo (430/22), la jueza Florencia Casas resolvió tener "presente la recusación sin causa formulada respecto de la vocal Felicitas Masaguer" y dispuso: "procédase al sorteo pertinente para integrar el tribunal".