El servicio de estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán quedó suspendido hasta tanto la Justicia se expida en sentido contrario. Ayer no se cobró formalmente el parqueo en el cuadrante de casi 300 cuadras donde rige el sistema. Y hoy, a menos que haya alguna novedad, tampoco se deberá abonar por aparcar en la s calles demarcadas.

A pesar de no estar de acuerdo con el procedimiento judicial, la unión transitoria de empresas (UTE) Tecno Agro Vial acató la decisión que tomó la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo. El representante de la firma, Facundo Lavieri, dijo que la Municipalidad lo notificó a primera hora de ayer sobre la provisión que refrendó la jueza subrogante María Felicitas Masaguer, en la cual solicitó informes a la Capital en un plazo máximo de 48 horas y le ordenó que suspenda los actos impugnados mientras tanto.

“Vamos a respetar la decisión, vamos a estar a derecho y no vamos a generar una desobediencia civil. Pero entendemos que no es el procedimiento correcto el que está haciendo el Juzgado. Acá no esperaron las pruebas. El Juzgado está dando por cierto todo lo que una parte presenta”, dijo Lavieri a LA GACETA.

El representante de la empresa consideró que un amparo o una cautelar hubiese sido el procedimiento correcto para suspender el sistema. La determinación que tomó la Justicia, amparada en el artículo 83 del Código Procesal Constitucional, no les permite apelar, por lo que deben tramitar una revocatoria. “Obviamente que los tiempos nos juegan en contra. No sólo por el perjuicio económico, sino también por el daño a la empresa y al sistema que generan estas medidas”, indicó Lavieri. Añadió que hoy se presentarán judicialmente a pesar de no ser parte de la causa.

La actuación de la Sala II se dio en el marco del amparo colectivo interpuesto por Fodecus (Frente de Organizaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios de Tucumán) contra la Municipalidad que encabeza Germán Alfaro (PJS-JxC). La asociación civil reclama la nulidad de la adjudicación del servicio a la UTE.

El fiscal municipal, Hernán Colombres, explicó que ayer mismo presentó digitalmente el informe solicitado por la Justicia, que consta de unos 15 cuerpos. “Hemos reiterado el pedido de que nos excusen de cumplir la suspensión hasta que se dicte la cautelar; hemos dicho que (la suspensión) sí causa un perjuicio, que el orden del tránsito, que es el sentido del contrato. Además afecta las rentas públicas (el 15% de lo recaudado va a las arcas municipales), con lo cual hay gravedad institucional”, argumentó.

El letrado afirmó que instó a la Justicia a que se expida en la brevedad si otorgará o no una cautelar. “Entiendo que no están dadas las condiciones para que se otorgue”, opinó. A su vez, reprochó la medida que se tomó. “Es inédito que nos apliquen el artículo 83, es la primera vez que le vemos. No se suspende la ejecución de un acto sin contar con la documentación correspondiente. En la providencia simple metieron una cautelar encubierta; en forma vedada se otorgó una cautelar”, explicó.

El edil Gonzalo Carrillo (FdT), en tanto, consideró acertada la medida y pidió que la firma cumpla con lo que dice el pliego. “Si se rescinde el contrato, vamos a pedir que se derogue la ordenanza (N°4.758, del estacionamiento) porque no se ajusta en la realidad que vivimos”, dijo a LG PLAY.

Qué pasará con el servicio de estacionamiento

¿Hoy habrá que pagar para estacionar?

El responsable de la firma dijo que, en principio, hoy tampoco se cobrará por el servicio. Sin embargo, eso puede cambiar si hay novedades de la Justicia.

¿Qué pasa si ayer pagué por adelantado?

La empresa afirmó que los pagos que se hicieron a primera hora, previo a la suspensión del servicio fueron restituidos.

¿Y si tengo dinero en la billetera?

La firma indicó que la plata que se cargó en la aplicación será restituida para quien lo solicite. Deben cumplir con los requisitos y disponer de un CBU.

¿Me pueden cobrar de modo informal?

Hay sectores en la ciudad en los que hay personas que piden dinero por cuidar el auto. Esa actividad no está regulada y no pueden exigir un pago.

¿Por qué se cuestiona el servicio?

El FdT e instituciones civiles sostienen que la empresa se encontraba concursada cuando obtuvo la concesión. También la acusan de incumplimientos.