En la Legislatura, el bloque de Fuerza Republicana solicitó el pago de Servicios Adicionales de Seguridad y Vigilancia al personal dependiente de la Policía. El legislador, Ricardo Bussi, dijo que al efectuarse con posterioridad al mes que correspondiere la liquidación de los haberes, se los debe considerar pagos fuera de término, por tanto existe una obligación de resarcimiento financiero para los agentes afectados por la demora.

“En reiteradas reuniones que hemos mantenido con el personal policial en actividad -detallo Bussi-, tomamos conocimiento de que, en la actualidad, a los efectivos que realizaron los servicios adicionales se le adeudan hasta cuatro meses de pago por los servicios realizados, pese a que las empresas contratantes ya habrían depositado el monto por el pago de dichos servicios” agregó el autor de la iniciativa.

"Recuerdo que en julio de este año, pusimos foco de esta irregular situación y le solicitamos al ministro de Seguridad de la provincia, Eugenio Agüero Gamboa, un detallado informe, con el fin de que se haga pública, en especial, la real situación de esta práctica y la problemática del sistema que se utiliza para la liquidación y para el pago de las horas trabajadas bajo este concepto. Aclaro que a la fecha, no hemos recibido respuesta alguna por parte del Ministro”, afirmó.

“Este incumplimiento de pago, no tiene como base la falta de fondos para liquidar los servicios prestados por los agentes, ya que el dinero se encuentra depositado y a disposición de la Policía de la Provincia. El problema surge de una inexplicable demora administrativa que no tiene sustento alguno, y que el único perjudicado es el agente a quien se le adeuda sus haberes de forma completa y oportuna, siendo los únicos responsables de este incumplimiento el Departamento correspondiente al manejo y liquidación de dichos servicios y por supuesto a la cúpula policial que debe velar por el cumplimiento de toda la normativa que rige a la institución”, insistió Bussi.

La propuesta de FR consiste en una modificación en la forma de distribución que se aplica en el pago de esos servicios, pasando a cobrar el policía al que se le adeudan los pagos por los servicios, en vez del 85% para él y el 15% para la institución, pasar a cobrar el 95% el agente y el 5% la institución”, detalló.

“Hablamos ni más ni menos, de un acto de justicia para con el personal policial que debe hacer frente con magros”, remarcó.