Las situaciones de violencia que involucran a estudiantes adolescentes representan una problemática en alza. Este mes, en Tucumán hubieron cinco casos que llegaron al ojo público y, sin tomar las medidas adecuadas, nada indica que el número se estanque.

Al margen de las circunstancias específicas de cada hecho, hay un factor que se repite: la necesidad de grabar y viralizar los videos o las fotos de las peleas. ¿Por qué ocurre?

Este fenómeno responde a la lógica del patoterismo (agresiones en grupo que apunten a hacer daño a un tercero) y complica los esfuerzos por evitar la agresividad entre los jóvenes.

“Para los victimarios, las filmaciones funcionan como una especie de registro en el cual queda demostrado quiénes son los fuertes y quienes los débiles. Se trata de ponerse como ejemplo de alguna acción. Pensemos en cuando se difunden masivamente campañas solidarias; a lo que se apunta con los likes y compartir es a perpetuar los buenos actos”, explica la licenciada en Psicopedagogía Silvia Bono.

Al traspolarlo a los actos de violencia fuera de las instituciones educativas, la difusión acaba por convertirse en un mensaje sobre “dónde está la posta”.

“A su manera, las fotografías o los videos difundidos sientan un precedente y dan luz verde para que las conductas se copien. Además, el gran conflicto con las viralizaciones pasa porque los chicos las comparten entre sus pares y pasan la voz entre ellos a una velocidad tan rápida que se vuelve imposible para los adultos detectarlas a tiempo”, agrega.

Por otro lado, internet implica una vía de acceso fácil para las amenazas previas. “El anonimato, la creación de perfiles falsos y la divulgación de datos íntimos fomentan la impunidad y amplían la movilidad que tienen algunos chicos para causar daño a sus compañeros. Muchísimos altercados físicos son el resultado de encontronazos previos on line o por WhatsApp”, señala la psicóloga Claudia Páez.

La culpa del testigo

Los espectadores cargan con un rol relevante para detener o fomentar los episodios. En este sentido, Bono se muestra tajante: los testigos de las grescas entre alumnos de la misma o de distintas instituciones educativas son violentos pasivos.

“Las peleas habitualmente contemplan un círculo de espectadores alrededor. Entre ellos, existen personas que graban, aplauden, toman posición con los protagonistas, difunden las escenas o quedan inmóviles mientras se desarrollan”, comenta la profesional.

La frase de “solo miré la golpiza, pero jamás me metí” no sirve de justificativo. “Todos esos personajes también portan el calificativo de violentos o patoteros porque poseen diferentes grados de complicidad según las competencias de cada uno. Por eso, este flagelo debe combatirse incluyendo esas aristas”, resalta.

Denuncias

En lo que va del año, el Ministerio de Educación de la Provincia realizó decenas de intervenciones por hechos de violencia mediante redes sociales. Las campañas de concientización y los talleres sobre el tema llevados a cabo en las escuelas implican un punto esencial para la prevención. Sin embargo, cuando los conflictos ocurren, debemos implementar nuevas medidas.

“Siempre que las viralizaciones afecten los derechos o los bienes jurídicos de las víctimas, pueden encaminarse a través de la justicia hacia alguna reparación o indemnización. El tema es que, cuando ocurren, se vuelve muy difícil frenarlas o eliminar el material por completo”, destaca el abogado Patricio Char, miembro de la organización sin fines de lucro Consejo Viral Argentino.

Si nuestros hijos o algún allegado adolescente sufre un enfrentamiento en la vía pública, siempre corresponde elevar una denuncia.

De ser el agraviante un menor, hay que distinguir primero que edad posee. “Los adolescentes de 15 años para abajo son considerados inimputables para la Ley Penal. Esto quiere decir que no responden por sus crímenes, pero les corresponde algún monitoreo familiar por parte de las entidades competentes”, indica.

En cambio, para los chicos de 16 y 17, las medidas difieren. “Ellos son responsables penales aunque tienen un tratamiento distinto al de los adultos (de 18 años en adelante). Al margen de la edad de los menores involucrados en las peleas y/o las viralizaciones, podemos obtener medidas de protección para evitar llegar a males mayores en el futuro”, acota Char.

Ministerio de Educación
Registro de los hechos de violencia en las escuelas tucumanas

En una entrevista con el noticiero “Buen Día” de LG Play, el ministro de Educación de la provincia Juan Pablo Lichtmajer afirmó que -en lo que va del año- el organismo público debió intervenir en 156 casos de violencia escolar.
“Una de las secuelas de la pandemia son las dificultades en el comportamiento social. (...) En esta etapa hay que trabajar mucho en la sociabilidad, en reconstruir el tejido o lazo educativo”, comentó.

Además, el funcionario se refirió a la pelea ocurrida en el Colegio Nacional (ubicado en Laprida al 800). En un video que se viralizó puede verse cómo un alumno es asfixiado por su compañero hasta quedar inconsciente. Luego de la agresión, varios padres se manifestaron en la puerta de la institución para pedir mayor seguridad y una eficiente respuesta por parte de las autoridades.

“Los equipos oficiales ya están trabajando. El alumno, que tuvo una conducta naturalmente violenta, fue separado y está recibiendo tratamiento y asistencia; al igual que la víctima”, destacó.