“Como Poder Legislativo de la Nación representando a este interbloque de la oposición (Juntos por el Cambio) venimos a solicitarle, por violación al artículo 109 de la Constitución Nacional, el juicio político al presidente”, anunció el diputado por JxC Cristian Ritondo ante la prensa.

En este sentido, entonces, cabe pensar en la posibilidad de que se lleve a cabo el mecanismo para destituir al presidente de la Nación, contemplado en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional. En razón de esto La GACETA consultó con especialistas y la conclusión primera fue la misma: la oposición no cuenta con los miembros suficientes dentro de las Cámaras para llevar adelante la acusación.

Para acusar al presidente ante el Senado, la Cámara de Diputados necesita del voto de dos tercios de los presentes. Y ese requisito es la principal razón por la que, según los constitucionalistas, JxC no conseguirá su objetivo.

“El juicio político pedido por JxC contra Alberto Fernández difícilmente prospere porque quienes lo impulsan no tienen en la Cámara de Diputados la mayoría que requiere la Constitución para acusar, ni mucho menos tiene en la Cámara de Senadores la mayoría necesaria para destituirlo”, señaló Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista consultado por este diario.

Lo que va a suceder de ahora en más -dijo- va a ser una cuestión meramente política. “La oposición ha marcado su postura con respecto a este tema considerándolo de la gravedad suficiente para encuadrarlo en la causal de ‘mal desempeño’ y el oficialismo políticamente va a resistir y va a descalificar a la oposición por haber banalizado el ejercicio de la utilización de la figura de juicio político”, analizó el experto.

El constitucionalista Diego Armesto, al igual que Gil Domínguez, piensa que la posibilidad de que se realice un juicio político contra el presidente es muy escasa. “Por las mayorías especiales que te pide la Constitución, si no reunís la cantidad de diputado que exige se hace complicad. El tema ahora, principalmente, va a tener un tinte más político en la vida diaria”, señaló.

La banalización

Las posturas de los especialistas, sin embargo, difieren en la apreciación del tema en cuanto al sentido o no de la acusación.

Facundo Manes, diputado por la Unión Cívica Radical (UCR) fue el único miembro de la Cámara que pertenece al interbloque de JxC que no firmó el pedido de juicio político contra el Presidente. Este hecho marcó un quiebre en la apreciación de la situación.

Para Gil Domínguez, entonces, no corresponde acusar al Presidente por sus dichos en la entrevista durante el programa A Dos Voces, en el que declaró: “(Alberto) Nisman se suicidó, espero que (Diego) Luciani no haga algo así”.

“Las declaraciones del Presidente fueron desafortunadas, no le hacen bien a la investidura presidencial y a la administración institucional del país, pero no revisten la sustancialidad suficiente como para subsumirlas o considerarlas como ‘mal desempeño’”, explicó.

“Me parece correcto lo que hizo Facundo Manes, muy valiente y muy acorde con la tradición de la Unión Cívica Radical de respetar el funcionamiento de las instituciones, porque si todo es juicio político, en realidad nada es juicio o político”, agregó.

Armesto hace una valoración distinta y dice que se debe analizar si el Presidente está violando el artículo 109 de la Nacional, que establece: “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Su postura es clara: “pareciera que el presidente, mediante las constantes declaraciones, estaría violando el artículo 109 de la Constitución Nacional”.

“Si un presidente opina sobre una causa judicial, esto va más allá de la libertad de expresión, porque el que opina es el presidente de la Nación, no es cualquier persona, su opinión se escucha de manera diferente”, sostuvo Armesto. Y concluyó que, en su opinión, sí hay causal suficiente. “Ahora el tema es que se logre llegar a estas mayorías que se exigen, y eso lo veo difícil”.

Ferrazano

“No configuran causales”

Para el legislador Raúl Ferrazano, las declaraciones del Presidente no configuran una causal para el juicio político. “Es un control de carácter excepcional. Por la gravedad institucional que conlleva juzgar a la primera autoridad política del país, debe ser tomado con la máxima seriedad y no como un hecho liviano en una la campaña de desprestigio contra el peronismo”, afirmó.

Ascárate

“Es una amenaza encubierta”

Para el legislador de JxC, José Ricardo Ascárate, las palabras del presidente son una amenaza. “Es una amenaza encubierta, el fiscal actuante (Diego Luciani) ya ha emitido su alegato y documentos sobre la causa de vialidad, se demostró la culpabilidad de Cristina (Fernández de Kirchner)”, dijo el legislador a través de un comunicado de prensa.