El diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Arroyo, visitó Tucumán para participar del ciclo "Argentina 2030: Perspectivas y desafíos para una política social efectiva". En una entrevista con "Buen Día", el noticiero de LG Play, el ex ministro de Desarrollo Social de la Nación analizó el impacto político por la causa "Vialidad"; además, se refirió a las acciones del Estado durante la pandemia en la Argentina, y expresó conceptos respecto de los planes sociales y de la posibilidad de convertir estos aportes estatales en empleo genuino.
Tras la declaración de la crisis sanitaria por la covid-19, recordó Arroyo, en el país "pasamos en 15 días de 8 millones a 11 millones de personas que recibían asistencia alimentaria". "Fue una situación realmente muy crítica", recordó.
Además, destacó que el país "tiene un 45% de trabajo informal, de gente que hace changas". "Y se paró todo en un momento. Llegamos a tener 12.000 comedores en todo el país, una situación única", indicó.
En ese marco, ponderó el rol de las iglesias, las organizaciones sociales y las escuelas para colaborar con el rol del Estado. "Hubo paz social", valoró.
En cuanto a la situación actual, Arroyo señaló que, si bien en la actualidad "hay más actividad" económica, "no alcanza la plata" por el impacto de la inflación, en especial, en el rubro de alimentos y en los sectores más vulnerables.
Por otro lado, se refirió a la polémica en torno a los planes sociales en la Argentina. "Para reacomodar todo, hay que dar certezas, que la persona tome un trabajo y seguirá 12 meses con el plan, y segundo, estabilizar el precio de los alimentos, si no, incluso con trabajo cuesta todo", consideró. Y agregó: "Hay que empezar a combinar trabajo con derechos".
Además, dijo que hay 7.000 denuncias de personas que denunciaron "que les quieren cobrar algo de plata" por los planes sociales o "les piden que vayan a un lugar u otro" a cambio de un subsidio. "Nadie tiene que quedarse con plata del resto ni terciarizar", apuntó.
Por otro lado, fue consultado respecto de la situación judicial de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para quien los fiscales de la causa "Vialidad" pidieron una sentencia de 12 años de cárcel por considerarla presunta jefa de una supuesta asociación ilícita dedicada a favorecer al empresario Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista.
"Hay que ir por el lado de la racionalidad; no se puede pensar que un gobierno es una asociación ilícita. No creo serio que se pueda pensar en eso; sí que pueda existir casos de corrupción, pero no una asociación ilícita. En eso, realmente hay que bajar un cambio, ir por el lado de la racionalidad y sí evaluar los casos de corrupción. Lo mismo con el pedido de juicio político al presidente (Alberto Fernández por sus dichos sobre Diego Luciani y Alberto Nisman). Este no es un gobierno que esté persiguiendo fiscales ni jueces; es un gobierno que puede gustar más o menos, pero no es un gobierno que esté persiguiendo fiscales o jueces", aseveró.
Daniel Arroyo visitó Tucumán en el marco del ciclo "Argentina 2030: Perspectivas y desafíos para una política social efectiva", organizado por la Asociación Civil de Estudios Populares en Tucumán (ACEP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS).