“Se trató de actos de corrupción sistemáticos que arrasaron con todos los principios de contratación pública ocasionando un enorme perjuicio a las arcas del Estado. La justicia no puede mirar hacia el costado cuando hay hechos de corrupción, cuando se direcciona obra pública a favor de un empresario amigo, cuando hay sobreprecios en las contrataciones, se celebran negocios entre las máximas autoridades y el contratista del Estado… Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, afirmó el fiscal Diego Luciani en un momento de su extenso alegato en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015. Pidió que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.

El magistrado que formuló el pedido de condena ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, consideró que la ex presidenta fue la “jefa de la asociación ilícita”, y la acusó además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario. Solicitó también que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, pidió penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.

También solicitó castigo para Mauricio Collareda y Juan Carlos Villafañe (seis años de prisión), Raúl Daruich y Raúl Pavesi (cinco años), Claudio Fatala y José Santibañez (cuatro años) y Héctor René Garro (tres años de prisión en suspenso), todos con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A Carlos Santiago Kirchner le solicitó dos años de prisión en suspenso e inhabilitación por cuatro años.

Millonario decomiso

El representante del Ministerio Público Fiscal también requirió el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, dado que para la acusación ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado. Antes de solicitar las condenas, el fiscal se refirió al impacto de la corrupción. “Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza... Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia”, afirmó en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y agregó que la sociedad debería estar “orgullosa” con el trabajo de la fiscalía.

Extrema gravedad

“Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, aseguró el fiscal en la parte final de su alegato, justo antes de formular los pedidos de pena.

Antes de adentrarse en los años de condena que pediría para cada uno de los imputados, el fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.

El desprecio

Los párrafos más críticos se los dedicó a la ex mandataria, a quien acusó de haber defraudado “las expectativas de los ciudadanos que la votaron” y a quien le espetó el haber “demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial”.

En otro momento de sus exposición, el fiscal le solicitó al tribunal que extrajera testimonios en relación con situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investigan posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados, como la supuesta participación de las empresas Petersen y Esuco en los hechos. Para la fiscalía, la constructora Petersen, Thiele & Cruz, de los Eskenazi, y la firma Esuco, de la familia Wagner, se habrían prestado para simular competencia en algunas licitaciones que las empresas de Báez ganaron en Santa Cruz.

Luciani requirió también que se investigara si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, a partir de conversaciones de whatsapp extraídas del celular de José López, entre el ex funcionario y Abel Fatala.

Allí también pidió que se investigue si de algunos mensajes en particular, utilizado como prueba para su propio alegato, surge la comisión de algún delito.

Esconder la corrupción

En la última parte de su alegato, el fiscal pidió tiempo para las últimas reflexiones y considero que “se intentó esconder la corrupción” y que “en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política” porque “se optó por eludirla”.

En ese punto, el fiscal criticó que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante y la Unidad de información Financiera pidiera la absolución de los acusados y aprovechó el espacio también para cuestionar que la ex mandataria hubiera dicho en el juicio que a ella la absolvió “la historia” cuando “bien sabe que es el Poder Judicial” la institución encargada de enjuiciarla.

Mensaje a Alberto: el fiscal lo acusó de injerencia indebida

El fiscal también le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández, ante las más de 19.000 personas que miraban su alegato por YouTube, cuando lo acusó de haber defendido puerilmente a su compañera de fórmula, cuando le tocó declarar en calidad de testigo. “No hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz”, dijo Luciani en alusión al Presidente de la Nación, a quien, para sorpresa de quienes seguían el juicio, también acusó de “injerencia indebida” en el Poder Judicial porque en su testimonio refirió que las decisiones en materia de contratación pública no son revisables en los tribunales.