En su octava y penúltima jornada de alegatos los fiscales del juicio oral en el que se investiga si hubo direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, siguieron fundamentando que entre los años 2003 y 2015 se benefició al contratista Lázaro Báez en lo que denominaron como “la corrupción más grande” del país.

“Ya hemos acreditado que el dinero percibido por el grupo Báez no se destinó al desarrollo de las obras que se adjudicaron”, recalcó el fiscal Diego Luciani en el primer tramo de su exposición de ayer, en la cual insistió en vincular directamente al empresario con Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Luciani se enfocó en justificar la elección de la calificación de “asociación ilícita” para los acusados, principalmente Cristina. “Formaron una asociación criminal”, dijo sobre los imputados. Esta figura es la más cuestionada por quienes critican la realización del juicio, en particular desde los referentes jurídicos del kirchnerismo. Sin embargo, el fiscal citó jurisprudencia internacional que avala la aplicación.

Luciani mostró mensajes entre Báez y el entonces secretario de Obras, el tucumano José López, en los que, de acuerdo con su ponderación, se advierte que eran “contratistas contratantes, una misma parte”. Y apuntó que Néstor, Cristina, Julio De Vido, Nelson Periotti y Lázaro Báez “instauraron una matriz de corrupción en la contratación pública y tomaron parte en ella”.

Según el fiscal, esa “matriz” se formó con “roles definidos y estratégicos” y estuvo en pie “de manera sostenida e ininterrumpida por 12 años”, desde el 8 de mayo del 2003, cuando se creó Austral Construcciones, hasta el 9 de diciembre de 2015. “Según la prueba analizada en el alegato, no se hubiera podido operar sin la orden, la complacencia ni la cobertura de los ex presidentes”.

En la causa se debate si las empresas de Báez resultaron beneficiadas con el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas viales en Santa Cruz.

Sobre el segundo tramo del alegato de Luciani, el fiscal enumeró las adquisiciones de campos y estancias del grupo Báez y sumó que, en la provincia de Santa Cruz, adquirió 415.000 hectáreas (dijo que son en extensión, 20 veces la superfice de la ciudad de Buenos Aires), y cerca de 300 propiedades en todo el país, asumiendo que ese patrimonio se financió con dinero ilícito.

En el informe que mostró el funcionario graficó de manera clara la cantidad de tierras y bienes de lujo como casas y vehículos que compró el empresario durante los 12 años del gobierno kirchnerista. “En total en Santa Cruz tiene 238 inmuebles y 293 en total en todo el país”, remarcó Luciani.

El fiscal repasó también los chats entre el ex secretario López con empresarios en los que aparece “la sra.”, y dice que es en referencia a la entonces la ex presidenta en los últimos días de su mandato, etapa denominada como “operativo limpiar todo”.

“Luego de diciembre de 2015, Austral se transformó en una empresa fantasma, fue abandonada”, afirmó el fiscal al tiempo que recordó que “los acreedores no se presentaron en la quiebra” en 2016.

Rechazo al “lawfare”

Luciani concluyó afirmando que “Austral Construcciones fue una cáscara, creada por personas o por orden de personas con capacidad organizativa para direccionar licitaciones con fondos del Estado nacional”.

“Lázaro Báez montó un emporio con todo el dinero de los argentinos y cuando Cristina Fernández dejó el gobierno, abandonó todo”.

Luego fue el turno del fiscal Sergio Mola, quien en principio se enfocó en las denuncias públicas de la vicepresidenta Cristina Fernández, sobre la persecución política que se aplica a través de este proceso penal. “El ‘lawfare’ como construcción jurídica no existe; el ‘lawfare’ no existe y no es más que un entramado político que busca desacreditar hechos graves de corrupción”, sostuvo Mola.

La de ayer fue la octava de las nueve audiencias solicitadas por los fiscales, quienes ya anticiparon que cerrarán su exposición con pedidos de condena para los 13 imputados de la causa, entre los que se halla la vicepresidenta.

Luego los abogados defensores buscarán utilizar en su favor todo lo ocurrido durante el juicio que lleva más de tres años, en el que testigos de los más variados rechazaron que hubiera habido irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

Revisan sobreseimientos: se trata del caso “Los Sauces-Hotesur”

La Cámara Federal de Casación Penal fijó ayer para octubre y noviembre las fechas de las audiencias para revisar el fallo que sobreseyó a los imputados del caso conocido como “Los Sauces-Hotesur”, entre los que se encuentra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informaron fuentes judiciales. El presidente de la sala 1 del máximo tribunal penal, Diego Barroetaveña, dispuso que la audiencia preliminar, preparatoria del trámite que se le dará a la discusión, se realizará el martes 4 de octubre, mientras que convocó a la audiencia de informes de las partes para el viernes 4 de noviembre a las 10.30, confirmaron fuentes del caso. Los abogados de los imputados, que fueron sobreseídos en 2021 por el Tribunal Oral Federal 5 se enteraron de la convocatoria mientras participaban ayer, la mayoría de ellos, del juicio oral y público del “caso Vialidad” que se encuentra en la etapa de alegatos de la fiscalía.