La séptima audiencia de alegatos en el juicio oral por las irregularidades en la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez se reiniciaron ayer, ocasión en la que la Fiscalía desvinculó de los hechos a quienes fueron los jefes de Gabinete de Cristina Fernández durante sus dos presidencias. Se trata del actual presidente, Alberto Fernández, del ministro de Economía, Sergio Massa, del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y de Juan Manuel Abal Medina.

El fiscal federal Diego Luciani señaló que durante las presidencias de Cristina “los jefes de Gabinete fueron cambiando pero la estructura de la asociación ilícita se mantuvo”, en referencia a que Julio de Vido se mantuvo como ministro de Planificación Federal y Nelson Periotti como titular de la Dirección Nacional de Vialidad durante los 12 años de gobierno, incluyendo el mandato de Néstor Kirchner.

Luciani sostuvo que todos los expedientes para ampliar el presupuesto de las obras que recibió Báez se iniciaban en el Ministerio de Planificación. “Sería desacertado inferir que los ex jefes de Gabinete hayan podido recibir órdenes de sus superiores jerárquicos, Néstor y Cristina Kirchner, a los fines de direccionar o beneficiar a Lázaro Báez. La obra púbica ya venía dirigida desde un nivel anterior a aquellas limitadas intervenciones que tenían los jefes de Gabinete”, resaltó el fiscal.

Los ex jefes de Gabinete declararon como testigos en el juicio porque en ese rol eran los encargados de firmar las modificaciones de partidas presupuestarias, entre ellas las de las obras de Báez. Todos hablaron sobre cómo era ese mecanismo y descartaron que Cristina haya cometido irregularidades.

Sin control

Los fiscales Luciani y Sergio Mola también hablaron de la falta de controles sobre las obras de Báez. El primero señaló que las cuentas de inversión sobre las obras el Congreso las aprobaba con tres, cuatro o cinco años de demora. “No se pudo hacer ningún control real sobre los recursos destinados a las obras de Báez”, sostuvo.

Mola remarcó que eso pasaba porque “los acusados conocían el funcionamiento de la administración” y detalló la falta de controles de otros organismos. Uno de ellos, la Administración General De Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz que nunca designó a los funcionarios que debían hacer los controles. Lo mismo ocurrió con el Tribunal de Cuentas. “Fue un órgano parasitado”, afirmó Mola, y señaló que no hubo ninguna auditoría sobre las licitaciones ni las obras públicas. “Aprobó todos los ejercicios de la AGVP sin objeciones ni denuncias a pesar de todas las arbitrariedades”.

El fiscal señaló que no hubo controles de la Sigen, donde estaba designada como síndica general adjunta Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido.

Los fiscales hicieron los alegatos luego de que el TOF 2 rechazara las recusaciones de las defensas de Cristina y otros acusados contra los fiscales y los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

La Fiscalía tiene nueve audiencias de alegatos. Si no pide más tiempo, la última será el lunes cuando solicite las penas para los 13 acusados del juicio. Luego será el turno de los alegatos de cada defensa, que tendrá tres audiencias. La primera será la de Báez y la de Cristina la sexta. Se estima que antes de fin de año se lea el veredicto.