“Son personas que cometieron un error y la están pagando. Pero no por eso los van a tratar como animales”, explicó Juana Herrera, madre de uno de los detenidos que estuvo involucrado en el motín que se registró el viernes en la ex Brigada. Esa es una frase común que nació hace siete años cuando estalló la crisis carcelaria. Esas palabras continuarán escuchándose varios meses más, ya que todos los proyectos de edificación de nuevos lugares de alojamiento tardarán al menos un año en abrir sus puertas.
En 2015, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila presentaron un hábeas corpus a favor de los presos, los policías y los vecinos de las comisarías de la provincia. En esos días, poco más de 500 personas estaban alojadas en los calabozos de las dependencias policiales. Hoy, ese número supera los 1.200 entre procesados y condenados. En esa cifra no están contemplados los detenidos por contravenciones, que representan hasta un 30% del total de arrestados. En total, serían casi 1.600 los reos en calabozos. La capacidad es de poco más de 480.
“No podemos ver en qué condiciones están, pero ellos nos cuentan que a veces tienen que dormir sentados porque no entran acostados. No tienen baños porque se viven trancando por la cantidad de gente que los usan. Hacen sus necesidades en un tacho de pintura. Imagínese lo que es eso”, dijo Brisa Heredia en la puerta de la seccional 10ª, una de las más nuevas de la capital. “Ahora dentro de todo, no están tan mal, pero cuando empiece el calor será un infierno. Habrá 30 tipos en un calabozo para 10 personas sin ventilación”, añadió la joven. En Aguilares, por ejemplo, tiene capacidad para 18 personas, hasta el viernes, pero hay 39. En Concepción, tienen lugar para alojar 10 reos, hay 29.
Preocupación
En la Policía está prohibido dar a conocer los números y, mucho menos, que se registren imágenes de los atestados y malolientes arrestos o que dejen al descubierto otros detalles. Por la falta de espacio, los detenidos más tranquilos son alojados en las oficinas o en los espacios destinados al personal de la fuerza. Varios comisarios tuvieron que transformar en calabozos sus oficinas. “Preferimos eso antes de que los presos se amotinen y tengamos más problemas”, explicó un funcionario.
Esa preocupación atenta contra las tareas normales de los uniformados. Los estándares internacionales recomiendan destinar dos efectivos por cada arrestado. Es decir, se necesitaría a 3.200 efectivos para cumplir con esa tarea, lo que representa una tercera parte de la fuerza que supera los 10.000 hombres. “Obviamente que no lo podemos hacer, pero sí nos vemos afectados porque tenemos que destinar más personal para su cuidado o cuando sus familiares le traen la comida se los debe controlar”, explicó un alto oficial.
Por momentos, el 50% del personal de las dependencias debe ocuparse del cuidado de los detenidos. Los presos enfermos o heridos por peleas -cada vez más frecuentes por las condiciones de encierro- deben ser trasladados en los móviles de las seccionales. “Nos quedamos sin vehículos para hacer prevención. Prendemos velas para que se mantengan las audiencias virtuales porque evitamos los traslados a tribunales”, dijo un alto jefe de la fuerza.
El secretario coordinador del Ministerio de Obras Públicas Marcelo Caponio dijo que la gestión que encabeza el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, se está ocupando en solucionar la crisis carcelaria. “Quedó demostrado que hay una decisión política en solucionar este problema. Pero hay que esperar. Estamos trabajando para resolver esta cuestión”, explicó en una entrevista con LA GACETA.
El funcionario también detalló el estado en el que se encuentran las obras de los nuevos centros de detención. “El penal de Benjamín Paz estará listo en diciembre de 2023. Estamos realizando las gestiones del financiamiento de las alcaldías de Banda del Río Salí y Las Talitas en Buenos Aires y en esta semana se hará la licitación de otra en Delfín Gallo. Una vez que consigamos los fondos para cada una de ellas, habrá que esperar un año para que sean inauguradas”, informó. “Estos nuevos lugares aportaron más de 2.000 lugares de alojamiento”, sostuvo.
En diciembre pasado, cuando hubo una seguidilla de motines por las condiciones de alojamiento, las autoridades anunciaron un plan de obras para incrementar la capacidad del penal de Villa Urquiza, que actualmente es de 1.000. “Eso es mentira. No están haciendo nada y hay un montón de espacio desperdiciado porque no están trabajando. Los changos que están ahí nos cuentan que hay tres obreros nomás”, denunció Martín Jiménez, ex convicto que tiene un hermano alojado en la cárcel. “Las obras que hacen los presos van mucho más rápido. No entiendo por qué no los utilizan a ellos si hay muchos que saben del oficio y además podrían ganarse unos pesos para ayudar a su familia”, añadió.
En estos días, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia recibirán un informe sobre los trabajos que realiza el personal de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. “En principio vendrían muy retrasados”, explicó una fuente del máximo tribunal.
Explicaciones
“Esto se podría haber evitado. Este problema no se originó de un día para el otro”, sostuvo el abogado Álvaro Zelarayán. “Esto no es de ahora, la crisis es de hace años. Al Poder Ejecutivo se lo viene intimando hace años para que encuentre una solución, pero hasta el momento no dio ninguna respuesta”, añadió su colega Aníbal Paz. Ernesto Baaclini agregó: “lo importante es que se está construyendo una cárcel. Ahora lo que se debería hacer es distribuir a los detenidos en forma equitativa para evitar hacinamientos”.
El avance del nuevo código procesal penal agravó la crisis. Entre el 1 de febrero y el 31 de julio, más de 600 personas fueron condenadas por diferentes delitos. Pero el mayor problema fue generado por las más de 1.100 prisiones preventivas dictadas y las más de 1.300 medidas cautelares que se prorrogaron. En otras palabras, en menos de seis meses, quedaron tras las rejas por lo menos 2.000 imputados. El Poder Judicial estima que ese número podría incrementarse hasta un 20% más en diciembre.
Todos los profesionales consultados por LA GACETA coincidieron en señalar que el exceso de dictados de preventivas es la raíz del problema. “Hay que hacer un uso racional y razonable de esta medida. Hay un alto porcentaje de casos que se impone esta medida y luego los acusados terminaron con condenas condicionales, por lo que la detención no cumplió ningún fin útil. Lo único que hace es que el sistema carcelario colapse”, razonó el abogado José Del Río. Geraldine Salazar coincidió con su colega y agregó: “hay un mayor volumen de ingresos y muy poco egresos por falta de pulseras y jueces de ejecución que no toman decisiones amparándose en la leyes por temor”.
“Una solución que propondría, aunque no sería definitiva sino para salir del paso, es que se adquieran de manera urgente para controlar a los procesados de delitos menores. Otra sería que los jueces analicen de otra manera los riesgos procesales al hacer lugar una preventiva”, concluyó Paz.