La crisis carcelaria no sólo es un problema de los presos, sino de toda la sociedad. Si en los calabozos hay hacinamiento de detenidos, en las calles de la provincia habrá menos policías para realizar su verdadera misión: prevenir el delito. Efectivos ocupados en cuidar reos, oficinas de comisarías convertidas en celdas, la lenta destrucción de las dependencias recientemente inauguradas y sospechas de corrupción son otras consecuencias de este problema.
Actualmente, según los datos que se publican en la edición de hoy de LA GACETA, en los calabozos de las dependencias policiales hay casi 1.200 detenidos, cuando no pueden albergar poco más de 400. Ese número contempla los procesados con prisión preventiva y los condenados por diferentes delitos que, según un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, deberían estar alojados en las cárceles. Pero a ese número hay que agregarles los arrestados por contravenciones que representan hasta un 30% del total de reos. Entonces, en las dependencias policiales hay unas 1.600 personas, tres veces más de su verdadera capacidad.
La lista de lamentos de los policías es cada vez más extensa. Su preocupación por cuidar a los detenidos es igual o más grande que la de realizar tareas de prevención. Un alto jefe comentó que una de las comisarías de su jurisdicción tiene capacidad para 18 reos, pero hoy tiene 39. “Si se amotinan y prenden fuego habrá una tragedia. El primer responsable será el jefe de la dependencia y la persona que debe cuidarlo. ¿Qué puede hacer un efectivo contra 39 hombres? Nada”, comentó. Las oficinas de las dependencias se han transformado en improvisados calabozos. Miembros de la fuerza, con recursos propios y con un pedido al herrero amigo del barrio, improvisan celdas para que los presos se calmen. Dependencias que no estaban preparadas para albergar detenidos tuvieron que “inventar” calabozos en oficinas.
Malas noticias
La crisis carcelaria quedó al descubierto en 2015 cuando los fiscales Adriana Giannoni (ya jubilada) y Diego López Ávila plantearon un hábeas corpus a favor de los detenidos, los policías y los vecinos de las dependencias policiales. Han pasado siete años y nada ha cambiado, al contrario, empeoró. Actuaron porque descubrieron que había más de 500 detenidos en las comisarías, hoy son 1.600. Los policías están cada vez más desprotegidos y los habitantes de las inmediaciones sufren cuando se enteran de un motín o padecen cada vez que hay uno, como sucedió el viernes en la ex Brigada.
El gobernador interino Osvaldo Jaldo tomó la decisión política de atender este asunto porque sabía que la situación era grave. Consiguió los fondos e inició las obras del penal en Benjamín Paz que, si es que no se presentan inconvenientes de último momento, estará lista en diciembre de 2023. La intención de construir cuatro alcaldías es por ahora una mera ilusión. Por los reclamos de los vecinos, quedó trunca la de Río Seco. La de Banda del Río Salí y la de Las Talitas esperan por financiamiento, pero tardarán un año en edificarse y sólo queda licitar la de Delfín Gallo. Los funcionarios estiman que cuando estén listas habrá lugar para alojar 2.200, con lo que se acabaría el problema. Pero saben que todo depende de la gestión que pueda hacer el jefe de Gabinete Juan Manzur, que como gobernador hizo poco y nada por la crisis carcelaria.
Lo grave es que no hay avances en lo más sencillo. Los familiares de los reos alojados en el penal de Villa Urquiza también se quejan por el hacinamiento. Cuentan que las remodelaciones las están haciendo sólo tres obreros de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) y por eso no hay avances. El último capítulo de la crisis carcelaria se escribió por el incremento del más del 50% de las condenas que terminó encerrando (no enviando a la cárcel) a más de 600 personas y las más de 1.100 prisiones preventivas que se dictaron. En el Poder Judicial sostienen que hasta diciembre aportarían por lo menos otros 500. Además, en los próximos meses habrá que agregarle los arrestados por la ley de narcomenudeo. Tampoco es posible recurrir a soluciones alternativas. No hay pulseras para realizar un control monitoreado y no se pueden asignar a más policías para custodiar a las personas que están en condiciones de afrontar un proceso con arresto domiciliario.
¿Por qué la crisis carcelaria afecta a la sociedad? Fundamentalmente porque los policías están para prevenir el delito, no para custodiar detenidos. Las comisarías cuentan en promedio con 10 efectivos por turno. Entre tres y cuatro están destinados al cuidado de los arrestados. De manera frecuente, el móvil con el que cuentan es utilizado para llevarlos a un centro asistencial para que los curen de las enfermedades que padecen o de las lesiones que sufren estando encerrados. Al mediodía, más de la mitad de los hombres deben atender a las personas que les llevan comida y, los días de visita, se destinan a más hombres para custodiarlos. Son recursos que deberían estar en la calle velando por la seguridad de los ciudadanos.