Dos meses. Ese es el plazo máximo que se acordó para que la ley de narcomenudeo sea aplicada en nuestra provincia. Esa iniciativa surgió luego de que el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, se presentara espontáneamente en la reunión de la comisión interpoderes, que tiene a su cargo ultimar los detalles para que la norma entre en vigencia y para vigilar los resultados de su aplicación.

La presencia del tranqueño era esperada por los representantes de los tres poderes del Estado. Sabían que el martes, en una reunión con la cúpula policial, los uniformados le habían mostrado estadísticas sobre la situación con la que se encuentran diariamente. Entre otros datos, le informaron que de 10 allanamientos que realizan por causas de diferentes delitos, en cuatro o cinco encuentran drogas. “Le pedimos que se acelerara la implementación de la norma para que avancemos en las investigaciones y en la detención de los que venden en los barrios”, explicó un jefe policial.

Jaldo se sentó en la punta de una mesa y, entre otras cuestiones, les transmitió la tranquilidad de que los fondos que se necesitan para que la ley entre en vigencia están asegurados. Esa idea también fue expuesta por él al salir del encuentro. “Pedí que comencemos lo antes posible con la aplicación de la Ley, porque la cuestión presupuestaria está garantizada por el Poder Ejecutivo”, indicó. En ese sentido informó que en la próxima reunión, prevista para el 17 de agosto, estará presente el ministro de Economía, Eduardo Garvich, para explicar cómo solucionarán los problemas presupuestarios.

Otro de los anuncios que realizó Jaldo es que ya están definidos los subsidios para las organizaciones intermedias que cumplirán con otra misión clave: la rehabilitación de los adictos. “Según explicó, son como 60 las organizaciones que realizarán esta tarea. La idea es comenzar duplicando la capacitación de atención. Todo se hará a través de Desarrollo Social”, señaló uno de los asistentes.

“Los recursos que se apliquen en la ley serán una inversión directa para los jóvenes, los niños y todas aquellas personas que caen en el problema de las adicciones”, indicó Jaldo.

Después de haber escuchado la postura del gobernador interino, los representantes de los otros poderes aceptaron agilizar la puesta en marcha de la ley con los elementos con los que cuentan para hacerlo. Eso significa, según explicaron, que no estará en su máxima capacidad. “Con el correr de los meses se irá ajustando todo”, comentó una fuente del PE.

El ejemplo más concreto es lo que sucederá con el laboratorio para analizar la droga que se secuestre. En un primer momento se utilizará el de la Policía Federal y, cuando tengan las partidas presupuestarias correspondientes, los ministerios Público Fiscal y el Pupilar de la Defensa podrán contar con los suyos.

“La tarea que realiza esta comisión es una de las acciones de gobierno más importantes de esta gestión, ya que va a contribuir a mejorar la seguridad, una de las principales preocupaciones de los tucumanos”, explicó el gobernador interino.

Participaron del encuentro el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el Fiscal Regional, Mariano Fernández; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; los ministros de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse y Salud, Luis Medina Ruiz; los legisladores Roberto Chustek y Zacarías Khoder, el relator de la Corte Andrés Garmendia y la secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto.