La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, utilizó sus redes sociales para referirse al "alquiler de cautelares", una maniobra descubierta por Aduana, y cargó contra sectores de la Justicia y del empresariado por este ardid.
"¿Alquiler de cautelares? ¿O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible", planteó la titular del Senado de la Nación.
Cristina se hizo eco de una nota publicada por Ámbito que detalla este mecanismo. Según detectó una investigación de la Aduana, ciertas empresas recurrieron a la Justicia, obtuvieron medidas cautelares y luego las "alquilaron" a otras firmas. Es el caso de una sociedad que obtuvo una orden judicial contra la AFIP para poder ingresar mercadería y liberar dólares del Banco Central. Luego, se la cedió a otra importadora. La maniobra fue descubierta por la Aduana y derivó en una denuncia penal y una multa. Se sospecha que habría muchos casos similares.
Esa maniobra consta de distintas etapas: en primera instancia, la empresa acude a la justicia y reclama que la obligatoriedad de seguir un procedimiento de declaración jurada para importaciones sobre bienes con licencias no automáticas vulnera sus derechos.
Acto seguido, un juzgado le da la razón y le otorga una medida cautelar provisoria para liberar las mercaderías a importar sin cumplir con el trámite. Esa cautelar obliga a su vez al Banco Central a girarle dólares para el pago a valor oficial.
Uno de los casos, ocurrió en el tribunal Contencioso Administrativo Federal, según el informe de Ámbito. El 28 de marzo de 2022, la empresa Yoko SA pidió extender una demanda contra la Secretaría de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo y la AFIP con el objetivo de obtener una cautelar para liberar varias SIMI (como se llama a la autorización en el Sistema integral de monitoreo de importaciones).
Gracias a la cautelar, la empresa introdujo una docena de trámites para importar y más adelante repitió la maniobra. Pero en ese procedimiento la Dirección General de Aduanas descubrió un detalle: entre las autorizaciones que logró Yoko SA para liberar mercadería le había “cedido” la autorización a la firma Tropea SA, firma dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia. El total de la mercadería en dos envíos superó los 200.000 dólares.
Lo que más extrañó a la Aduana fue que una persona apoderada de Tropea autorizaba a Yoko SA a realizar “cualquier gestión aduanera relacionada a la AFIP” relacionada con la importación de bienes bajo su marca; también a “comprar y a vender” bajo la marca Tropea y a trasladar los bienes durante un mes.
Una vez detectadas las irregularidades, la Aduana notificó a la empresa de un sumario y de una multa y la acusó de haber violado el Código Aduanero. Además se presentó ante el juzgado de Madariaga de Negre y le reclamó iniciar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa en el marco de una importación, un posible delito federal.