Varios están tras las rejas, otros siguen en libertad o están prófugos o ya fueron condenados. Son conocidos por lucir pesadas cadenas de oro; subir a las redes sociales fiestas donde consumen champagne y vodka importada a las que les agregan bebidas energizantes e hielo; portar armas de fuego, transitar en autos de alta gama y realizar viajes al exterior. En las reiteradas denuncias y pedido de informes, el ex diputado nacional José Cano (UCR), los llamó “los nuevos ricos de Tucumán”.
Juan Jesús Piero Pinna, procesado por haberle robado bienes a su ex mujer y acusado del crimen de Maximiliano Rhil en Mar del Plata, es un ejemplo. El ahora detenido en la cárcel de Batán, comenzó de la nada y terminó al frente de una cadena de locales de venta de productos avícolas a la que llamó “El faraón del pollo”. El joven de 34 años es el polémico protagonista de una causa que por ahora tiene más dudas que certezas. Nunca estuvo tras las rejas y ahora podrá recibir una dura pena si es condenado por homicidio agravado. Pero su nombre, o al menos la empresa de la que dice ser titular, aparece vinculada al clan Caro y aparecería mencionada en al menos una causa en el que se investigaba al tráfico de drogas. Actualmente, según comentaron sus allegados e investigadores, estaría dedicado al alquiler de contenedores para transportar alimentos.
La cárcel de Batán espera al tucumano Pinna“Llama poderosamente la atención que personas que se exhiben con joyas de oro y realizando costosos viajes al exterior no sean perseguidas por la Dirección General de Rentas ni por la AFIP, como le pasa a cualquier otro ciudadano de Tucumán y del país”, explicó Cano en una entrevista con LA GACETA. “Eso ocurre porque no hay una política para combatir el crimen organizado en la provincia. Por esa razón, luego se producen las muertes por el dominio territorial. Los doble crímenes de La Cocha y Santa Lucía fueron mafiosos y siguen sin ser esclarecidos”, añadió con tono firme.
El puntapié
Una investigación del fiscal Diego López Ávila los puso al descubierto como nunca antes había sucedido. El investigador estaba tras los pasos de una banda que cometía robos en viviendas cuando sus habitantes habían salido. De a poco fue armando un rompecabezas que dio forma a un expediente que fue conocido mediáticamente como “La industria del escruche”.
El grupo, según la investigación, era liderado por Miguel “Gatita” Lizárraga e integrado, principalmente, por sus familiares, los integrantes del clan Caro, Zenón Leguizamón y otros cordobeses. Los acusó de haber cometido unos 20 escruches desde mediados de 2020 hasta el primer semestre de 2021. Según las estimaciones que realizaron los expertos de la fiscalía, se habrían apoderado de por los menos $40 millones. “Esos son los hechos en los que -consideramos- intervinieron, pero hay sospechas de que vienen actuando desde hace por lo menos 20 años”, indicó una fuente vinculada a la investigación.
López Ávila descubrió que los sospechosos llevaban una vida a todo lujo. Entonces abrió una causa paralela por enriquecimiento ilícito. Esta causa está en trámite, pero avanza a paso muy lento por las demoras que se registran a la hora de recibir respuestas de los organismos provinciales y nacionales para determinar cuál es su verdadero patrimonio. No pudo confirmar las versiones de que algunos miembros del grupo estaban relacionados con otras personas que estaban siendo investigadas por el tráfico de drogas, entre ellas, Pinna.
Los Caro, según cuentan los vecinos, eran los amos y señores del barrio Victoria, tierra en la que hay que ser un duro de verdad para ser considerado un líder. Allí nació Walter “El Petiso David” Lobos, que está mencionado en una causa de drogas; también es otro que quedó al descubierto por la lujosa vida que lleva y su afición por subir fotos y videos a las redes sociales para mostrar qué hace con su dinero. También estaría relacionado con los Caro, o al menos, en las redes sociales aparecen juntos.
Defensa
Los defensores de los acusados les restaron importancia a las imputaciones que reciben. “Ellos hacen lo mismo que cualquier joven de clase media. No miden las consecuencias. Ven una serie en Netflix y quieren hacer lo mismo. Quieren aparentar lo que no son y eso les genera problemas”, aseguró Ricardo Fanlo, que asiste a tres miembros del clan Caro.
En cada una de las presentaciones que realizaron ante la Justicia, los miembros del clan Caro señalaron que eran comerciantes, pero ahora se conoció otra veta sobre ellos. “A pesar de todo lo que se dice, ellos no tienen bienes a su nombre. Hay una situación que nadie sabe. Ganaron U$S 140.000 (más de $33 millones) con una empresa de apuestas deportivas. Pero así como ganan, también pierden”, agregó.
“Pueden decir muchas cosas, pero lo único cierto es que mis defendidos son comerciantes y tienen sus ingresos. Hasta el momento no hay ninguna prueba de que su patrimonio fue obtenido de manera ilícita”, señaló Camilo Atim, que representa a Leguizamón y a su hijo Braian.
Manuel Pedernera, que defiende a otros miembros del clan Caro, señaló: “me parece correcto que haya una investigación para determinar el origen del patrimonio de quién sea. Pero que no sean solo los que supuestamente cometieron un robo, sino también que hayan cometido un delito contra la administración pública sin importar cuál sea su origen partidario”.
Varios de los mencionados como los “nuevos ricos” tienen varias causas abiertas en la Justicia por delitos contra la propiedad, lesiones, amenazas y hasta homicidio, pero ninguna condena. “La Gatita” Lizárraga fue detenido por primera vez en 1982 por un escruche. En en marzo de 1986 la cinematográfica fuga del hospital Padilla junto a un asaltante de peso en esos tiempos: Enrique “Prode” Correa. Este último fue abatido en un “supuesto” enfrentamiento con un grupo de policías liderados por Mario “El Malevo” Ferreyra y él huyó a Córdoba porque sabía que moriría en un enfrentamiento con la Policía. Han pasado 40 años de su primera caída y, en nuestra provincia, nunca afrontó un tribunal.
Pareciera que los miembros del clan Caro cayeron en desgracia después de haber sido detenidos por “La industria del escruche”. Después de haber permanecido varios años en tribunales, Francisco “Vikunga”, Cristian “Bichi” y Marcos “Batore” Caro quedaron muy cerca de ser enjuiciados por un homicidio registrado hace más de cuatro años. “Celebro que la Justicia, con el nuevo código, haya aportado más transparencia para el ejercicio de la defensa. Ahora todos los procesos son más rápidos, incluso, para lograr la absolución”, analizó Pedernera.
El fiscal López Ávila reconoció que en la causa que investiga surgieron indicios de que los acusados contaron con protección durante mucho tiempo. “Estamos muy cerca de que se realice el juicio contra esta organización. En el debate pueden surgir muchas cosas”, indicó. “El Poder Judicial y el político deberán dar una respuesta al crecimiento de estas organizaciones. Obviamente que necesitan un apoyo para mantenerse impunes. Eso también debe ser investigado”, finalizó Cano.