El caso Adhemar arroja novedades todos los días. Mientras pocos le creen a Edgar Adhemar Bacchiani que consiguió U$S 50 millones para comenzar con un plan de pago, en la justicia federal de Catamarca comenzaron a quebrarse sus colaboradores más estrechos revelando algunos detalles de importancia para la causa. Ya lo hizo el contador general de la firma y ahora lo hará la gerente de la sucursal de esta provincia.

La pesquisa de lo que supone es la mayor estafa a nivel latinoamericano está en un momento de definiciones. El CEO de la firma se presentó el jueves ante el juez Miguel Ángel Contreras con una extraña versión. Dijo que un amigo, al que no identificó y al que ayudó en varias oportunidades, le daría una mano entregando ese monto de dinero para que empezara a concretar un plan de pago. Señaló además que el “benefactor” depositará el dinero en una cuenta que estará a la vista de todo el mundo para que crean sus dichos.

Al mismo tiempo, según confirmó el magistrado en una nota publicada en el diario catamarqueño “El Ancasti”, Bacchiani había afirmado que la deuda que mantenía con los inversionistas era de $ 2.000 millones, muy por debajo de los $ 10.300 millones que dijo que estaba en condiciones de devolver. Lo que se sospecha es que en realidad él sólo está hablando de los contratos en blanco, no de las operaciones en negro que habría realizado.

“Los números que aportó el CEO corresponden a las cuentas bancarizadas, es decir las que estaban en blanco. De acuerdo a nuestra investigación, sólo el 12% de los fondos que manejó el empresario eran registrados, todo lo demás estaría de manera ilegal”, explicó Alfredo Aydar representante legal de más de 500 damnificados. “Estamos esperando llegar a un acuerdo para la devolución de los fondos, pero seguiremos solicitando que se le enjuicie por lavado de activos, asociación ilícita y por haber realizado operaciones financieras sin la correspondiente autorización”, añadió el profesional.

Bacchiani le aseguró al juez Contreras que, por cuestiones legales, él sólo puede devolver U$S 1 millón por día (serían unos $ 207 millones según la cotización del dólar blue). Anunció que las personas enfermas y los que invirtieron antes del 1 de diciembre del año pasado, serán los que tendrán prioridades para reclamar sus fondos. Pero para que se concrete esa idea solicitó que se le otorgue el arresto domiciliario. Ese beneficio lo obtuvo semanas atrás cuando pidió ir a su casa para poder desbloquear sus cuentas. Como nunca logró hacerlo, fue enviado al penal de Miraflores

“Ya hemos opinado que no le den ese beneficio porque ya nos mintió una vez. La única posibilidad es que acordemos planes de pago, que sean homologados judicialmente y varios días después que se concreten recién ahí podremos hablar de un arresto domiciliario”, explicó Aydar.

Arrepentidos

Pero en los últimos días aparecieron en escena otros protagonistas en el caso: los testigos que decidieron contar todo lo que sabían para alivianar su situación procesal. Uno de ellos fue el contador público nacional Iván Segovia, que era uno de sus colaboradores más cercanos.

El testigo, según confiaron fuentes judiciales, no sólo informó de varias cuentas con las que operaba el CEO que eran desconocidas por los investigadores, sino que además indicó que la Agencia de Recaudación de Catamarca (la Dirección General de Rentas de nuestra provincia) tuvo un puesto de fiscalización en la misma sede de Adhemar durante al menos cinco meses. Segovia decidió presentarse espontáneamente luego de que Aydar solicitara su detención.

Sorpresivamente, a través de su defensor José Martín Aráoz, Sofía Aylan, la joven que se desempeñaba como gerente de la sucursal Yerba Buena de Adhemar, pidió ampliar su declaración indagatoria. La joven oriunda de Salta, es viuda del primer socio que tuvo Bacchiani en el negocio. Luego de su muerte, y de haber trabajado durante un tiempo en Catamarca, se mudó a esta provincia para hacerse cargo de la oficina que fue inaugurada el 9 de julio de 2021. Los investigadores especulan que podría aportar datos de utilidad para la causa.

Por último, en las últimas horas se conoció que el juez Contreras ya tiene una lista de los nombres de más de 5.000 personas que le confiaron sus fondos para que el CEO realizara inversiones con criptomonedas. Las identidades de los damnificados y el capital que aportaron cada uno de ellos se mantiene en secreto.

¿Qué se puede comprar con los $ 10.500 millones que dice tener Bacchiani?

1.145 camionetas Toyota Hilux, que en el mercado tienen un valor de $ 7,1 millones.

7,4 millones  de kilos de asado que podría servirse a poco más de 3,5 millones de personas.

Cubrir la planilla salarial de un mes de empleados públicos y le quedarían al Ejecutivo $ 1,5 millón.

Podrían abonarse el básico de $ 90.000 a unos 115.000 empleados de comercio de la provincia.

Se lograrían construir 2.300 viviendas del IPV, cuyo valor unitario es de   $ 4,5 millones.

Los fondos alcanzarían para edificar dos penales de Benjamín Paz, de $ 5.000 millones cada uno.