El vicegobernador interino Osvaldo Jaldo estalló cuando se enteró del crimen del cadete Guillermo Sahad ocurrido hace menos de una semana en Barrio Norte. Convocó a una reunión al ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa. En el encuentro, el tranqueño pidió explicaciones y exigió resultados. Cuentan que no hubo plazos, pero sí una clara advertencia de que esto no podía repetirse.

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Este caso movilizó a los tucumanos. No hay dudas de que el homicidio es un cachetazo a la realidad para el tranqueño que puso la cuestión de seguridad entre una de las prioridades de su gestión. Sahad fue asesinado cuando varias encuestas nacionales publicadas en los últimos días dan cuenta que los argentinos están más preocupados por la inseguridad que por la inflación. Los números son claros: ocho de cada 10 habitantes de este país pretenden vivir seguros. Jaldo lo sabe perfectamente y un hecho de estas características lo saca de las casillas. En su lista de prioridades aparecen dos puntos: combatir el delito e impulsar la obra pública.

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La prevención del delito es la base de cualquier plan de seguridad para intentar bajar los índices delictivos. Y que se haya registrado un homicidio en ocasión de robo es un duro golpe por algunas situaciones particulares. En cualquier ciudad importante del mundo, la Policía debe prestar atención a las zonas donde existe un mayor movimiento económico y con una fuerte oferta de divertimento, como lo es Barrio Norte. ¿La razón? En esos lugares se pueden concentrar la mayor cantidad de potenciales víctimas.

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Existen antecedentes del caso Sahad. A una cuadra de donde se registró el hecho fue asesinada la docente Paola Tacacho. Muy cerca de ahí resultó herido de un balazo el propietario de un bar que intentó evitar que le robaran la moto. Y la zona también fue centro de un violento arrebato cuando una joven fue arrastrada por la vereda hasta que su cuerpo chocó contra una columna. Y todas estas situaciones, que son las que se conocen, podrían haberse evitado si es que en el lugar hubiera estado parado un efectivo de la Patrulla Urbana. Nada ha cambiado porque la presencia policial sigue escasa en el lugar.

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Críticas

El imputado por el crimen del cadete Cristian González tenía varios antecedentes por diferentes hechos. El último de ellos fue en agosto cuando fue acusado de un homicidio, pero terminó siendo sobreseído porque se demostró que actuó en defensa propia. Fue detenido al menos ocho veces por delitos (con varias estadías en el penal de Villa Urquiza), pero recibió una sola condena: una probation, es decir, que prometió no volver a delinquir para evitar una pena. No es la primera vez que sucede algo así. Walter Regudero fue condenado a 23 años de prisión por haber asesinado a la enfermera Luisa Mansilla el 8 de febrero de 2021, cuando esperaba tomar el ómnibus en avenida Siria y Paraguay. El joven también había accedido a una medida de estas características por el robo de un celular. ¿Es culpa de la Justicia o del nuevo código procesal penal? No. Aquí influye la enorme mora judicial de años anteriores. Ambos acusados tienen causas pendientes, pero con el viejo digesto, con el que está en vigencia, fueron sentenciados por primera vez. Sus casos navegan en un mar llamado régimen conclusional en el que hay más de 30.000 expedientes sin resolver. Y ahí se podría encontrar varios de los males que sufren los tucumanos en materia de seguridad. Ya lo dijo Alberto Lebbos: “en esta provincia es fácil delinquir porque no todos reciben una pena”.

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Como sucede cada vez que se registra un caso tan resonante como este, nuestros dirigentes salen desesperados a pedir explicaciones y disparar cuestionamientos a todos lados, fundamentalmente, contra Jaldo y su ministro Agüero Gamboa. Hasta el tiktoker Enrique Romero, que en realidad es subsecretario de Tránsito del municipio capitalino, habló de los problemas que genera el consumo de drogas en la provincia. ¿Cuántas leyes para combatir la inseguridad se aprobaron en lo que va del año? ¿Cuántas veces se reunieron los representantes de los tres poderes del Estado para buscar soluciones? ¿Se están haciendo políticas de seguridad o se hace política con la seguridad? Cada uno tendrá sus respuestas. Uno de los cadetes que organiza las marchas pidiendo justicia por su colega la tiene: “recién ahora todos se cuelgan de su muerte”.