Juan María Segura
Experto en Educación
El país tiene un plan educativo nacional, o algo parecido. Eso es lo que indica la resolución n° 423/22, publicada por el Consejo Federal de Educación el 19 de abril pasado. En ella se establecen los lineamientos estratégicos para la República Argentina 2022-2027 por una educación justa, democrática y de calidad, y se instruye a los responsables de la gestión de la educación escolar estatal, que son las 24 provincias o jurisdicciones educativas, a que elaboren planes bianuales en concordancia con las metas formuladas en la presente resolución.
Alarmas en la educación: de cada 10 alumnos que inician el secundario, solo cuatro terminanSi bien vuelvo a encontrar una tensión entre la cualidad federal de la gestión del alumnado escolar y la incumbencia del Ministerio de Educación de la Nación en la materia, debo reconocer que el documento es mucho más sustancioso que gran parte de lo publicado en años anteriores. No necesariamente es original o disruptivo, mucho menos pedagógicamente sofisticado, pero al menos es coherente, lo cual es mucho. Se para sobre un diagnóstico contundente de calidad de aprendizajes, infraestructura, financiamiento, conectividad y otros parámetros básicos, y desde allí propone un camino de rectificación para el próximo quinquenio. Anhela esta misma escuela que conocemos, pero funcionando mejor y más dotada. Es el camino de rectificación de esta escuela, y no de un sistema escolar novedoso.
Manzur: "No hay una sociedad más justa que la que invierte en educación"El plan posee tres pilares u objetivo basales, que son los siguientes. Primero, asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes al sistema educativo en todo el territorio nacional. Segundo, fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje para garantizar la calidad educativa de los estudiantes en todos los niveles y modalidades. Y, tercero, proveer los recursos necesarios para mejorar las condiciones en que suceden los procesos de enseñanza y aprendizaje. Acceso (equidad), calidad de aprendizajes y financiamiento, nada nuevo, pero no por ello menos importante.
Macri respaldó un proyecto para declarar a la educación como "servicio estratégico esencial"Para cada pilar u objetivo basal, se han especificado desafíos y estrategias, identificando en cada caso el indicador que se utilizará para medir el nivel de logro de cada desafío en comparación con metas concretas precisadas para los años 2023, 2025 y 2027. Para ejemplificar, frente al desafío de “mejorar los porcentajes de graduación en el nivel secundario”, se desplegará la estrategia de “ofrecer recursos educativos y materiales que favorezcan el egreso de los y las estudiantes del nivel secundario”. Con ello se busca lograr una “ de egreso de nivel secundario” del 56% para 2023, del 70% para 2025 y del 89% para 2027. Sí, a nivel país. Por favor, exímame por el momento de hacer comentarios sobre estas metas, que solo las incluí para explicar cómo está elaborado el documento.
El ministro Lichtmajer participó de la reunión del Consejo Federal de EducaciónEl primer objetivo (acceso, equidad) presenta seis desafíos, el segundo objetivo (calidad de los aprendizajes) presenta 14 desafíos, mientras que el tercero (financiamiento) presenta ocho desafíos. Son 28 lineamientos claros y accionables, que configuran lo máximo a lo que nuestros dirigentes educativos pueden aspirar y lo mínimo con lo que pueden comprometerse. Le dejo la tarea de descargar el documento y leerlo con atención. A mi solo me gustaría concentrar la atención en algunos aspectos que considero preocupantes.
Primero, me preocupa que insistamos en la política del más, del mucho y de las cantidades incrementales, bajo el supuesto de que eso, en algún momento mágico, redundará en virtuosismo y en logros escolares. Más docentes capacitados, miles de metros cuadrados construidos, más escuela conectadas y digitalizadas, más salas para tres y cuatro años, más horas diarias de tiempo escolar, más computadoras y manuales, más egresados de los institutos de formación docente, más kits deportivos. Entiendo que esto, a su vez, deberá ir acompañado de más, mucho más presupuesto, ¿verdad? Suponiendo que esta estrategia mágica pedagógica del “más es mejor” funcionara, ¿acaso se podría financiar? ¿A qué área el Estado le sacará 1 o 2 puntos del PBI para hacer frente a este despliegue de metas y voluntarismo?
Segundo, me preocupa que establezcamos con liviandad que algunos ratios, metas o indicadores puedan ser modificados radicalmente en solo cinco años, si es que llevamos décadas gestionándolos cada vez peor. Bajar la tasa de abandono entre primaria y secundaria al 16,5%, luego al 10% y en 2027 al 0%, ¿es posible? Aumentar la tasa de egreso en tiempo de la escuela secundaria al 56%, luego al 70% y finalmente en 2027 al 89%, ¿es realista? Aumentar el tiempo escolar del ciclo de primaria en el 60% de las escuelas, luego en el 80%, y en 2027 en el 100%, ¿es en serio? Deberíamos tener jornada extendida por ley desde el año 2010, y aquí estamos. Por supuesto que con la misma liviandad se trata a los logros en los aprendizajes, con alumnos de último año del secundario por debajo del nivel de desempeño en matemática en el 43% inicialmente, luego descendiendo al 38% y en 2027 reduciéndose a solo un 25% del alumnado. ¿Acaso los resultados del Operativo Aprender del 2019 no nos mostraban a una población escolar raquítica en términos de aprendizajes de matemáticas? Y luego vino la pandemia…
Finalmente, en tercer lugar, me preocupa especialmente que la medición de la calidad de los aprendizajes vuelva a realizarse solo muestralmente, perdiendo su condición censal. Si en algo habíamos mejorado nuestro debate educativo en los últimos años había sido sobre la base de disponer anualmente de datos censales educativos de todo el país, de todas las provincias, de todas las escuelas, públicas o privadas, rurales o urbanas. Recordemos que el artículo 97 de la ley 26.206 habilita al Estado a “esconder” (no hacerlos públicos, o que los conozca solo el Estado) datos de calidad de los aprendizajes de alumnos, docentes o escuelas que puedan ser utilizados para estigmatizar. Si bien existe actualmente un proyecto de ley del diputado Ricardo López Murphy que propone remover a las escuelas de este “ocultamiento”, lo que resulta evidente es que sin datos se hace muy difícil para la sociedad reclamar al Estado por una mejor educación. Si nos quitan el censo educativo anual, volveremos a discutir a los gritos y sin datos.
Como señalé al comienzo, tenemos un plan quinquenal educativo, y eso es auspicioso. Hacía mucho que no disponíamos de un documento tan extenso y elaborado de política educativa nacional, pensado y elaborado con convicción, no tengo dudas. Sugiero que utilicemos las 46 páginas de este texto para enmarcar un debate que nos debemos como sociedad. ¿Queremos que nuestros hijos/as, sobrinos/as, niños/as, jóvenes se entusiasmen con la idea de aprender, de reflexionar, de interpretar textos, de progresar, de programar, de construir, de crear, de expandir sus miradas y horizontes? Entonces debemos animarnos a discutir un sistema nuevo, y no solamente a pensar volutariosamente cómo hacemos para reparar el sistema actual.