Fueron los dos casos más resonantes de las últimas semanas. El desarrollo de sus procesos judiciales generó una importante polémica en nuestra provincia, a pesar de que recién se están iniciando y queda un largo camino por recorrer hasta que tenga una resolución definitiva. Por ese motivo, vale la pena analizar algunos puntos para entender la situación que se vive.
Los casos
El 25 de abril Armando José Zarlenga, cuando transitaba por la avenida Mate de Luna a bordo de una camioneta BMW arrolló y provocó la muerte de los rondines Joaquín Morales Franck Colombres y Maximiliano Saldaño. Fue detenido en el lugar y quedó aprehendido.
Caso Zarlenga: “Retener estos bienes es también cautelar el proceso”En los estudios se demostró que conducía alcoholizado (tenía 2,44 gramos de alcohol en sangre en el momento del siniestro. El estudio toxicológico reveló que se habían detectado metabolitos de cocaína en su organismo, pero no determinaba la cantidad. Luego, a través de una rinoscopía (solicitada por la misma defensa y realizada en un hospital público por pedido de la fiscalía interviniente) se determinó que no sería consumidor de esa sustancia.
Le repitieron la rinoscopía a ZarlengaSus defensores argumentaron que no había peligro de fuga ni posibilidad de que entorpeciera el desarrollo de la investigación, puesto que todos los elementos de pruebas ya habían sido producidos y sólo quedaban conocer sus resultados.
El auxiliar fiscal Gonzalo García entendía que sí había riesgos procesales al sostener, entre otras cosas, que el acusado tiene los recursos económicos para evadir el accionar de la justicia, planteo que fue apoyado por los querellantes. El juez Ortega le dio la razón y le dictó la prisión preventiva por 35 días.
Con 71 años, quedó detenido por el crimen del carreroEl sábado, según la acusación formal, Bartolomé Miguel Cajal hirió mortalmente de un escopetazo a la cabeza a Santiago Melián (28) cuando transitaba en un carro a tracción a sangre con la compañía de su pareja y el hijo de ambos, de tres años. La Policía, al descubrir quién había sido el autor del hecho, lo convenció para que se entregara y ahí quedó arrestado.
En la audiencia, el defensor del septuagenario Jesús Ruiz Flores pidió que por su edad debía otorgársele el arresto domiciliario. El auxiliar fiscal Juan Pablo Godoy, que actuó bajo las órdenes del fiscal Carlos Sale, indicó que hasta el momento de la realización de la audiencia, no se había presentado ninguna documentación que respaldara los dichos del profesional.
El acusado de matar al carrero tendrá dos meses de prisión preventivaEl acusador, como la defensa, coincidieron en señalar que no había problemas con el arraigo del imputado, pero sí planteó que faltaba entrevistar a varias personas y que sus testimonios podrían ser influenciados por el sospechoso.
El crimen del carrero y un caso de 2019Godoy también mencionó un fallo del juez Rafael Macoritto en que establece que la gravedad de un hecho puede transformarse en un elemento para incrementar el peligro de fuego. “Y aquí estamos ante un hecho grave. Un hombre que a plena luz de día disparó contra otra persona sin importarle que estaba acompañado por su pareja y una criatura y que estaba en una una zona con mucho movimiento porque era cerca del mediodía”, insistió el representante del Ministerio Público Fiscal.
El patrocinante de Cajal, por su parte, indicó que su defendido tenía severos problemas renales por lo que no podía estar encerrado en un calabozo. Para demostrar sus dichos presentó un certificado de discapacidad y una historia clínica realizada en 2018. Sin embargo, no puso a disposición ni un informe sobre el tratamiento y los cuidados que debía recibir.
En el expediente sólo constaba el diagnóstico realizado por el médico forense, que establecía que el acusado podía quedar detenido siempre y cuando se le permita realizar las diálisis que se le habían ordenado, por lo que Godoy rechazó los planteos de la defensa. El juez Bernardo L’Erario coincidió con el representante del MPF y le dictó la prisión preventiva por 60 días.
La imputación
Zarlenga está imputado por el delito de homicidio culposo, que contempla una pena de entre tres y seis años de prisión, es decir, que puede ser de cumplimiento condicional. Su situación procesal podría complicarse si se le cambiara la acusación de homicidio simple por dolo eventual, tal como pretenden los querellantes. Esto se tiene que definir en una nueva audiencia donde se le deberá reformular los cargos.
Cajal, por su parte, está acusado de homicidio simple, con el que podría recibir una pena de entre ocho y 25 años. Se trata de un delito más grave y podría ser más dura la condena si se comprueba que estuvo esperando al carrero para atacarlo.
Los investigadores confirmaron que hay una denuncia por robo del imputado en contra del carrero, pero fue realizada tiempo atrás (no se informó con exactitud cuándo). Por otra parte, fuentes de las agrupaciones de veteranos de Malvinas descartaron que haya sido un ex combatiente, como se rumoreó.
Impugnación
Los defensores de Zarlenga consiguieron que en impugnación el juez Facundo Maggio le dictara el arresto domiciliario. El acusado deberá cumplir los 35 días de preventiva en su casa del country de Yerba Buena, con monitoreo de pulsera electrónica y control policial periódico.
El magistrado que tomó esta resolución entendió que Ortega no había fundamentado cuáles eran los riesgos procesales que esgrimió para disponer que siga detenido en un calabozo.
El defensor de Cajal impugnó la resolución y en los próximos días se resolverá su situación procesal. El juez L’Erario, antes de finalizar la audiencia, le recomendó al profesional que “prepare la documentación respaldatoria de los fundamentos que esgrimió aquí y que no fueron suficientes para aceptar su pedido”. El final de este caso quedó abierto.