“Acá no hay usurpadores”, sostuvo Bernabé Aráoz, abogado de las 80 familias que están a punto de ser desalojadas de sus viviendas en Las Mesadas, El Cadillal. La causa está en manos de la Justicia y, mientras tanto, los vecinos luchan contrarreloj en procura de una solución, ya que en un plazo de 30 días deberían abandonar su casa de manera definitiva.

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“Esta gente fue engañada. Se enteraron a través de una sentencia que quienes les vendieron las propiedades eran personas a las que no les correspondían las tierras. Pero estas familias son compradoras de buena fe”, sintetizó el letrado. Entre la documentación presentada, los vecinos expusieron boletos de compraventa, papeles de prescripción adquisitiva, planos de mensura y poderes que los presuntos vendedores les habían aportado al momento de la transacción.

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Al enterarse de la intención de desalojo, los vecinos recurrieron a la contraparte para intentar llegar a un acuerdo. “Al tomar conciencia de esta sentencia, mis clientes se comunicaron para intentar comprar estas tierras nuevamente. Realizaron una tasación a cargo del presidente del Colegio de Martilleros que arrojó un monto de $ 14 millones por las tierras”, detalló Aráoz. Por su parte, la parte demandante solicitaba un monto mayor. “La familia que hoy reclama las tierras pide $ 150 millones. Es impagable, esta es gente humilde”, agregó.

Además, el abogado se refirió a los derechos de propiedad de los vecinos alegando que, además de comprar los terrenos, realizaron construcciones y refacciones en la zona. “Las tierras, sean o no reconocidas a esta familia que las reclama, cuentan con un valor de construcción y adquisición que mis clientes realizaron para que sean habitables”, manifestó.

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Aráoz indicó que hay dos procesos en marcha: “primero hay una acción de amparo con una medida cautelar para tratar de frenar el desalojo. También una medida de aseguramiento de prueba para determinar el verdadero valor de la tierra”. Estas dos causas fueron presentadas, por error, en diferentes juzgados. Uno de ellos, el Juzgado N° 2 Civil Comercial Común, no cuenta con un juez disponible para tratar el caso, por lo que se solicitó que el expediente sea transferido por conexidad.

En tanto, los días avanzan más rápido que el proceso judicial. Si no se llega a un acuerdo, las 80 familias de Las Mesadas deberán abandonar el terreno. “Se produciría de manera inminente el desalojo, no hay forma de frenarlo”, aseguró Aráoz. El domingo los vecinos se movilizaron en la ruta por la que se accede al embalse. Al día siguiente fueron recibidos en Casa de Gobierno. “El Gobierno entiende que hay un proceso judicial que hay que respetar y nosotros coincidimos. Ellos van a intervenir intentando hacer que este proceso se movilice”, dijo Jorge Baisi, vecino representante de las 80 familias.

“Estamos dispuestos a pagar un precio razonable, no esperamos que las cosas sean gratis. Sólo estamos defendiendo nuestro derecho a no ser estafados una segunda vez”, advirtió. (Producción periodística: Bárbara Nieva)