La situación de Edgar Adhemar Bacchiani se va complicando día tras día. Mientras promete devolver el dinero de los inversionistas, trascendió que en 2000 la Justicia ordinaria de Catamarca ordenó que sea investigado por el homicidio de una mujer ocurrido en 1999. Sin embargo, no se conocen detalles sobre cómo prosiguió la causa en su contra.

En su edición de ayer, el diario “El Ancasti” publicó el hecho que se registró el 9 de abril de 1999. Celia Molina vivía con su hijo Sergio Gustavo Martínez y sus dos hijas, Sandra y Sonia Carina, habitaban otros domicilios.

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Ese día, había recibido la visita de tres personas. Según la investigación, se produjo una discusión que terminó cuando la mujer fue atacada con un elemento con el que le produjeron cortes en los antebrazos y cuatro heridas en el cuello, las que le provocaron la muerte.

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El cuerpo fue depositado en el dormitorio que ocupaba Sergio Gustavo y luego el o los atacantes incendiaron dos dormitorios. El juez de instrucción Marcelo Soria, que investigó el caso, concluyó que el fuego había sido iniciado intencionalmente para despistar a los investigadores. En esos días, una testigo dijo que su hija Sandra se había presentado en la casa de su madre junto a otra pareja. La joven, que estaba embarazada fue detenida días después y acusada del crimen.

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El caso llegó a juicio al año siguiente y en las audiencias no prosperó ninguna prueba en contra de la acusada, por lo que los jueces Juan Carlos Sampayo, Carlos Alberto Roselló y Roberto Dionisio Mazzucco decidieron absolverla. Pero los magistrados ordenaron que se investigara a Bacchiani y al empresario Jesús Cardo (regenteaba un casino en la vecina provincia) por ser el empleador del esposo de la víctima.

En el debate surgieron indicios en contra del CEO de Adhemar Capital. De acuerdo al informe publicado por el diario catamarqueño, Bacchiani había mantenido una importante deuda con el hijo de la víctima, su socio en un emprendimiento de venta de vinos. El diario también publicó que un día antes del homicidio, el ejecutivo citó a su ex amigo para saldar la deuda, pero nunca se presentó. Lo mismo sucedió el día en el que se registró el hecho, pero en esta oportunidad, la reunión debió realizarse en el mismo horario en el que se cometió el crimen.

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Hasta el cierre de esta edición no se pudo confirmar cuál es el estado de esa causa, pero todo parecería indicar que el empresario nunca fue investigado, por lo que el caso habría quedado impune, ya que el caso podría haber prescripto por el paso del tiempo.

Promesas

Mientras se conocía este detalle de su vida, Bacchiani amplió su declaración indagatoria ante el juez federal catamarqueño Miguel Contreras. Según trascendió, el CEO le habría dado más detalles al magistrado sobre el modelo de negocios que desarrollaba. También aseguró que en un plazo de entre 120 y 150 días para devolverle a los inversionistas el dinero que le había entregado con los intereses pactados.

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“Reconoció cuáles fueron problemas que tuvo para devolver el dinero. Solicitó que se le mejore su situación procesal en 72 horas podrá comenzar con la devolución de todos las personas que le entregaron dinero”, explicó su defensor Lucas Retamozo. “Todo esto será vigilado por el juzgado que investigará el origen de los fondos que le entregaron”, añadió el profesional.

Retamozo explicó que, dentro de ese plan de devolución, tendrán prioridad las personas que tienen problemas de salud y las que invirtieron a partir del 15 de noviembre.

La misma estrategia planteó cuando se presentó el viernes ante la fiscala cordobesa Valeria Rissi que investiga las casi 100 denuncias que hicieron en su contra. Según trascendió, en este caso puntual, el ejecutivo se habría comprometido a formalizar un plan de pago a partir del jueves con los damnificados de esa provincia.

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Alfredo Aydar, que representa a los inversionistas tucumanos, le confirmó a LA GACETA que están en tratativas para llegar a un acuerdo con 50 personas, pero que tiene otras 400 esperando por un convenio. “Bajo ningún aspecto esto significa que terminará la investigación en su contra. Debe responder por los delitos de haber realizado intermediaciones financieras sin autorización, asociación ilícita y lavado de activos”, señaló el profesional en una entrevista con nuestro diario.

“En los próximos días presentaremos más denuncias en contra de ellos. Allí también aparecerán los nombres de otros asesores de ventas y de profesionales que tuvieron un rol activo dentro de las maniobras que realizaron”, informó Aydar. “Bacchiani seguramente sea el mayor estafador de Latinoamérica. Hablamos de U$S 400 millones en un cálculo estimado del total de la estafa, pero me dijeron que con ese monto me quedo corto”, señaló el profesional en la entrevista que le hizo Leo Noli en “Dale Play”, el magazine de “LG Play”.

Nuevo pedido

Por otra parte, Bacchiani volvió a insistirle al magistrado que necesita recuperar la libertad para poder seguir trabajando para devolverle el dinero a los inversionistas. Su abogado Retamozo solicitó la excarcelación, pero fuentes judiciales informaron que se le podría dar el arresto domiciliario. Aydar ya presentó un escrito oponiéndose a este cambio de modalidad de detención. La resolución se daría a conocer entre hoy y mañana.

La situación procesal del CEO podría definirse en el momento que se inicie otra demanda judicial en su contra. En esta oportunidad, sería en Corrientes, donde habrían aparecido ahorristas que anunciaron que lo denunciarían por haberse quedado con los millonarios montos que le entregaron.

Hasta aquí, tiene causas abiertas en Catamarca (el juez Contreras decidió unificar las denuncias que se presentaron en Tucumán) y Córdoba, donde la justicia ordinaria de esa provincia niega declinar la competencia. Adhemar Capital tenía oficinas en estas tres provincias, pero habría operado de manera personal o a través de otras financieras en La Rioja, Mendoza, Salta, Jujuy, Río Negro, San Luis, Buenos Aires y Santa Fe.