Los tucumanos Lucas Barrera Oro y María Lihue Banegas, quienes se desempeñaban como empleados de la financiera Adhemar Capital, se presentaron ayer en Catamarca junto a sus defensores, Javier Lobo Aragón y Aníbal Paz, para declarar ante la Justicia Federal de esa provincia. Días atrás había declarado también la gerente de la sucursal tucumana, Sofía Esther Aylan.

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“Estoy mucho más tranquilo porque pude decirles a los funcionarios judiciales que yo fui un mero empleado y que no tenía conocimiento de lo que hacían con el dinero que recibían ni que se estaba montando una gran estafa”, le dijo Barrera Oro a LA GACETA.

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Banegas, por su parte, sintetizó: “esperaba ansiosa este momento para demostrar que no tengo nada que ver en todo lo que se me acusa. En tribunales nos trataron bien y nos permitieron contar nuestra verdad”.

Postura defensiva

“En cuanto a su declaración, ambos pusieron en conocimiento a la Justicia que el único vínculo que tenían con la empresa era el de empleados y que no tienen ningún poder de disposición sobre la firma”, comunicó Lobo Aragón, quien defiende a los encartados por delitos de índole económica. “Ellos cobraban un sueldo, el cual dejaron de percibir en el mes de diciembre y por lo cual se enviaron los correspondientes telegramas a los fines de que se dé cumplimiento al pago de esos salarios y se aclare su condición laboral; pero hasta ahora ninguna fue contestada”, agregó.

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El defensor explicó además que las declaraciones de sus pupilos fueron espontáneas y que después de haber escuchado que fueron imputados por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, no respondieron preguntas, pero anunciaron que cuando tengan el expediente en sus manos solicitarán ampliar la declaración.

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Lobo Aragón valoró que “ambos se encuentran a entera disposición de la Justicia y, a nuestro entender, eso se tuvo en cuenta porque se solicitaron únicamente medidas de menor intensidad a diferencia de las personas que sí están privadas de su libertad”. La gerente Aylan -quien se abstuvo de declarar- no corrió con la misma suerte, y la Justicia ordenó su detención aunque en la modalidad de arresto domiciliario. Ella deberá responder junto con el CEO Edgar Adhemar Bacchiani, José Blas y Franco Sarroca (los cuatro fueron detenidos) a la acusación por asociación ilícita, lavado de activos, defraudación e intermediación financiera no autorizada.

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Los defensores confiaron además que entregaron todas las cartas documento que le enviaron a la empresa por no haberles pagado a Banegas y a Barrera Oro desde diciembre y las constancias donde quedó registrado que se quedaron sin cobertura de obra social desde enero por la falta de pago de sus empleadores.

Reacción

Fuentes judiciales informaron que Bacchiani, quien el lunes había declarado su inocencia y pedido la excarcelación, solicitó ampliar su indagatoria y en las próximas horas podrían surgir novedades.

El pedido del CEO se dio luego de que Barrera Oro, Banegas, Héctor Sagripanti Orellana y Pablo Antonio Sosa declararan. En la primera oportunidad pidió que le permitieran volver a casa y recuperar su teléfono para poder cumplir con pagos pendientes.

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Desacuerdos: disputa judicial entre Catamarca y Córdoba

La causa avanza en medio de una disputa jurisdiccional entre la justicia cordobesa y la justicia federal de Catamarca. Ambas abrieron una investigación sobre el caso y en los últimos días se generó un conflicto por el secuestro de un celular (quedó en manos de Córdoba). Mediante una denuncia efectuada en la Corte Suprema de la Nación, la fiscalía cordobesa planteó que el juez federal Miguel Ángel Contreras estaría entorpeciendo la investigación por falta de celeridad en la toma de medidas. El secretario penal federal, Luis Baracat, dijo al diario El Ancasti: “se llevaron (a Córdoba, tras allanamientos) todas las cosas que quisieron . ¿Cuál sería nuestro entorpecimiento?”.