En su libro “Atrápame si puedes. El secreto de la inflación argentina”, la economista e investigadora Victoria Giarrizzo plantea que la inflación es como la fiebre para un enfermo, que siempre está amenazante, como señal de que algo está mal. “La inflación es la manifestación de problemas más graves que están enquistados en el corazón político, productivo, social y cultural del país”, explica. Y enumera: mientras el movimiento ascendente de los precios no ceda, esa inflación se transforma en un proceso nocivo para los trabajadores, para las empresas, para las familias. En definitiva, es un verdugo que empobrece y altera la vida cotidiana de la sociedad, que roba el ahorro de quienes no saben protegerse, que retrae la inversión y que obliga a estar pendientes del dólar, otra herramienta de protección de capital adoptada como deporte nacional.
En las últimas ocho décadas, la Argentina acumula 35 años con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual mayor al 30%. Este 2022 no será la excepción a juzgar por la evolución inflacionaria del primer trimestre y sin un programa antiinflacionario claro que vislumbre un marcado descenso hacia el futuro. Ante las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), que observan que la suba de precios es el Talón de Aquiles del programa acordado con el Gobierno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, no tuvo más que reconocer ayer en Washington que “los principales desafíos en este momento son la inflación y la distribución”. Y, al mismo tiempo, puntualizó que la “Argentina tiene sus propios factores internos pero, además, la guerra en Ucrania ha agregado presiones significativas” por el aumento de precios internacionales en alimentos y en energía.
La inflación crece y se consolida como el factor más peligroso e inestable de la crisis económica, plantea un relevamiento de Escenarios, una consultora especializada en opinión pública y estrategia política. Para sus encuestados, se trata del problema principal del país (41%), seguido desde bastante más lejos por la corrupción (21%). Pero si se pregunta por los tres principales problemas actuales del país, la inflación es mencionada por el 83% de los encuestados, lo cual revela una preocupación más estructural y colectiva donde la Argentina inflacionaria impacta sobre toda la trama económica, desde la producción hasta el consumo, señala el diagnóstico elaborado por la firma dirigida por los analistas políticos Federico Zapata y Pablo Touzon.
La corrosión inflacionaria va en línea con un pesimismo económico generalizado. La marcha general del país registra una insatisfacción acumulada del 82% de los encuestados, y la idea de una crisis duradera sin salida a mediano plazo predomina frente a los que piensan en una crisis más fácil de resolver, remarca el sondeo al que accedió LA GACETA. La situación actual de la economía del país tiene una desaprobación acumulada (mala/muy mala) del 78%, y las perspectivas positivas para 2023 son escasas: solo el 13% de los encuestados considera que la economía estará mejor en 2023.
La encuesta parece reflejar una acusación hacia “los que gobiernan” por la falta de una “política de resultados”, principalmente en el terreno económico. Esta cuestión se confirma ante la pregunta por las cualidades que debería ostentar el poder presidencial para sacar al país de la crisis, evalúan los expertos. La mayoría de las respuestas de los encuestados se concentra en dos valores: eficiencia (44%) y firmeza (34%). La eficiencia tiene que ver con el problema del gasto político, pero también es una lectura social sobre la ineficacia del Estado para generar políticas públicas que impacten con resultados verificables sobre los problemas concretos de la población. El reclamo de firmeza apunta al núcleo de las tensiones y fisuras que aquejan hoy al gobierno y al Frente de Todos: la ausencia de un poder “albertista” que resuelva, expone el trabajo.
Los precios de los alimentos siguen subiendo y el panorama no parece mejorar. Además de haber sido la variación mensual más alta de los últimos 20 años, refleja una considerable dispersión de precios relativos, propia de un régimen de alta inflación, advierte Invecq Consulting. En estos casos se pierden las referencias y, más particularmente en el contexto actual, esto se profundiza por el accionar de un Estado que pone parches a medida en diferentes áreas y sectores con una ausencia completa de un programa general y consistente de todas las variables de la economía, agrega la consultora dirigida por el economista Esteban Domecq. En efecto, al analizar el aumento acumulado del primer trimestre del año, que alcanzó el 16,1%, se observa que de las 12 divisiones de bienes y servicios que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ocho tuvieron variaciones que distan en al menos tres puntos porcentuales del nivel general. Adicionalmente, el tipo de cambio oficial escaló solo un 7,5% en los primeros tres meses del año, menos de la mitad de la suba del resto de los precios de la economía. Es decir que la dinámica inflacionaria se está despegando notablemente de la dinámica cambiaria y tomando “vida propia”.
Dentro de este desigual aumento de precios, los alimentos fueron los que sufrieron el mayor incremento, escalando un 20,9% en el trimestre. Por eso, se observa una marcada correlación con la Canasta Básica Alimentaria, la cual se incrementó en igual proporción. De esta manera, en una familia tipo necesitó $ 40.000 para no caer en la indigencia, y $ 90.000 para no ser considerada pobre.
Frente a ese escenario, si bien es probable que el dato de marzo haya sido el más alto del año, no hay razones para creer que en el corto plazo se logre una baja considerable de la inflación. “Aunque el Banco Central está llevando adelante un apretón monetario, con una caída de $ 140.000 millones de la Base Monetaria en el primer trimestre, sus efectos no van a ser visibles en lo inmediato y puede que nunca llegue a concretarse si las variables fiscales no evolucionan a la par de las monetarias como parece ser la tendencia”, explica.
Al mismo tiempo, la política de suba de tasas tiene un límite, ya que incrementos elevados pueden generar expectativas de mayores aumentos de precios futuros, posicionándose como única ancla nominal de corto plazo, señala la consultora. Por el lado del Tesoro, el principal y casi único medio que ha encontrado para captar fondos han sido los bonos CER, atados a la inflación. Sin dudas, el mercado percibe dificultades en el horizonte macroeconómico, por lo que demanda estos instrumentos indexados que ya totalizan un stock de U$S 71.000 millones, un nuevo estímulo para la emisión futura y posterior inflación, puntualiza. A esto se agregan noticias que sí tendrán un impacto directo sobre la inflación, como aumentos en el programa de Precios Cuidados, subas en los montos de la Tarjeta Alimentar, y el paquete de asistencia social con el “refuerzo de ingresos”.
“Todos ellos buscan mitigar el efecto que la suba de precios tuvo sobre las clases bajas, pero suman más presión aun a la inflación”, alerta. A lo que se agrega el efecto del dólar, que se mantuvo relativamente estable hasta marzo, pero en abril ya acumula casi un 3% de suba y profundiza esta tendencia alcista para no quedar atrasado respecto a los niveles acordados con el FMI. Mientras se mantenga la alta inflación, y se consolide el fortalecimiento del dólar por la suba de tasas de la FED y consecuente pérdida de valor de las monedas de la región, mayor será la necesidad de devaluación del peso, con su peligroso traspaso a precios, advierte Invecq. Pero más directo y claro es lo que está sucede con las paritarias, que se están acomodando a un escenario de inflación piso del 60%.
“Todos estos factores hacen pensar en una inflación no menor al 5% en abril, y persistentemente alta en el corto plazo, alejándose cada vez más del 43% anual planteado en el acuerdo con el FMI, tan solo unas semanas atrás”, finaliza.