La integración del Consejo de la Magistratura de la Nación pasó de ser un proceso institucional para normalizar y agilizar su funcionamiento -de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que repuso la composición de 20 miembros-, a un trámite político vinculado a los intereses del poder de turno, especialmente a partir de la decisión de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de dividir el bloque del Frente de Todos en el Senado para impedir que un opositor se sume al organismo de selección por la segunda minoría.

La iniciativa de la ex presidenta bordea los límites de la legalidad y de la legitimidad y pone en el centro de la escena, nuevamente y más allá de las derivaciones institucionales, el porqué de los intereses de la dirigencia política en cooptar el funcionamiento de la Justicia. Sin embargo, no se puede reducir la picardía de la presidenta del Senado a su disputa con la Corte Suprema por el manejo del Consejo de la Magistratura, porque eso pone en foco los juegos políticos por encima de mejorar la calidad institucional del sistema republicano, por el que la clase dirigente, con responsabilidades en la administración del Estado, debería dedicarse a pleno.

Si por intereses particulares se priorizan los objetivos políticos, como pueden ser tratar de que no avancen determinados procesos judiciales o que se frustren y se anulen, lo que se debilita finalmente son las instituciones del Estado, porque se reduce su funcionamiento a ser meros ejecutores de intereses particulares. Así el bienestar general queda relegado a un plano secundario, acrecentando colateralmente el malestar ciudadano en contra de la clase dirigente. Si bien la preocupación mayoritaria para por la crisis económica y social, estas situaciones incrementan el descontento con la clase política.

Si se tiene en cuenta que el objetivo central del Consejo de la Magistratura es la designación de jueces y de fiscales mediante concursos públicos y proponer las ternas para el nombramiento de magistrados en los tribunales inferiores, cabe observar la acción del oficialismo en la Cámara Alta en función de los intereses personales y particulares de la vicepresidenta, no para mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura sino para incidir con una mayoría de integrantes en las decisiones finales.

Es notable el interés político, en este caso del Gobierno nacional, por la composición del Consejo, cuya integración se pretende que sea lo más equilibrada posible para que sus resoluciones fortalezcan la independencia del Poder Judicial. Así se justifican las dudas sobre las verdaderas motivaciones del oficialismo a partir de la decisión de fracturar el bloque mayoritario para, en una jugada cuya legalidad está en duda, tenga mayor incidencia en el Consejo de la Magistratura.

El mejoramiento de la calidad institucional del país es un debate que aún se debe la dirigencia y la conducta de la vicepresidenta pone nuevamente en agenda esa discusión. Lamentablemente, las repercusiones políticas por la división en el Senado no irán por el lado de reabrir ese debate, sino que más que nada se quedarán en la pelea que alimenta la grieta por lo que hizo Cristina Fernández. Sin embargo, esta picardía política de la vicepresidenta podría servir para analizar de qué forma se puede mejorar el funcionamiento de las instituciones, con reglamentos sin resquicios legales para que no puedan ser vulnerados por acciones que persiguen beneficios individuales o sectoriales. En ese sentido, la política está en deuda con la democracia argentina, ya que hay jugadas, como esta, que debilitan aún más el sistema.