Un simple cambio de nombres en la titularidad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) no aplacará la ola de reclamos de sectores de esa industria contra la política que se viene implementando en el sector desde que asumió el nuevo Gobierno, en una línea de continuidad de lo que ocurrió durante el macrismo.

Los cuestionamientos que recibió Luis Puenzo a su gestión, principalmente de realizadores independientes (no ligados a los grandes estudios) y documentalistas (los más olvidados en la distribución oficial de subsidios y promociones en los últimos seis años), hicieron eclosión en la marcha que se organizó el lunes contra la sede de la institución, que tomó dimensión nacional por la represión policial. Pero las voces suenan fuerte desde mediados de 2020, en el área de la cultura que peor fue atendida durante la pandemia.

El descontento expresado en la calle tuvo como consecuencia la destitución del afamado director (ganador del Oscar a la mejor película extranjera de 1985 con “La historia oficial”): ese es el único término adecuado para el Decreto 183/2022 -firmado por el presidente Alberto Fernández y publicado en la edición de ayer del Boletín Oficial- a través del cual se dispuso el cese de Puenzo al frente del Incaa. No se escribió en la fría letra de la disposición ni siquiera la fórmula de cortesía de agradecerle la labor prestada desde diciembre de 2019.

La relación entre Puenzo con el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, estaba rota desde antes de los recientes incidentes. Cuando le expresó que el Presidente quería su renuncia, se negó a dejar el cargo. Ayer, en su reemplazo, asumió quien hasta ahora era su segundo del Incaa, Nicolás Batlle, pero se considera que lo suyo será un interinato hasta que llegue el nuevo titular. Para ese puesto se menciona a Lucrecia Cardozo, quien condujo el organismo entre 2014 y 2015 y actualmente es secretaria de Desarrollo Cultural. Su identificación con el kirchnerismo no le pesaría en contra al tiempo de la designación por parte de Fernández, porque el mismo Bauer se referencia con la vicepresidenta (no así Puenzo). En la crisis política del año pasado tras la derrota del oficialismo en las PASO, el ministro puso su cargo a disposición del Presidente, quien lo ratificó.

Si lo de Cardozo no prospera, suena otra mujer: Vanesa Ragone, presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, que llegaría con el aval del grupo más poderoso del cine nacional, pero sin tener la plena confianza de los sectores que se movilizaron hace pocas horas.

Sea Batlle o cualquiera otra persona la cabeza del Incaa, el volcán sigue activo: se exige asegurar el presupuesto del ente con la derogación de la ley que dispone que en diciembre se pierda su fuente de financiamiento (lo mismo pasará con los Institutos del Teatro y de la Música) y redefinir su ejecución orientada al fomento del cine nacional privilegiando los proyectos que no se autosostengan económicamente (más a los independientes y documentalistas y menos a los grandes estudios). Esta es la pelea de fondo, que excede la de la vigencia de la ley. Y Batlle, en tanto haber sido parte de la gestión Puenzo, no da las garantías de cambio de esa mecánica distribucionista de fondos.