Un premio para aquellas personas que funcionen como informantes; el fin del secreto fiscal, y la colaboración del Gobierno de Estados Unidos figuran en el articulado del proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que busca que se cree un fondo en dólares a partir del blanqueo de bienes no declarados en el exterior para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La iniciativa fue presentada en la Cámara Alta, firmada por senadores del bloque del Frente de Todos que responden a la vicepresidenta, Cristina Fernández. Sin embargo, rápidamente recibió pleno aval por parte del presidente, Alberto Fernández, lo que implica que la totalidad del oficialismo se encolumnará detrás del proyecto.
Además, mediante una gestión de la propia vicepresidenta, que se reunió con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, ese país también estará involucrado en el cumplimiento de la eventual ley.
El proyecto señala -según una nota publicada en Infobae- que el aporte especial de emergencia se aplicará a los bienes que se encuentren en el exterior, que se detecten a partir de la entrada en vigencia de la ley y que no hayan sido declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Esto incluye, dinero en efectivo, inmuebles, acciones, participación en sociedades, fideicomisos instrumentos financieros (títulos, bonos, obligaciones negociables, ADRs y criptoactivos, entre otros).
La iniciativa prevé que una tasa del punitorio de un 20% sobre la totalidad de los bienes cuando se declaren en forma voluntaria, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley. Si los bienes se declaran después de ese semestre, el porcentaje alcanzará un 35%.
Si, por el contrario, son los técnico del organismo quienes, mediante una fiscalización, detectan estos bienes, la tasa subirá a un 50%.
El aporte, además, deberá ser transferido en dólares a una cuenta especial que dispondrá la AFIP.
Las autoridades de este organismo, en el marco de acuerdos con otros países en materia fiscal, podrá pedir a los bancos, a las sociedades o a los agentes de bolsa donde se detecten los fondos no declarados que actúen como agentes de recaudación del aporte y que lo transfieran a la cuenta designada.
Además de esto, se abre la posibilidad de que el Estado exija los tributos evadidos de otros impuestos nacionales (Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado y a Bienes Personales).
“El pago del impuesto es en dólares, algo sin precedentes, y se faculta a la AFIP a que designe vía embargo a realizar los pagos directamente por parte de los agentes de recaudación a los bancos extranjeros. No se diferencia el dinero proveniente del lavado de activos, ya sea por delitos de narcotráfico y o terrorismo, de patrimonios que se han obtenido de manera lícita y que pueden hasta haber tributado impuestos en su origen”, señaló Iván Sasovsky, CEO de Expansión, citado en la nota de Infobae, firmada por la periodista Ximena Casas.
El proyecto de ley prevé los casos de personas que hayan fijado residencia en el extranjero. Indica que si se detectan modificaciones de la residencia fiscal durante los tres años anteriores a la eventual entrada en vigencia de ley y se comprueba que se trató de una maniobra para desvirtuar el verdadero lugar de residencia, la AFIP podrá disponer que continúen siendo residentes hasta que se apruebe la baja solicitada.
Debido a las características del proyecto, los tributaristas advierten que podría tratarse de un blanqueo encubierto. En el artículo 16, por ejemplo, se enumeran los beneficios que tendrán quienes ingresen el aporte y renuncien a realizar reclamos: tendrán las eximiciones y liberaciones dispuestos en el “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”, conocido como blanqueo para la construcción.
“El proyecto prevee que se puedan liberar de otros impuestos en determinadas condiciones como una suerte de blanqueo, algo que el propio Gobierno indicó que no iba a hacer en el acuerdo con el FMI. Apenas firmado el acuerdo, el Gobierno apoya un proyecto que si se convirtiera en ley, lo estaría incumpliendo”, señaló Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, también citado en la nota de Casas en Infobae.
“Si alguien evadió, ya existen mecanismos para determinar las obligaciones tributarias y exigirlas como así también el Estado cuenta con información proveniente del intercambio multilateral automático de información sobre cuentas financieras”, agregó.
Premio
La iniciativa impulsada por el kirchnerismo contempla premios para personas o para entidades públicas y privadas -entre ellas, bancos o financieras- que brinden información sobre evasión por más de $ 15 millones. Será nominado como “colaborador”, y deberá estar a disposición para declarar de forma confidencial. El premio consiste en hasta un 30% del monto total recaudado e ingresado al Estado. El monto definitivo dependerá del grado de importancia de la información proporcionada.
“Los blanqueos del kirchnerismo nunca tuvieron la recaudación esperada, por eso el proyecto se basa en instalar el miedo como principal motor del proyecto. La redacción promueve premiar a quienes colaboren con hasta un 30% de la recaudado y el intercambio de información internacional. Si Estados Unidos no colabora, el proyecto nace muerto. Pero los intereses de cobrarle a la Argentina la deuda por parte de FMI pueden ser una llave sustancial para que este proyecto tenga algún efecto. (El presidente de ese país, Joe) Biden recurre a mecanismos similares, y está creando impuestos nunca antes vistos”, explicó Sasovsky.
Cómo funcionará el fondo para la cancelación de la deuda
Este fondo, que se generará a partir del impuesto de un 20% sobre los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior, regirá hasta la cancelación total de la deuda con el FMI. Se cobrará en dólares.
Sería administrado por el Ministerio de Economía de la Nación y supervisado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
En los fundamentos de la iniciativa puede leerse que se considera clave para el éxito del nuevo impuesto la colaboración del FMI y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la Argentina, para detectar los fondos en el exterior de residentes argentinos.
Según datos oficiales citados en el proyecto, al 31 de diciembre del año pasado se contabilizaban U$S 417.507 millones de ciudadanos argentinos en el exterior o fuera del sistema financiero local. De ese total, solo U$S 69.000 millones están declarados ante la AFIP, según la información del impuesto sobre los Bienes Personales de 2020.
En su nota, Casas señala que debido las dificultades del Gobierno para conseguir los votos en Diputados, el proyecto ingresará en el Senado. Los expertos tributaristas advierten que este circuito volvería “inconstitucional” la eventual norma, porque se trata de un impuesto y, como tal, debería tener origen en la Cámara Baja.