El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), creó una Comisión de la Memoria, el cual insta a las entidades descentralizadas de la Administración Pública a la reparación documental, como acto de desagravio a quienes se les consignó “erróneamente la causal de cese de sus funciones, cuando en realidad fueron víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado”.
De esta forma se busca saldar hoy una deuda pendiente con las personas que resultaron víctimas del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” que ocasionó el golpe de Estado de 1976.
Las autoridades del Conicet Noa Sur asumieron este compromiso y en 2021 se creó la delegación regional de la comisión, que ya cuenta con representación en dos de las tres provincias de cobertura del Centro Científico Tecnológico (CCT): Tucumán y Santiago del Estero, y próximamente se incorporarán agentes responsables en Catamarca.
Durante estos meses, se llevaron a cabo diversas líneas de acción tendientes a recuperar la memoria e identificar a las víctimas en el sentido amplio del término. No sólo a los y las que sufrieron la desaparición física, presos y sobrevivientes, sino también a quienes padecieron el exilio externo e interno, cesanteados, exonerados, dados de baja, renuncias inducidas, entre otros casos.
“En Tucumán hace un tiempo se venía planificando su conformación”, recuerda Ezequiel Del Bel, becario doctoral en el Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat, que fue convocado para integrar la delegación regional. Él es arqueólogo de profesión, y su abordaje doctoral se centra en los “Efectos socio-territoriales de la represión en poblaciones del sur de Tucumán”, en particular con los ojos puestos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de Famaillá (1975-1983), considerado el primer centro masivo y sistemático de implementación del terrorismo de Estado en nuestro país.
El doctor Ricardo Kaliman, vicedirector del Conicet Noa Sur, es especialista en Letras, e integrante de la Comisión Regional de la Memoria, expresa que “se creó para responder al demorado imperativo moral de restaurar la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado que, como está definitivamente probado, se enseñoreó en la sociedad argentina bajo el control de la dictadura militar que tomó el poder el 24 de marzo de 1976; y cuya siniestra operatoria se había iniciado en Tucumán al menos ya un año antes, como se puso en evidencia en la megacausa judicial sobre las acciones clandestinas desarrolladas en el marco del Operativo Independencia”.
Para lograr avances significativos, la Comisión solicitó la contribución de becaria/os e investigadore/as con experiencia en el estudio de esta temática, quienes comenzaron a recuperar el material documental disponible. “No obstante –resalta Kaliman - durante el período de relevancia en el que se sucedieron los acontecimientos, la presencia del CONICET en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca era más bien incipiente, por lo que la perspectiva de las indagaciones, en complementariedad con las universidades nacionales, se enfoca en el contexto más amplio de las incidencias ideológicas del terrorismo de Estado sobre la actividad científica en general, y sus consecuencias en los derechos, las expectativas y en la vida misma de quienes participaban de ellas”.
“Las trabajadoras y los trabajadores del pensamiento y de la ciencia no olvidamos -no podemos olvidar- que esta democracia que hoy vivimos, que nos alienta y por la que día a día luchamos, se ha construido y se sigue construyendo sobre el horror y la tumba desconocida que nos legó el terrorismo de Estado, infierno que en Tucumán se empezó a desatar ya en febrero de 1975, con el inicio del llamado Operativo Independencia”.
"Construyamos la memoria, con la verdad del horror, pero también de la esperanza del pensamiento crítico, transdisciplinar y con compromiso social, instrumento insustituible para la construcción cotidiana de la paz", cerró.