A pesar del descontento generalizado en el sector agropecuario, el Gobierno nacional mantiene firme su postura de suspender temporalmente el diferencial del 2% en los derechos de exportación de la harina y el aceite de soja, a través del decreto 790 del año 2020. A raíz de esto, las retenciones para estos productos pasaron del 31% al 33%. Por su parte, los productores rurales avanzaron con presentaciones legales, reuniones con legisladores nacionales en el Congreso y el próximo 30 de marzo marcharán para cristalizar su descontento ante este escenario que consideran adverso por el perjuicio económico que esto conllevaría.

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En relación a la manifestación de la semana próxima, Sebastián Murga, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), informó que la movilización no incluirá corte de ruta y será en la ciudad de Rosario de la Frontera, Salta. Allí se concentrarán los productores asociados a la entidad agropecuaria tucumana, dirigentes de la Sociedad Rural de Salta y otros sectores de la producción. “No vamos a cortar la ruta, pero sí vamos a salir a decir la verdad, a contarle a la sociedad que lo que expresa el Gobierno de la Nación no es verdad”, expresó el titular de la SRT en una entrevista con “LA GACETA Central”, el noticiero de LG Play.

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Por su parte, la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) recurrió ayer a la Justicia Federal para presentar una acción declarativa de certeza. De esta manera buscan que la Justicia se expida sobre la constitucionalidad de esta medida adoptada por Alberto Fernández. Presentado el escrito, solo resta que se le otorgue un número de expediente y se le asigne un juzgado. “El artículo 75 de la Constitución dice que es facultad exclusiva del Congreso legislar sobre materias impositivas y hace mención expresa a los derechos de exportación. Dice que solo se puede delegar esa facultad ante una emergencia. El Ejecutivo tenía esa facultad hasta el 31 de diciembre de 2021. Ahora esa ley está vencida, por lo tanto, no tiene facultades para modificar los derechos de exportación porque no hay marco legal”, habían precisado las autoridades de la entidad.

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El Congreso se hace eco

Carlos Achetoni (Federación Agraria), Nicolás Pino (Sociedad Rural), Elbio Laucirica (Coninagro) y Jorge Chemes (Confederaciones Rurales Argentinas), visitaron el Congreso en la jornada de ayer para reunirse con distintos bloques del arco opositor y trasladarles el malestar que provocó la decisión del Gobierno, en el marco de las medidas anunciadas para combatir el proceso inflacionario que daña a la economía y atenta contra el poder adquisitivo del salario.

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“Nos parece importante tener presente que toda modificación de impuestos debe pasar por el Congreso. En su momento se utilizaron facultades delegadas pero esa delegación, ya no se encuentra vigente porque la ley de emergencia no fue prorrogada al no aprobarse el Presupuesto. Entonces el decreto, que sube dos puntos más las retenciones, no puede ser dictado por el Ejecutivo”, manifestó la diputada Paula Omodeo a LA GACETA.

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La dirigente del partido CREO fue una de las representantes locales que acompañó a los dirigentes de la Mesa de Enlace en las diferentes reuniones que mantuvieron y sostuvo que del diálogo con estos sectores se acentuó que la discusión no debe centrarse en la existencia o el porcentaje de las retenciones. “Aquí se está discutiendo un modelo de país. Para que Argentina salga adelante hay que pensar reformas estructurales y la única idea no puede ser la de ir contra los sectores que producen. Es decir, tenemos el problema de la inflación, que la genera la emisión monetaria, la cual es generada por el gasto público y la única medida es la suba impositiva, utilizar herramientas como las del control de precios y la ley de abastecimiento”, enfatizó.

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En relación a las reuniones que mantuvo con los responsables de las principales entidades rurales del país, la legisladora de Tucumán remarcó que la palabra más repetida por los productores fue “previsibilidad”. “En este país, el sector productivo necesita reglas claras de juego, pero por parte de las autoridades vemos improvisación y la aplicación de las mismas recetas de siempre sin aplicar las reformas que hacen falta porque antes de bajar el gasto echamos mano al campo, echamos mano a los sectores que producen, subimos impuestos y no pensamos en el achique del Estado”, exclamó.

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Consultada por la posibilidad que el Gobierno acepte discutir este tema junto al campo, Omodeo fue contundente y advirtió que observa “poca capacidad de reflexión” entre los funcionarios nacionales. “Desearía que el Gobierno revise el plan que está aplicando porque así no vamos a salir adelante”, enfatizó. Y agregó: “lejos de esto, escuchamos hablar sobre la implementación de recetas muy viejas y amenazas con la aplicación de la ley de abastecimiento que ya no resulta posible porque sabemos que eso no tiene efectos beneficiosos en la población y justamente provoca todo lo contrario porque genera desconfianza”.

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En medio de las reuniones que mantuvieron con los responsables de la Mesa de Enlace, los legisladores de la oposición reclamaron también la situación en la que quedó inmersa la Cámara de Diputados de la Nación a partir de la interna del Frente de Todos. “El Congreso está prácticamente paralizado por la interna oficialista y eso atenta contra la conformación de las comisiones de trabajo”, indicó la diputada Paula Omodeo. En relación a esto, el dirigente radical Mario Negri cuestionó que la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que analiza los DNU, lleve más de 100 días sin constituirse.