Tal como se esperaba, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Yerba Buena envió al Concejo Deliberante el veto parcial de la ordenanza de Pacto Social. Los artículos vetados de la ordenanza son aquellos que se refieren al financiamiento del Concejo. Además, se promulgó la ordenanza parcialmente vetada, situación que terminó por generar quejas en el cuerpo legislativo del municipio.

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“A los efectos de garantizar el adecuado funcionamiento de la institución legislativa municipal, el departamento ejecutivo municipal deberá transferir a la cuenta del Concejo Deliberante, de manera automática, el 5% de lo percibido por la Provincia en cumplimiento del acuerdo de financiamiento reintegrable, dispuesto por la ley 7.974 y aprobado por la presente ordenanza”, decía el artículo cinco de la ordenanza que votaron los concejales hace 10 días, pero que fue vetado por el Ejecutivo.

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El enojo de casi todo el cuerpo legislativo se produjo, principalmente, porque una vez vetada parcialmente, el Ejecutivo promulgó la ordenanza sin antes pasar por el Concejo Deliberante para que los ediles debatan el tema nuevamente. Incluso aquellos concejales afines al gobierno del intendente, Mariano Campero, se mostraron muy disconformes con la situación y exigieron insistir en la revisión de la ordenanza.

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En los últimos años el Concejo Deliberante disminuyó el porcentaje que recibe del Presupuesto Municipal del 10% al 7% y, con esta nueva ordenanza, volvería a marcar una reducción del 7% al 5%, según explicaron los diferentes ediles consultados por LA GACETA. La diferencia en este caso estaría dada porque no se ejecutaba el total del 7% que le correspondía y, con esta ordenanza, el Concejo percibiría el total del 5% exigido. El Municipio, sin embargo, vetó este intento del Concejo de convertirse en una institución autárquica.

“Anteponen un veto que está mal aplicado y no lo deberían publicar. Se ha apresurado el Ejecutivo en promulgar una norma por la que falta que se manifieste el Legislativo en cuanto a si se debe aprobar o no”, dijo Rodolfo Aranda (JxC), presidente del Concejo Deliberante de Yerba Buena, que agregó que consultará la situación con abogados constitucionalistas. Los concejales, según dijeron, se reunieron con las autoridades de la Municipalidad para acordar un porcentaje más bajo, pero ante cada propuesta recibieron la negativa. “El Ejecutivo no quiere que pongamos porcentaje, quiere que se remita un acuerdo entre las partes pero no documentado”, aseguró Aranda en una entrevista telefónica con este medio.

Lisandro Argiró, también concejal por Juntos por el Cambio, opinó en el mismo sentido y priorizó que se continúe con el diálogo. “Así lo hicimos siempre y así lo veníamos haciendo. Pero enviar un veto por vía de la promulgación automática -es decir, sin permitir que el Honorable Concejo Deliberante (HCD) ni siquiera lo debata- significa impedirnos hacer nuestro trabajo”, indicó.

“Esta acción puede derivar en inconvenientes legales que todos queremos evitar. Más aun cuando de lo que se trata es de disminuir considerablemente el presupuesto del cuerpo que representa a los vecinos”, agregó.

Los concejales opositores, sin necesidad de mantenerse dentro del libreto que implica pertenecer al mismo espacio (como el caso de Aranda y Argiró) fueron más contundentes en sus opiniones.

“Lo que quiere Campero es coercer al Concejo Deliberante a través de la plata”, aseguró el concejal justicialista Marcelo Albaca. Y añadió que la situación económica del Concejo es preocupante: “si queremos hacer una distinción a las mujeres del Municipio el Concejo no tiene plata para comprar los certificados. Nos dan a cuentagotas para pagar la luz, el alquiler, y demás gastos necesarios para el normal funcionamiento de la institución”.

Alejandro Sangenis (h), concejal del PJ, también fue contundente: “con ir al Concejo te das cuenta de que está en ruinas y es el lugar donde debemos trabajar. No hay escritorios, las sillas están destrozadas, la última lluvia hizo que se inunde”. “Campero tiene que entender que tenemos que trabajar, y eso que él fue concejal...”, afirmó.

“Hay para pagarle a (Alfonso) Prat-Gay Gay los viajes y asesorías, como reconoció el jefe de Gabinete del municipio en el recinto, pero y no hay para que el Concejo Deliberante compre un cartucho de tinta”, se quejó. Y no fue el único, Albaca también criticó la situación del ex ministro de Economía de la Nación y lo llamó “ñoqui de oro” por los estipendios que recibe de la Municipalidad.

El último edil en opinar fue Héctor “Pilón” Aguirre (FdT), que dijo: “Campero está cometiendo muchos errores”. “Vetó y promulgó. Es totalmente absurdo e ilegal lo que hizo. Puede vetarla parcialmente, pero al promulgarla inmediatamente se está equivocando, tiene que pasar por el Concejo primero”, sostuvo.

“Esto se debe al nerviosismo y al apuro del intendente de hacer todo a los empujones. Viene cometiendo errores desde que perdió la candidatura a manos de (Germán) Alfaro. La soberbia que le dio el poder de estos años es impresionante la cantidad de errores que lo está haciendo cometer”, aseveró, y criticó el “intento” de Campero de firmar un decreto para que se edifique en el casco viejo: “es gravísimo, nadie se atrevió a tocar el casco viejo para hacer departamentos y él quiso hacerlo a través de un decreto que tenía a escondidas”.