El espacio público: la inseguridad y los miedos en las calles
“En las calles quiero ser libre, no valiente”, se repite como mensaje en las redes sociales. Es que el 100% de las mujeres ha dado su testimonio sobre lo inseguras que se sienten caminando por cualquier calle. La violación en grupo perpetrada la semana pasada en el barrio de Palermo, en la Capital Federal y a plena luz del día, sirve para entender cómo los varones ocupan el espacio público y el temor con el que circulan las mujeres por las veredas de nuestro país -y de otras partes del mundo también-. “Hay una intención aleccionadora para las mujeres de ‘no salgan a la calle’. La problemática de la conducta violenta entre los varones, hacia la sociedad y las identidades feminizadas como ejercicio de dominación, es algo que no sabemos cómo se desarma y me resultaba interesante para pensar en mi novela. Es interesante pensar en cómo funcionan los varones en grupo. En mi novela ellos no salen pensando que van a violar o matar a alguien. Se cuentan a sí mismos que esa chica a la que violaron había dado su consentimiento y se narran que fue un accidente. Se defienden porque así se relatan ellos la historia”, le dijo a LA GACETA la escritora feminista María del Mar Ramón, quien publicó su novela “La manada” en 2021.
Ley de cuidados: una deuda nacional para equiparar tareas y responsabilidades
La Ley del Sistema Integral de Ciudados se iba a presentar a mediados del año pasado como un compromiso del Poder Ejecutivo Nacional, pero fue demorada luego de las negociaciones con el FMI. “Las luchas pendientes son muchas y surgen de los grandes déficits que tenemos en estos tiempos. La aprobación de un sistema integral de cuidados que reconozca los trabajos de esa naturaleza y también cree las condiciones para integrar a las personas a cargo de cuidados en el desarrollo económico, cultural, científico y educativo, es una de ellas”, explicó tiempo atrás la escritora Ana Correa a nuestro medio. Su objetivo, según las palabras del oficialismo nacional, es la búsqueda de consensos para generar políticas públicas que reconozcan al cuidado como una necesidad, un trabajo y un derecho; y que permitan redistribuir de manera igualitaria esas tareas entre varones, mujeres y otras identidades. La norma debe contemplar las licencias por maternidad, paternidad, las ausencias por enfermedad, guarderías públicas para bebés de 0 a tres años, escolarización para niños desde los tres años y jornada extendidas en las escuelas, entre otros.
Pocos días: licencias extendidas por maternidad y paternidad
Si bien forman parte de las reformas de una Ley de Sistema Integral de Cuidado, la demanda por licencias extendidas por mapaternidad (iguales para madres y padres) es un reclamo que ya lleva su tiempo. Desde 1974, la Ley de Contrato de Trabajo de la Argentina otorga a los progenitores no gestantes, sólo dos días seguidos a la fecha de parto, con goce de sueldo. Si bien los días pueden ser ampliados con los convenios colectivos de cada sector, no es lo que abarca a las mayorías de los trabajadores. Y si la persona no está dentro del mercado laboral registrado, es monotributista o autónoma, no tiene acceso a las licencias o al derecho a cuidar. “Según un estudio publicado por Unicef en julio de 2020, la Argentina es de los países que tiene peores licencias por paternidad. A raíz de estos debates, surgió la campaña nacional @paternarl que impulsa la extensión de esta licencia”, indicaron en redes sociales del Instituto de Masculinidades de Buenos Aires. Las propuestas de organizaciones civiles proponen centrarse en tres ítems: el tiempo, el espacio y el dinero. Estas ideas se desarrollan en tiempo para cuidar con licencias que sean para la familia, no sólo para las mujeres con una armonía entre los horarios laborales y escolares; espacio e infraestructura para cuidar con disponibilidad de escuelas y espacios de cuidado infantil y diseño y disponibilidad de transporte público; y, por último dinero para el cuidado, teniendo en cuenta recursos económicos de mujeres y hombres.
Ocupar cargos: la búsqueda de la paridad en las instituciones
“En la actual gestión del Poder Ejecutivo nacional, tras un prometedor inicio, renunciaron mujeres que fueron reemplazadas por varones. También se afectó la paridad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación: tras la renuncia de la única mujer que estaba en el cargo (Elena Highton de Nolasco) está pendiente la determinación quién va a cubrir ese cargo vacante y tenemos la expectativa de que sea una mujer, a pesar de que en las propuestas anteriores del Ejecutivo tras la muerte de Carmen Argibay fueron varones para ocupar esa vacante. Por último, se debe tender a la paridad en el ámbito sindical, donde existe una ley de cupo que no se cumple”, indicaron en el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que conduce la doctora en filosofía Diana Maffía. También recalcaron la falta de designación de un Defensor/a del Pueblo de la Nación: “desde hace 12 años se encuentra acéfalo ese importante organismo de control. Esperamos que sea una mujer, como en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad donde asumió esa función María Rosa Muiños”. La presencia de mujeres en lugares estratégicos y de decisión es un aspecto clave para poder tener una mirada de género en la toma de decisiones. Gremios, estados municipales y provinciales, universidades, clubes y diversas instituciones de la sociedad civil (lo que abarca, decididamente, al campo de lo privado) muchas veces carecen de un cupo mínimo de representantes mujeres que garanticen una mirada abarcativa y equitativa en la toma de sus decisiones.
Hablar y hablar: difundir para reflexionar
Hablar, hablar y hablar. En las redes sociales, en la casa y en la escuela. En cada ámbito es importante poner sobre la mesa de diálogo las temáticas relacionadas con las diferencias de género para poder deconstruir viejos estereotipos y mandatos en pos de una sociedad igualitaria. “Hay que trabajar mucho en la prevención de la violencia de género y en una respuesta institucional más firme. La violencia institucional, en especial la algunos miembros de las fuerzas de seguridad, no tiene que seguir existiendo”, señaló Ana Correa a LA GACETA en una entrevista realizada el año pasado. La Ley Micaela, promulgada el 10 de enero de 2019, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. El femicidio de Micaela García, estudiante de Educación Física en 2017 tras salir de un boliche en Gualeguay y cuyo cuerpo fue hallado una semana después, semienterrado, cerca de la ruta nacional 12, puso en evidencia la falta de formación en perspectiva de género por parte de los agentes del Estado, una capacitación que no sólo logra hacer más efectivas sus intervenciones sino que incluso puede llegar a salvar vidas. Es imperativo exigir estas capacitaciones desde la esfera institucional. Por último, la Educación Sexual Integral en la escuela es interpretada como una ayuda a los chicos y las chicas a comprender su proceso de crecimiento y a sentirse acompañados en el desarrollo de la sexualidad y el cuidado de la salud, cuando está bien impartida. La ESI puede brindar herramientas para que las y los adolescentes lleguen a expresar sus emociones y sentimientos. Junto a esto, también es necesario plantear el abordaje integral de la violencia de género en un país en el que, según datos de enero y febrero de 2022, una mujer es asesinada por un varón cada 21 horas.