Por inhabilidad moral e indignidad. Con esos argumentos, el diputado nacional por Tucumán Carlos Cisneros pretende que la Cámara Baja excluya a su par María Eugenia Vidal.
El oficialista fundó su proyecto en el artículo 66 de la Constitución Nacional, y dijo que la ex gobernadora bonaerense promovió durante su gestión "una persecución política y judicial en contra de dirigentes sindicales, denominada mediáticamente como 'Gestapo sindical'".
“Es incompatible que una representante del pueblo de la Nación haya perseguido a las organizaciones gremiales. Ni Vidal ni sus ministros dieron las explicaciones pertinentes, incluso dicen desconocer la situación. En los videos está claro cuando el ministro Villegas dice que la decisión era nacional, municipal y provincial sin que ninguno de los presentes planteen objeción alguna. Y los mails y testimonios de quienes organizaron la reunión son muy contundentes al señalar que el pedido de la sala venía de la gobernación de Vidal. No podemos hacernos los distraídos, la Cámara de Diputados debe dar respuestas a esta situación”, sostuvo el referente bancario.
El proyecto argumenta: “tal como lo demuestran las pruebas que recientemente adquirieron publicidad y notoriedad, la conducta a la que nos referimos es contraria al Estado de Derecho y a los más mínimos estándares de gobierno democrático y republicano, resulta violatoria de derechos humanos y constituye hechos de inédita gravedad institucional. Se trata de hechos susceptibles de ser tipificados como causales de 'inhabilidad moral' e 'indignidad', ya que su comisión resulta incompatible con la función de representar al pueblo de la Nación”
“Cuando hacían esta campaña de demonización e intervenían en las organizaciones sindicales, no era para democratizarlas internamente o para que tengan mejores beneficios los afiliados; era directamente para robar las cajas de los gremios y tenía el fin último de suprimir derechos laborales para imponer un modelo económico con salarios bajos y precarización laboral”, añadió Cisneros.
Precisó que el proyecto de resolución contiene pruebas contundentes presentadas en la causa a partir de mails, videos y testimonios; y señala que la existencia de una “mesa judicial” con el confeso fin de perseguir dirigentes sindicales viola todo principio republicano de división de los poderes y suprime la garantía del debido proceso ante un tribunal independiente e imparcial. "Por lo tanto el accionar de Vidal es incompatible con los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos, al tiempo que implica dejar de lado al 'derecho penal del ciudadano' y abrazar al 'derecho penal del enemigo', propio de regímenes autoritarios", concluyó.