Un grupo de funcionarias, dirigentes y militantes de la Unión Cívica Radical (UCR) solicitaron al gobernador, Osvaldo Jaldo, que promulgue y ponga en vigencia la ley que establece pautas de prevención y sanciones contra el acoso callejero.

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La iniciativa, sancionada en la sesión del 8 de febrero por el Poder Legislativo, todavía no se encuentra operativa, debido a que carece de las disposiciones y normativas complementarias correspondientes al Poder Ejecutivo (PE).

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El reclamo es impulsado por las concejalas Paula Quiles (Bella Vista), Gabriela Olea (Tafí Viejo) y Silvia Romero (Concepción), además de la ex diputada Teresita Villavicencio, entre otras dirigentes radicales. 

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"Que calle el acoso. Queremos una calle segura. Por eso es que decimos sí a la Ley de Acoso Callejero", advirtió Quiles. “Tenemos que detener el acoso sexual en los espacios públicos. El acoso es violencia", argumentó, por su parte, Olea, al dar su apoyo a la iniciativa. “Esta ley es necesaria para que mi hija pueda llegar al trabajo en su bicicleta sin tener que soportar el atropello verbal y las faltas de respeto. En ella simbolizo a todas las personas que a diario sufren este tipo de situaciones", planteó la edil Romero desde Concepción.

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Las ex precandidatas a diputadas Carolina Schargodorsky y Belén Cejas también manifestaron su acompañamiento a la iniciativa. También lo hicieron las dirigentes y militantes Violeta García Ceridono, Evangelina Sosa Cazón, Noelia Molina y Flavia Maidana.

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Villavicencio remarcó que el acoso callejero "cosifica a la mujer" y es "una intromisión en su libertad". Cejas, dirigente de la Juventud Radical, ejemplificó: "Desde muy chicas sufrimos acoso en las calles, eso nos obliga a cambiar de vereda, evitar ciertos lugares o intentar salir acompañadas". “Por todo esto es que las mujeres necesitamos que se promulgue esta ley, para prevenir el acoso. Queremos poder caminar tranquilas por la calle”, dijo, a su vez, Schargorodsky.

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El apoyo de las mujeres radicales a esta ley se dio luego de que LA GACETA publicara un informe en el cual se explica que, según el dictamen del Ministerio de Seguridad, la normativa sancionada por la Cámara provincial es inaplicable.

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Ante esta situación, legislador radical José María Canelada presentó una nota al gobernador Jaldo rechazando las críticas y recordando que, en Tucumán, nueve de cada 10 mujeres sufren de acoso callejero.