“En Tucumán 9 de cada 10 mujeres han sido acosadas sexualmente en espacios públicos. Vetar la ley con el argumento de que hay crisis carcelaria es decirle a las mujeres que no denuncien ni pretendan sanciones para esta forma de violencia. Es un mensaje que el Estado no puede dar”, argumentó el legislador José María Canelada mediante una nota presentada en Casa de Gobierno. En el documento refutó la postura dada por del Ministerio de Seguridad, que días atrás recomendó el rechazo de la ley de Acoso Callejero por considerar que no sería posible su aplicación.
El parlamentario recordó en la presentación que la provincia está adherida a la Ley de Protección Integral para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (entre las que se encuentra el acoso callejero)” y que “las fuerzas policiales y de seguridad deben actuar para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género cuando la agresión ocurre en el espacio o el acceso público”. Eso, en otras palabras, incluiría la modalidad conocida como acoso callejero.
“En Tucumán el acoso callejero no es menos grave que en otras provincias donde se reguló esta situación y las estadísticas lo demuestran. La ley de acoso callejero viene a proteger a las mujeres, por lo que un eventual veto implica dos mensajes: que el Estado no está dispuesto a protegerlas y que, además, las responsabiliza por ‘agravar’ una situación que no está en sus manos resolver”, dijo el legislador. Canelada se explayó sobre los artículos de la Ley de Contravenciones declarados inconstitucionales por la Corte Suprema.
“Esa norma vigente desde la dictadura debe ser modificada en su totalidad. En tres oportunidades he presentado un proyecto denominado Código de Convivencia. Pero el oficialismo se niega a dar el debate. Ya es momento de atender el problema de fondo”, fundamentó.