1- Medio ambiente: falta un nuevo informe de impacto ambiental
En 2008 la UNT hizo una revisión técnica del primer estudio de impacto ambiental de Agua Rica. El nuevo proyecto de Agua Rica difiere del anterior y el impacto ambiental nuevo aún no ha sido presentado. Se debe considerar eso, así como planes de gestión ambiental para permitir un análisis completo. Deberá considerarse lo decidido por la Corte Suprema en la causa “Comunidad del Pueblo Diaguita de Andalgalá c/ provincia de Catamarca s/ amparo ambiental” del 17/4/12, donde se sostuvo que la magnitud de la explotación requiere una reflexión profunda, científicamente probada, socialmente participativa y valorativamente equilibrada. No se trata de prohibir irracionalmente, sino de autorizar razonablemente. También se informa que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNT recomendó que se garantice en forma previa el cumplimiento de los estándares ambientales y de seguridad exigibles, y que la ejecución del proyecto queda supeditada a la remoción de cualquier obstáculo reglamentario o impedimento jurisdiccional. En este sentido, se informa que la ordenanza municipal de 2016 de Andalgalá que prohibía la minería fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Catamarca el 20/12/20.
2- Patrimonio: no hay definición sobre la infraestructura de YMAD
En la resolución del Consejo Superior que ordenó esta investigación, se plantea el análisis de si el contrato de la UTE (YMAD con Minera Alumbrera y MAR) en 2019 afectaba cuestiones patrimoniales al entregar al nuevo proyecto la infraestructura construida para Bajo La Alumbrera, siendo que correspondía devolvérsela a YMAD. La comisión dice que no hay disposiciones específicas en el marco normativo (Ley 14.471 y Código de Minería) que impidan disponer contractualmente de la planificación, ejecución y liquidación de la infraestructura necesaria para la exploración y explotación del yacimiento. Corresponde determinar, primero, si concluyó la vida de los yacimientos Bajo La Alumbrera y Bajo el Durazno. En esta instancia, no parece cercana la posibilidad de considerarlos extinguidos y disuelta la UTE.
Con respecto al propuesto contrato UTE 2019 para uso de la infraestructura, las previsiones modifican las del contrato de 1994 y podrían aplicarse reglas y principios de contratos onerosos.
Los cambios no son per se un obstáculo, pero deben ser evaluados, porque se trata de utilizar la infraestructura en un futuro yacimiento extraño a YMAD.
En el contrato de 1994 se dispone que, concluido el contrato, YMAD recuperará la plena disponibilidad de los yacimientos con todas las mejoras adheridas, incluyendo edificios, túneles, relaves, vigas y soportes, así como también los derechos de explotación de las reservas remanentes. Las obras de infraestructura tales como caminos, construcciones civiles, viviendas, oficinas, conducción de agua y su equipamiento, línea eléctrica, incluyendo elementos de transformación y distribución, no serán liquidadas. Su propiedad pasará en forma automática a YMAD. En 2014 hubo nuevo contrato entre Minera Alumbrera e YMAD.
Habría que determinar si se encontrarían incluidos en el concepto de infraestructura el mineraloducto o la planta de beneficio del material.
3- YMAD: estado financiero en baja
Liquidez: se observa una reducción significativa desde 2014 a 2018. En forma inversa, los niveles de endeudamiento en términos relativos a sus activos crecieron en forma significativa. Si bien los niveles actuales aún se mantienen en valores generalmente viables. Rentabilidad: los indicadores presentan datos más preocupantes que pueden impactar en la sustentabilidad de mediano y largo plazo. El margen bruto de la operación directa de la empresa presenta valores negativos y prácticamente persistentes.
4- 0ferta minera: faltan datos sobre propuestas
La minera Agua Rica propone un acuerdo de servicio de uso de la infraestructura. Además propone un “adelanto” de pago en tres cuotas anuales. El pago de contrato por uso de infraestructura (U$S 492.7 millones) implica una distribución de riesgo asimétrica entre YMAD y la ofertante. El monto ofertado se paga en función del volumen producido. Si la producción difiere o el flujo de producción se prolonga en el tiempo, la merma en el valor actual pagado es internalizada por YMAD. En este sentido, resulta esencial tener una estimación robusta del volumen esperado en producción y también del calendario.
No contamos con información suficiente para analizar la distribución del importe entre Minera Alumbrera (74%) e YMAD (26%). El valor de derecho de YMAD de proceso en la planta en la UTE es otro aspecto clave a considerar. Hay dificultades metodológicas para obtener los costos directos que cobraría MAR. Hace falta más información sobre valuación del servicio y tasa de interés y financiamiento. MAR establece por uso de infraestructura intereses del 2% de anticipo a favor de MAR y en caso de arrendamiento propone sistema de pago a 25 años sin considerar intereses a favor de la UTE.
Todas estas propuestas van a ser revisadas.
5- Sociocultural: faltan datos para estimar el impacto en la comunidad
Agua Rica se inserta en esta larga historia en 2018 con la firma de la carta de intención entre YMAD y Agua Rica para la utilización de las instalaciones remanentes de La Alumbrera. Por otra parte, Yamana Gold -dueña de Agua Rica y de la mayoría de las acciones de Minera Alumbrera- anunció en un comunicado la integración del proyecto Agua Rica con la planta e infraestructura de Minera Alumbrera. Este proyecto integrado se conocerá como MARA.
A la fecha se han presentado los informes de impacto ambiental correspondientes a la etapa de exploración avanzada por parte de Yamana Gold, aprobados por la Secretaría de Minería de Catamarca -que monitorea los planes de gestión ambiental-. Sin embargo, a la fecha no se ha presentado ningún documento oficial relativo al proyecto de explotación. Los antecedentes descriptos no permiten a esta comisión emitir una opinión fundada sobre los alcances e impactos socioambientales y culturales.
6- Responsabilidad: recomiendan a la UNT crear un observatorio minero
Se recomienda la UNT involucrarse en forma activa, institucional y sistemáticamente en el marco de la responsabilidad social que le cabe en el proyecto como así también en la transparencia en el flujo de las inversiones. Se recomienda que participen sus profesionales para que la empresa se transforme en un referente internacional con los más altos estándares sobre buenas prácticas en las industrias extractivas. Se presenta la oportunidad para posicionar a la UNT y sus múltiples unidades académicas como una singular escuela de campo para el ejercicio profesional de generaciones de egresados orientados a contribuir en la concreción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, en especial los enfocados al sector minero.
Se infiere que existe un profundo desconocimiento de la comunidad en general y de la UNT en particular de los contratos y las responsabilidades emergentes, de datos concluyentes relativos a la temática ambiental y sanitaria, como así también del estado de la tecnología, protocolos e iniciativas actuales en la actividad minera. Urge constituir en el seno de la UNT estructuras de gestión específicas destinadas al seguimiento y control de la actividad minera (Observatorio Minero).
7- Mercado: lo que mueve la minería en el país
Los principales productos son concentrados, ánodos y cátodos de cobre, y lingotes de oro y plata (bullón dorado y lingote refinado. La actividad minera argentina incluye producción metalífera (50%), minerales no metalíferos (10%) y rocas de aplicación (40%). La metalífera está concentrada en términos de productos (oro, cobre, plata y litio), yacimientos, provincias (Catamarca, San Juan, Santa Cruz y Jujuy) y empresas (extranjeras). El sector extracción de minerales metalíferos y explotación de minas y canteras -que incluye la producción de metales, litio y otras rocas y minerales industriales, se estima cercano a U$S 3.5 mil millones, equivalente a 0,9% del PIB argentino (2019). El empleo privado registrado en la actividad minera alcanza los 23.7 miles (2018), el 0,36 % del empleo privado a nivel nacional. Supera los 42.000 puestos de trabajo (2020). Las exportaciones superan los U$S 3.2 mil millones (2919), siendo más del 5% de las exportaciones argentinas. Se usan en insumos intermedios para diferentes ramas manufactureras, de servicios, en la construcción y el atesoramiento. Entre ellas se destacan la industrias automotriz, electrónica, de aparatos eléctricos, de maquinaria y equipos, química y farmacéutica, además de las telecomunicaciones, la construcción, la joyería y el atesoramiento en el caso de los metales preciosos.
8- Otro paradigma: el reconocimiento a la participación ciudadana
Es evidente su fuerte repercusión en la recaudación fiscal en la cadena de valor integral y efecto multiplicador que genera no sólo en Catamarca sino en el país. La minería metalífera representa el 76% del valor provincial en Catamarca, la no metalífera (litio) el 23% y el resto rocas de aplicación y piedras precosas (rodocrosita).
No obstante, la actividad minera se encuentra en la lupa de la sociedad global, lo cual ha tensionado las relaciones desde 2002 en argentina con el caso Esquel (Chubut) en el cual la comunidad rechazó el proyecto de la empresa Meridian Gold. Eso dio lugar a un cambio de paradigma en el cual los proyectos mineros deben integrarse a la visión compartida de la comunidad local sobre las alternativas de desarrollo integral. La legislación vigente contempla cada vez más las instancias de participación ciudadana y la interacción entre las comunidades de interés.
Nos encontramos en un punto favorable para comprender la actividad minera en su integridad. El Ministerio de Producción argentino rescata atributos asignados a la actividad para los próximos 30 años (minería inclusiva, competiviva, integrada) y se considera que deben ser asumidos por la UNT como marco de referencia.
9- Investigación: no pudo ser in situ
Metodología de trabajo: búsqueda por internet (documentos artículos periodísticos, textos académicos). Se participó en foros temáticos con especialistas en webinars. Múltiples consultas por correo electrónico a organismos oficiales, YMAD y MARA
Por la pandemia no se pudo realizar relevamiento o estudios socioambientales y culturales in situ. Se recibieron siete presentaciones individuales de integrantes del grupo ProEco. Algunos cuestionan y otros apoyan. Estos grupos se han expresado en los últimos años generando un escenario tensionado por las disputas relacionadas al uso y disfrute de los bienes ambientales y naturales, lo que problematiza las relaciones con los actores sociales y organizaciones que están a favor de la actividad minera. Ya van 13 años de conflictos.
Queda pendiente un relevamiento socioambiental y cultural que aporte una visión más clara y representativa. Cualquier análisis que se realice debe considerar la historia compartida de más de 20 años de actividad de Minera la Alumbrera, con las percepciones positivas y negativas de las comunidades de Belén, Andalgalá y Santa María.
10- Opciones: la UNT, antes ausente, ahora debe ser auditora
Destacamos que la UNT estuvo ausente durante todo este tiempo ya sea como auditor u observador de los procesos socioambientales. Por ello se deben contemplar los siguientes escenarios: 1) No concreción del proyecto MARA: Se está en proceso del cierre de La Alumbrera; insumirá muchos años en que debe monitorearse y verificarse la gestión de los pasivos ambientales. 2) Concreción del proyecto MARA: Igualmente la presencia de la UNT como auditor de los procesos socioambientales es éticamente imprescindible. 3) En cualesquiera de los dos escenarios debiera contemplarse el aprovechamiento del recurso solar para la generación de energía eléctrica.
11- Agua: monitorear el componente ambiental más sensible
En caso de concretarse MARA, se sumaría al análisis la cuenca hídrica del río Andalgalá a la preocupación manifestada por una parte de la comunidad afectada. La UNT debe acompañar a la comunidad desde el conocimiento científico. Se recomienda analizar y validar los registros acumulados hasta ahora sobre la calidad del agua en el río para tener línea de base que permita evaluar cualquier modificación futura; también los registros del sistema sanitario de las comunidades involucradas. El agua es el componente ambiental más sensible.
13- Evolución: del rechazo a la consulta popular
El primer informe de 2008 de impacto ambiental de Yamana Gold fue aprobado por un reducido consejo consultivo en la Secretaría de Minería, luego cuestionado en la justicia y dado de baja por el juez de Andalgalá y por la secretaría en 2012. La minera presenta otro informe de impacto ambiental para realizar campaña de perforación, no de producción. Fue autorizado; durante siete años la empresa hizo trabajos de monitoreo ambiental. En noviembre 19 Agua Rica presentó un nuevo estudio de impacto ambiental para la etapa exploración avanzada. En el marco de la ley 24.585 se hizo una consulta pública con participación ciudadana. Más de 1.000 personas participaron.
La comisión recomienda considerar la nueva concepción de territorio, que es la defensa de la identidad cultural y étnica.
La cuestión de género: las actividades mineras afectan de diferente manera a las mujeres en comparación con los hombres; ellas deben afrontar mayores riesgos para su salud. Resuelta necesario que en las audiencias públicas la voz de las mujeres sea tratada con perspectiva de género para dar cuenta de las complejas problemáticas sociales.
14- Andalgalá: tensiones entre vecinos: falta un “tercero creíble”
Los “Vecinos unidos por el progreso” marcharon en Andalgalá. Hicieron un petitorio con 6.000 firmas al Concejo deliberante pidiendo trabajo y progreso. Fue antes de que fuera declarada inconstitucional la ordenanza que prohibía la minería en esa localidad.
La “Asamblea El Algarrobo” nuclea a la mayor cantidad de agrupaciones y colectivos sociales y se ha convertido en un actor público importante en su firme denuncia contra el modelo minero. Ha llegado con sus reclamos hasta la Corte de Justicia de la Nación (2012). Reclama que la minería ha sido impuesta como único recurso productivo y de desarrollo, que se han desguazado las instituciones educativas, que están en riesgo 140 glaciares, que no hay garantías de servicios de luz y agua potable y que minería a cielo abierto es un delito de lesa naturaleza.
La comisión propone como alternativa establecer diálogos democráticos con todos para poder comprender sus demandas e intercambiar información. Esta propuesta resulta difícil de imaginar en el contexto de permanente deslegitimación de ambas partes. No contestaron además los pedidos de informes de la comisión.
Resulta crucial la amplia difusión de un ámbito técnico científico que garantice transparencia durante toda la operación de las minas. Se vislumbra como alternativa la presencia de un “tercero creíble” (persona u organismo) que actúe como mediador y que sea reconocido por la comunidad.
15- Futuro: la UNT como protagonista de control
El impacto económico positivo de un futuro proyecto integrado de magnitud similar al de La Alumbrera podría significar una oportunidad para mejorar el bienestar de la población, en especial aquella directamente afectada. La UNT debe asumir un protagonismo que exceda a la discusión coyuntural sobre aspectos societarios, involucrándose formalmente en todo el proceso e instancias de participación previstas en la legislación vigente a fin de garantizar el cumplimiento de compromisos en los Objetivos para Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030.