“No importa su inconstitucionalidad. No importa que el procedimiento previsto para que esa ley funcione sea ilegal. Lo importante parece ser que parte de la sociedad crea que algo se está haciendo”, sostuvo la abogada Sofía Fares, integrante del Equipo de Género y Derechos Humanos de Andhes sobre la ley de Acoso Callejero. “De esta forma, se dicta una modificación de manera inconsulta con la sociedad civil que reclama respuestas integrales y no acciones que parecen ser meros parches a una problemática estructural”, añadió.

Acoso callejero: Seguridad consideró impracticable la norma

Con estas palabras, Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales se transformó en la primera entidad que salió a cuestionar abiertamente la norma aprobada hace una semana en la Legislatura. En 2010, la asociación de profesionales, a través del conocido como Fallo Núñez, logró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación señalara que el procedimiento previsto en el código contravencional tucumano “no está en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo”.

Los abogados dijeron que desde entonces y hasta la actualidad el poder Legislativo de la provincia no solo no adecua la norma a lo ordenado por la CSJN, sino que en diferentes oportunidades le agregó nuevas conductas pasibles de aplicar ese procedimiento inconstitucional. Y la ley de Acoso Callejero es una de ellas.

Fares destacó que el acoso callejero, considerado la primera forma de violencia que sufren las mujeres en el espacio público, viene tomando fuerza dentro del marco legal de nuestro país: la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en su modificación lo incorpora como modalidad y lo reconoce como violencia de género.

“Resulta fundamental visibilizar y problematizar esta forma de violencia tan generalizada y arraigada en prácticas histórico-culturales que se reinventan como es el caso del ciberacoso. En este sentido, como organización de la sociedad civil defensora de Derechos Humanos, nos preguntamos si la mejor forma de hacerlo es a través de una ley inconstitucional, y otorgando a una policía no capacitada en perspectiva de género, facultades para determinar si existe o no acoso callejero. Hablamos de la misma policía que no actúa correctamente ni siquiera en casos de violencia física más extremos, como ser feminicidios y transfemicidios”, destacó en la profesional en el documento.

Fares destacó que la ampliación en la protección simbólica y concreta del derecho es fundamental también para la modificación en las representaciones sociales en miras a una sociedad más igualitaria y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, y en particular de mujeres y disidencias. “Sin embargo, esto no debería reafirmar la vigencia de un código contravencional ya devenido inconstitucional, que con procedimientos arbitrarios no hace más que poner en riesgo derechos fundamentales de todas las personas, siendo las más afectadas aquellas atravesadas por su color de piel, género, orientación sexual y clase”, expresó.

Cuestionamientos

“No existen políticas públicas sostenidas y financiadas para encontrar soluciones no punitivistas que ayuden a reducir las violencias contra las mujeres y disidencias. Durante todos estos años el Estado tucumano no fue capaz de diseñar medidas que reemplacen la vieja norma contravencional ni supieron cómo erradicar las violencias de género, aunque siempre supo remitir a la institución policial para resolver cualquier conflicto social”, destacó Fares.

La profesional, en nombre de Andhes, se preguntó: “¿Legisladores y legisladoras pensaron cómo se desarrollaría en la práctica el nuevo agregado a la ley de contravenciones policiales? Con la norma vigente un agente policial que patrulle una calle recepcionará una denuncia y si lo considera pertinente procederá a la detención de la persona denunciada y la alojará en una comisaría, de esas que están abarrotadas y colapsadas, por un plazo de 48 horas sin que ninguna autoridad judicial tome conocimiento del procedimiento iniciado. Tampoco se permitirá que esa persona se comunique con su familia ni que se designe a un representante legal”.

Fares finalizó el documento asegurando que es necesario fortalecer las articulaciones entre la sociedad civil y el Estado. “Así las leyes se convertirán en políticas públicas reales, serias e integrales que den respuesta a los reclamos actuales. Para eso, resulta fundamental la asignación de un presupuesto robustecido, y el fortalecimiento del marco normativo provincial que permita de manera efectiva la prevención, sanción y erradicación de las violencias”, concluyó.