El Gobierno nacional apeló el fallo de la Justicia de Mar del Plata que ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de esa ciudad. Además pidió la recusación del juez Santiago Martín al entender que hubo falta de imparcialidad, debido a la relación que mantiene con uno de los peticionantes.

El escrito de apelación consideró absolutamente innecesarios o prematuros la cautelar dispuesta y los conjeturales impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino. "Los supuestos impactos auditivos, interferencias en corrientes migratorias, interrupciones de amantamiento en crías de mamíferos marinos son hoy por hoy absolutamente conjeturales", señala el texto.

Se destaca, además, que las tareas de prospección sísmica iniciarían en octubre. "Esta información se encuentra a estudio de las áreas técnicas del Ministerio de Ambiente (de la Nación); de modo que cabe preguntarse ¿cuál es el perjuicio irreparable?", plantearon los representantes jurídicos del Gobierno nacional.

"Sólo existen conjeturas que no señalan de manera meditada qué etapa del proyecto es la que produce el daño que arguyen y en que dimensión. Se incumple así con el postulado de acreditar este requisito, lo que impone también por estas razones, el rechazo de la cautelar solicitada", agrega el escrito.

La apelación presentada por el Ministerio de Ambiente incluye una recusación al juez actuante por manifiesta vinculación con los principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad. Como prueba, en el escrito se propone el tuit del constitucionalista Daniel Sabsay. "Festeja abrazando al juez de la causa el dictado de la cautelar junto a uno de los letrados de los amparistas (el abogado ambientalista José Esain, patrocinante en esta causa del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas)", dice el texto.

Al hacer lugar a la medida cautelar, el juez Martín había ordenado la semana pasada la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021 y contaba con la aprobación del Ministerio de Ambiente de la Nación.

El magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

"Sus fundamentos están desvinculados de la realidad, y el fallo genera profundo daño al desarrollo de la producción y a la generación de trabajo y actividad económica en las ciudades costeras. Ignora absolutamente los máximos niveles de cuidado del ambiente y los estrictos estándares internacionales de seguridad operativa comprobada que se han alcanzado en la producción offshore y que aplicarán en estos proyectos", dijo el secretario de Energía, Darío Martínez, tras la presentación de la apelación.

"Este fallo está fundamentado en preceptos erróneos, equivocados, sin relación con la actividad petrolera que se va a desarrollar, y denota profundo desconocimiento sobre la misma, su historia y sus características. Por otra parte genera un freno injustificado a la generación de miles de puestos de trabajo para los argentinos que viven en las ciudades ribereñas y oportunidades de mayor actividad para sus Pequeñas y Medianas Empresas, así como priva al país de desarrollar y aprovechar los recursos energéticos que necesita", añadió.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, había señalado que el desarrollo de la explotación de hidrocarburos en alta mar en la costa atlántica podría generar alrededor de 220.000 puestos de trabajo -entre directos e indirectos- y exportaciones por unos U$S 25.000 millones anuales.

"Si todo saliera bien, el impacto en divisas sería tal que desaparecería el problema del cepo cambiario o al menos sería mucho más flexible que hoy. (El Gobierno) no está ni a favor del vale todo ni por el prohibicionismo. Todo se hizo en un marco de fuertes resguardos ambientales", afirmó.

El proyecto de exploración petrolífera del lecho marino en el Mar Argentino había sido adjudicado en 2019. Implica un compromiso de inversiones por casi U$S 800 millones por parte del consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con YPF y Shell.

El 30 de diciembre del año pasado, el Gobierno otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y autorizó a las empresas a realizar los estudios de exploración sísmica.

Sin embargo, el viernes, la Justicia Federal de Mar del Plata ordenó la suspensión del proyecto al hacer lugar a una medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y por organizaciones ambientalistas.