Como ocurrió en cada uno de los juicios que se hicieron por el caso, en las audiencias surgieron nuevos detalles e indicios que sirven para entender por qué el femicidio de la estudiante universitaria asesinada en 2006 continúa impune. 

En los fundamentos del fallo de la condena del ex fiscal, los jueces María Fernanda Bähler, Wendy Kassar y Raúl Cardozo explicaron detenidamentes cuáles fueron las graves omisiones que cometió Albaca durante el tiempo que dirigió la investigación

UNO

Soto, el sospechoso de siempre

César Soto (foto), desde un primer momento fue el sospechoso del crimen. A 13 días de que se cumplan 16 años del crimen, él, junto a Sergio Kaleñuk, son los únicos imputados por el femicidio de la estudiante universitaria. Pero esa línea surgió mucho antes. La comenzó a analizar Alejandro Noguera, el primer fiscal que tuvo la causa y que fue separado por haber participado en una reunión en la casa del entonces gobernador José Alperovich. Él fue quien ordenó que se le extrajeran cabellos al joven y a sus familiares.

Pero Carlos Albaca también congeló la pesquisa en su contra. Es más, le permitió que asumiera el rol de querellante en la causa desplazando a Alberto Lebbos, el padre de la víctima. Según surgió en el juicio, el ex fiscal no continuó con los estudios genéticos de los cabellos ni analizó el toallón con manchas de sangre encontrado en la casa del sospechoso, ni los abrojos del campo que hallaron en uno de sus pantalones, restos vegetales similares a los que se encuentran en la zona donde fue encontrado el cuerpo de Paulina.

Tampoco tuvo en cuenta los antecedentes de violencia de género que ejercía Soto sobre Paulina, pese a que su madre Rosa Racedo lo había declarado al igual que Virginia Mercado. Esta última fue muy clara al citar una frase del sospechoso: “te voy a matar si me entero que sos infiel”.  

“Albaca, contando con los elementos objetivos, no arbitró las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, dejando otras pendientes de realizar, quedando inconclusa esta línea. Afectó con su morosidad la investigación para esclarecer la muerte violenta de una mujer, siendo tan importante esta pista por el vínculo que existía entre Soto y Paulina, siendo que todas las declaraciones del entorno familiar describieron la violencia en la relación de pareja que tenían. Una vez más, ocultó rastros y pruebas”, sostuvo Bähler.

DOS

La fiesta de Raco

Esta línea de investigación surgió de la mismísima Legislatura. María Gómez se comunicó el 5 de setiembre de 2006 con la secretaria del legislador Sixto Terán Nougués para informarle que tenía información sobre la causa. Dijo que el día que desapareció la joven, en un local del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, de Raco, se había desarrollado una fiesta en la que podría haber participado voluntaria o involuntariamente Paulina. Explicó además que la joven habría muerto de manera accidental en ese lugar. Al día siguiente, María Alejandra Juárez, que recibió el mensaje, se presentó espontáneamente en la fiscalía de Albaca para ponerlo al tanto de la situación.

La denunciante recién fue citada a declarar en abril de 2013, es decir, casi siete años después de que se conociera la comunicación que había realizado. El fiscal Gerardo Salas indicó que esa pista había sido comenzado a investigar el 30 de mayo, es decir, casi siete años después de que se recibiera esa denuncia. También indicó que el ex fiscal no continuó con esa línea, a pesar que tenía indicios para hacerlo. Por ejemplo, el encargado del lugar fue identificado como Víctor Soto, pero nunca indagó si tenía algún tipo de parentesco con César Soto. También cuestionó que lo haya citado a declarar y, al no haberse presentado a hacerlo, jamás pidió que fuera llevado por la fuerza pública.

En junio de 2006, Albaca ordenó que se realizara un allanamiento en ese local. La medida se concretó y según se informó, no se realizaron secuestros de importancia para la causa. Sin embargo, los dirigentes del sindicato denunciaron que los efectivos se habían llevado una caja fuerte del lugar donde había documentación. Pero el ex fiscal nunca ordenó investigar esa situación y mucho menos, averiguar de qué papeles se trataban.

Recién el 10 de abril de 2013, el condenado solicitó a Telecom que le informara sobre todas las llamadas entrantes y salientes del teléfono del local donde se habría realizado la supuesta fiesta. También pidió a la empresa que enviara un informe de la actividad de todas las líneas fijas de esa villa turística. Los responsables de la prestadora de servicio le avisaron que no podían realizar ese trabajo si es que no se les brindaba los números telefónicos. Ese trámite nunca se cumplió por falta de respuesta de parte de la fiscalía.

En mayo de 2013 también solicitó el mismo informe, pero en este caso, del aparato del CAPS de esa localidad. “De los requerimientos precedentes queda claro que lo que hizo el imputado fue dilatar el trámite procesal de la causa, ocultando y haciendo desaparecer conscientemente pruebas, las cuales debían haber sido realizadas inmediatamente, es decir cuando fueron de su conocimiento”, fundamentaron los magistrados.

TRES

La teoría de los hijos del poder

Esta pista surgió luego de que una persona anónima se presentara en la fiscalía de Albaca e informara que Paulina había fallecido en una fiesta que se había realizado en la casa del ex secretario de la Gobernación Alberto Kaleñuk organizada por su hijo Sergio (foto). En noviembre de 2007, el ex fiscal ordenó que se realizaran actuaciones complementarias sobre este punto. Y le dio esa tarea a personal de Gendarmería Nacional. Los efectivos de la fuerza nacional confirmaron la información de que el ex funcionario tenía una casa en el camping 27 de Agosto, instalado en terrenos fiscales usurpados que eran administrados por Luis Olivera. Así nació la llamada línea los hijos del poder.  Finalmente en 2013, cuando el expediente estaba en manos del fiscal Diego López Ávila, se comprobó que la vivienda había sido levantada sorpresivamente.

En los fundamentos del fallo, los magistrados ponderaron que el fiscal no haya investigado a la persona que hizo la denuncia; que haya considerado que la casa en cuestión fue edificada después de haberse producido el hecho sin que ningún perito especializado y no realizó tareas investigativas para confirmar o descartar la realización de la fiesta en ese lugar.

“Albaca tenía motivos suficientes para seguir avanzando con esta línea investigativa, pero permaneció inactivo. Debió investigar si Paulina participó de una fiesta en la casa de Kaleñuk asentada en el camping 27 de Agosto, no siendo impedimento que la misma esté terminada para hacer la reunión”, analizó la jueza Bähler que actuó como preopinante y sus pares aceptaron todas sus fundamentaciones.

CUATRO

La línea de los barras bravas

Entre el 24 y el 25 de abril de 2006, por orden de Albaca, policías realizaron allanamientos en la casa de Gustavo “El Gordo” González (foto), Walter “Chichilo”, Jorge Javier “Jazo” y Daniel “Pelao” Acevedo y Guillermo “Kim” Ramos varios de los integrantes, todos miembros de “La Inimitable”, la barra brava de Atlético.

Se secuestraron varias prendas y una que pertenecía a “Chichilo”tenía manchas que podrían ser de sangre, por lo que se tomó una muestra para una futura pericia genética que recién se realizó en 2013.

Tampoco se hizo un entrecruzamiento telefónico de los celulares que se les incautó. Nunca se analizó el vehículo Peugeot 405 bordó de “El Gordo” González que tenía una importancia vital, ya que la versión de que Paulina se había trasladado en un Fiat Duna de ese color estaba prácticamente descartada.

Si bien es cierto que en el fallo no aparece este dato, es importante aclarar que Javier “Jazo” Acevedo y “Kim” Ramos murieron en extrañas circunstancias antes de que se desarrollaran los juicios.

“El imputado Albaca, podría -y debía- haber requerido, (teniendo como base el deber de investigar con la debida diligencia) asesoramiento profesional, científico, a fines de conocer qué tipo de estudios podrían realizarse con las evidencias que ya obraban en su poder para así lograr esclarecer el hecho investigado”, sostuvo Bähler. “Sin embargo, el ex fiscal, guiándose de apreciaciones subjetivas o simples pareceres, no continuó investigando la presente línea. Aun cuando contaba con muestras que sabía que son susceptibles de alterarse o desaparecer con el paso del tiempo, ocasionando con su conducta un ocultamiento de rastros”, agregó.

CINCO

¿Un testigo plantado?

Juan Cruzado fue el remisero que aseguró ser el conductor del remise Fiat Duna bordó que trasladó a Virginia Mercado hasta su departamento de barrio sur y que luego llevó a Paulina hasta la zona del parque 9 de Julio. Con el correr de los días, la versión de este testigo fue perdiendo fuerza por dos razones. La primera, la última persona que vio con vida a la víctima no lo identificó en una rueda de reconocimiento. La segunda, se comprobó que el remisero era pariente de un efectivo policial y fue él quien le aconsejó que se presentara.

Recién en mayo de 2013, a casi siete años de haber surgido su testimonio, se comenzaron a realizar medidas para corroborar si el testigo había dicho la verdad. Entre otras, análisis de las llamadas telefónicas que realizó (así se confirmó que mantuvo contacto con efectivos policiales antes de presentarse) y escuchas telefónicas que, obviamente no arrojaron ningún resultado.

“Analizando esta línea me pregunto: si es que elevar la causa a juicio con Cruzado como imputado hubiese sido lo más fácil, ¿Qué hubiese sido lo más difícil? ¿Investigar si había alguien detrás de Cruzado? ¿Abrir otra línea investigativa a partir de la misteriosa aparición de Cruzado tiempo después de la desaparición de Paulina? Si el ex fiscal estaba convencido que su aparición en escena fue para desviar una investigación, que era infructuosa esa línea, con su inacción paralizó el desarrollo de una investigación, la cual podría haber aportado datos relevantes para el descubrimiento de la verdad”, señaló Bähler en los fundamentos.

SEIS

El acoso de los vecinos

La fiscala Marta Jerez los bautizó como el “clan Jiménez” y sostuvo que ellos podrían haber tenido algún tipo de participación en el femicidio de la joven. Quedaron en la mira Juan Pedro Jiménez y sus hijos Jorge y Juan Marcelo.

El primero, según se supo, había intentado conquistar a Paulina. En tanto, que Jorge fue el que le envió varios mensajes antes de que la estudiante desapareciera. La víctima le había comentado a su madre que, a pesar de ser su compadre, la estaba acosando. Los tres sospechosos presentaron coartadas para desvincularse de la causa. Los hermanos señalaron que habían asistido a una fiesta Burruyacu, mientras que su padre, había realizado un viaje hasta Córdoba con el fin de buscar hacienda para sus patrones, que son dueños de una cadena de carnicerías de la provincia.

La bioquímica forense Lilia Moyano reconoció que al analizar el camión, se encontró un pelo que tenía similitudes a uno de los encontrados en el cuerpo de la víctima y por ese motivo se recomendó que se hiciera una pericia genética.

En 2014, el prestigioso Gustavo Penacino informaba que esa muestra no había podido ser analizada porque su estado de degradación. Una vez más, los jueces del tribunal cuestionaron la tarea del ex fiscal señalando que no corroboró los dichos de los miembros de la familia y que no se encargó de preservar y custodiar las muestras que deberían haber sido comparadas genéticamente. Lo que se le recrimina aquí al Dr. Albaca es su conducta omisiva en las medidas que debían ser ordenadas para una correcta y debida administración de justicia, omisiones de investigar pruebas que eran de su conocimiento y competencia”, sostuvieron.