La Corte Suprema de Justicia de la Provincia ordenó que se investigue a tres funcionarios judiciales por la fuga de Roberto Rejas, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Milagros Avellaneda y de su hijo Benicio. La denuncia que realizó el año pasado un abogado motivó esta decisión de la Corte.
El 22 de septiembre pasado, el guardiacárcel Rejas recibió la condena más dura que contempla el código penal, por el tribunal integrado por los jueces Stella Maris Arce, Alicia Freindemberg y Eduardo Jiménez Lazcano. Los jueces ordenaron su inmediato traslado al Cuartel de Bomberos de la Policía hasta que se lo ubicara en el penal de Villa Urquiza. Antes de que se cumpliera la semana de haber sido sentenciado, el guardiacárcel se escapó del lugar, que no estaba preparado para funcionar como centro de detención. El prófugo fue capturado semanas después en un camping de Cabra Corral, Salta.
Mientras se buscaba por cielo y tierra al evadido, el abogado Gustavo Morales presentó una denuncia en la Corte Suprema de Justicia. En el escrito dijo que el secretario de la sala que condenó a Rejas, Gonzalo Ascárate, había enviado mensajes de tinte romántico a la absuelta Estefanía Ávila, a la novia del recapturado Patricia Gómez (fue acusada de colaborar con la fuga del guardiacárcel) y Alejandra Rejas, hermana del condenado. El profesional cree que el funcionario judicial podría haber favorecido al evadido.
Luego Morales amplió la denuncia en contra de funcionarios judiciales. Aseguró que el 1 de octubre, cuando los integrantes del tribunal realizaban una investigación interna, el secretario habría presionado al jefe de Bomberos Martín Carlos Aguilar Moreno para que firmara un acta contradiciéndose de lo que había declarado en la fiscalía que dirige Pedro Gallo, que investigaba la fuga de Rejas.
“Se deja aclarado que el Sr. Jefe de Bomberos no manifestó al Dr. Ascárate las carencias en materia de infraestructura y seguridad que padece el cuartel de Bomberos. Es decir, que el Dr. Ascárate desconoció en todo momento que el edificio no contaba con cárceles, arrestos, calabozos o similar, y tampoco que no contaba con el personal de seguridad para la custodia del condenado”, se lee en el acta firmada.
En otro párrafo se dejó constancia de lo siguiente: “se deja aclarado que el Dr. Ascárate jamás se comprometió a efectuar el traslado del condenado Rejas al otro día, ya que esa es una decisión que debe tomar el tribunal”. Ese documento también fue firmado por el prosecretario Luis Alberto López, y el secretario Pablo Pedernera, que también fueron denunciados.
“Es evidente que ejercieron una presión sobre el testigo para que cambie su declaración y mejorar su situación. La Corte no puede permitir este comportamiento de un funcionario. Tiene que actuar de manera urgente y categórica”, señaló Morales.
La resolución
En una acordada firmada el martes pasado por los vocales Eleonora Rodríguez Campos, Daniel Posse y Daniel Leiva (Antonio Estofán fue excusado y Claudia Sbdar está de licencia) se resolvió que se unificaran las denuncias que realizó Morales por razones de conexidad, celeridad, economía y eficacia en los trámites y respeto al principio de contradicción.
“De las constancias que obran en estas actuaciones administrativas surgen cuestiones de hecho que deben ser dilucidadas con el fin de determinar y/o deslindar responsabilidades funcionales”, se puede leer en la resolución que de alguna manera da por cierto lo denunciado por el profesional.
En la misma acordada, los integrantes del máximo tribunal de la provincia designaron como instructora sumarial a la secretaria de Superintendencia María Gabriela Blanco, con la colaboración de los/las funcionarios judiciales que están a su cargo.
Antecedente
Ascárate fue propuesto por el gobernador Juan Manzur como juez subrogante, pero su nombramiento quedó paralizado en la Legislatura junto a otras designaciones. Tras el envío de su pliego, circuló una captura de pantalla de un chat atribuido al funcionario con una foto de la parte resolutiva de un fallo del ex juez Juan Francisco Pisa favorable al actual Jefe de Gabinete que él firmaba como fedatario.
La imagen incluía un mensaje en el que el autor usaba esa sentencia como “carta de presentación” y presumía de ser un candidato confiable para el oficialismo. Ante los cuestionamientos que recibió, el funcionario negó la versión del chat y se puso a disposición para esclarecer la situación.
Todo quedó ahí hasta finales de diciembre, cuando la Corte resolvió dar por concluido el interinato que Ascárate cumplía en la Cámara Penal y dispuso que regresara, con un cargo menos, a su posición anterior.