Juntos por el Cambio (JxC) propuso este lunes que la presidencia del Consejo de la Magistratura recaiga en el presidente de la Corte Suprema de Justicia y apuntó contra el oficialismo sus críticas a la justicia.
"La administración kirchnerista que gobernó el país durante el período 2003/2015, aprovechando las mayorías parlamentarias que tenía en esa época, intentó en dos oportunidades modificar la ley 24.937 que regulaba el funcionamiento del Consejo, para intentar romper en su beneficio el equilibrio que reclama la Constitución para su integración", señalaron en un comunicado.
La coalición recomendó además al Congreso dictar una nueva ley que organice el Consejo de la Magistratura. "La presidencia del Consejo por parte del presidente de la Corte Suprema facilitará la integración del órgano dentro del ámbito del Poder Judicial, allanará dificultades para la administración y le otorgará mayor previsibilidad al desenvolvimiento del Consejo", señalaron.
"Se debe también asegurar la representación igualitaria en materia de género y la representación federal de los estamentos", agregaron.
Juntos consideró además que cada estamento debería ser elegido directamente por quienes van a ser representados y, en cuanto a los legisladores, se podría contemplar la opción de designar juristas que cumplan los requisitos pertinentes.
En otro punto, señalaron "la prohibición de reelección, dejando pasar un período, permitiría una mayor alternancia dentro del Consejo".
Respecto del régimen de concursos para elegir magistrados, indican que "hay que encontrar los caminos para hacerlos más expeditos, más eficientes y mucho más transparentes".
"En ese sentido debería analizarse la posibilidad de efectuar concursos anticipados, para que ya existan postulantes calificados cuando se producen nuevas vacantes, y limitar las facultades del Consejo para alterar el orden de mérito en relación a los resultados obtenidos en la prueba de oposición y respecto de la valoración de los antecedentes".
Con relación a las facultades disciplinarias del cuerpo, afirman que "no es admisible la existencia de investigaciones abiertas por largo tiempo sin definición, pues ello afecta sin dudas a la independencia del magistrado investigado".
En este sentido, "se postula que se fije un plazo razonable para concluir la investigación, y la suspensión automática del juez que tenga un procesamiento firme en doble instancia".
"Corresponde que el Consejo de la Magistratura sea sometido al control de la Auditoría General de la Nación y la ejecución de su presupuesto no tiene que sufrir entorpecimientos ni discriminaciones por parte del Poder Ejecutivo", continuaron.
Por último, la coalición remarcó que defenderá enfáticamente que "los jueces estén sólo sujetos a la Constitución y a la ley, por lo que promoverá o acompañará aquellas iniciativas de reforma al Consejo de la Magistratura que aseguren esos principios".