Las crónicas que denotan una potencial guerra narco en Rosario (Santa Fe) son noticias previsibles para Alberto Föhrig, doctor en Ciencia Política de Oxford, y secretario del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Patricia Bullrich (Cambiemos). Este académico especializado en las universidades estadounidenses de Yale y de Harvard manifiesta que no se sabe si es posible extinguir el crimen organizado, pero que todo empeora si no se hace nada al respecto. “Y yo veo que en estos últimos años hubo inacción. Tal vez a (la ex ministra Sabina) Frederic le faltó pericia: lo del ministro actual (Aníbal) Fernández es más complejo”, dice en esta entrevista virtual. Föhrig afirma que la criminalidad sofisticada está tomando un protagonismo inusual en jurisdicciones donde hasta hace poco tiempo era un tema concreto y muy local. “Estamos viendo cómo el narcotráfico empieza a condicionar a poderes políticos provinciales”, observa.

-Da la sensación de que la situación ha empeorado en este tiempo de la pandemia, que se le ha dado una ventana de oportunidad al narcotráfico. ¿Esta percepción es correcta o no lo es?

-La situación, desde mi punto de vista, efectivamente ha empeorado estos dos años. Ha empeorado por una razón sencilla. Está el lugar común que dice que al narcotráfico no se le puede ganar. Sin embargo, si no hacés nada contra él, el narcotráfico sí te puede ganar a vos en términos de que tiene la capacidad para cambiar radicalmente las condiciones institucionales y de vida de un país. Esto no es un análisis de carácter teórico, sino lo que le sucedió a varias naciones de América Latina, fundamentalmente a Colombia y México, donde las condiciones de desarrollo de las poblaciones han retrocedido de una forma sustancial como consecuencia de la acción del narcotráfico.

-¿Cómo impactó la pandemia en este fenómeno?

-Por supuesto que la pandemia debe haber tenido su efecto, pero lo que hay que hacer frente al narcotráfico es castigarlo. Y la Argentina, mejor dicho, el Gobierno sacó de la agenda completamente el tema de la seguridad y, dentro de ella, a la persecución de la criminalidad organizada. Tenés que estar todo el tiempo intentando hacer cosas y generar iniciativas. Dejás de actuar y el narcotráfico avanza todo el lugar que le habías ganado. A mí me da la impresión de que esto es lo que ocurrió durante estos dos años aunque es posible ver que en el fenómeno hay una dimensión provincial y otra nacional.

-¿Qué ocurrió en la esfera nacional?

-El Gobierno sacó este tema de la agenda completamente, con manifestaciones casi graciosas por parte de los funcionarios. La señora Frederic en un momento declaró que “las fronteras son lugares de solidaridad”. Si no hubiera tanta violencia y tanto dolor en juego, uno se tendría que reír de este tipo de cosas. Es una concepción, desde mi punto de vista, muy arraigada en determinados sectores de la sociedad y de la política argentina que considera cool al tema de la liberalización de las drogas y que no hay que hacer nada. El narcotráfico y la criminalidad organizada no dependen sólo de las drogas. La criminalidad organizada tiene una larga tradición en muchísimos países, como Afganistán, Japón e Italia, que se remonta a siglos atrás, donde las drogas son un aspecto de negocios muy lucrativos. Es un punto concreto de un modus operandi mucho más generalizado, mucho más extendido en el tiempo y mucho más abarcativo la geografía del planeta. Por lo tanto, reducir el problema de la criminalidad organizada a las drogas, desde mi punto de vista, es erróneo.

-Pero en teoría el Estado no puede decidir si controla o no el narcotráfico: la ley lo obliga a hacerlo.

-El Gobierno cayó en la inacción, y puso a las fuerzas federales a ver si se contrabandeaba soja hacia Brasil y hacia Paraguay. Y los datos que tenemos de decomiso y de detenciones de jefes de bandas de estos años son realmente muy pobres. El Gobierno, por el contrario, acuñó políticas procriminalidad organizada, como la facilitación de la salida de presos por los contagios de covid. Hay una disputa sobre estos números, pero se cree que miles de presos dejaron las cárceles con el argumento del coronavirus. El otro indicador, que yo diría que es duro, es que no hubo ninguna detención. A esto debemos sumar otras medidas que, otra vez, serían divertidas si no desembocaran en la muerte de chicos y de mujeres embarazadas, como sucedió en Rosario en enero. Uno de esos programas consiste en que el Gobierno gastará $ 1.000 millones para colocar internet en las cárceles. Esto excede cualquier análisis porque implica facilitar en todo momento y en todo lugar la comunicación de los presos y los jefes de las bandas con sus organizaciones delictivas. Hay escuchas y muchísimas pruebas que demuestran cómo salen comunicaciones desde los penales para ordenar asesinatos; actos de sicariato y de extorsión; secuestros, etcétera. Y eso ha ocurrido desde las cárceles en el último tiempo. Cuando se encuentra algún teléfono en la celda del líder de Los Monos (Santa Fe), el Gobierno dice que es un problema menor. Las garantías constitucionales de los presos no involucran el acceso a internet, salvo que uno crea que los presos de alta peligrosidad deban tener una vida igual a la de una persona que no está privada de la libertad. Pero resulta que sacás un teléfono de una celda y a los pocos días vuelve a entrar otro. Y por esto no responden ni la Justicia ni el Servicio Penitenciario de la Nación, con lo cual uno asume que eso es parte, no de errores, sino de una estrategia para proteger al narcotráfico.

-¿Y qué ve en la dimensión de las provincias?

-La realidad es muy distinta y exhibe un problema cualitativo nuevo. Esto no lo habíamos visto en la Argentina hasta ahora. Es lo siguiente: la nota saliente de la criminalidad organizada es la idea de que compite en la distribución de autoridad en el Estado. Y para eso trata de excluir al Estado. Es un fenómeno centralmente político la criminalidad organizada, no sólo económico. Y para esto corrompe. Corrompe jueces; corrompe fiscales, intendentes, concejales e integrantes de la fuerzas de seguridad. Este nivel de corrupción solía tener, en la Argentina, el impacto local y específico que vimos con el juez federal de Orán preso por narcotráfico (Raúl Reynoso), y con otro juez (Carlos Soto Dávila) y un fiscal procesados en Corrientes luego de la detención del intendente de Itatí (Natividad Terán). Considero que lo que está hoy en discusión en la provincia de Santa Fe es el escalamiento del fenómeno local al fenómeno provincial. Lo que estamos viendo es la inacción por parte del sistema político santafesino. El sistema judicial trata de actuar con muchas dificultades y ahora está aislando dentro de un contexto en el que comienza a haber miedo, no sólo de parte de los fiscales, sino también de los periodistas. Mi percepción es que hay algunos periodistas genuinamente preocupados por su integridad física, y que cuidan su lenguaje y no dan nombres propios porque saben que se exponen a represalias. Yo lo que veo ahí es un salto muy complicado en la provincia de Santa Fe, no en Rosario, donde el sistema político comienza a verse cercado por determinados sectores vinculados a la criminalidad organizada. Y como decía, estas redes de delincuencia no están sólo en el narcotráfico: también manejan el juego clandestino, la trata de personas, el contrabando, etcétera. Esos grupos tienen apoyo en el Senado de Santa Fe, institución que rechaza que senadores acusados directamente por fiscales sean sometidos al proceso penal, no condenados. La Constitución de Santa Fe establece que para remover a un senador provincial tiene que haber mayoría en las cámaras. Sin embargo, para remover a un fiscal basta con una orden simple del gobernante. Entonces, ahí hay una simetría entre el poder que tienen determinados actores y el poder que tienen quienes los investigan, que rápidamente son apartados y cesanteaos. Es el caso de Entre Ríos, donde hay una fiscala muy valiente (Cecilia Goyeneche) que está siendo perseguida por el poder político porque investiga a ex gobernadores en casos complejos de corrupción. La trama es la misma. Hay un problema de imposibilidad del sistema político de dar respuestas a situaciones muy graves que ya no tienen escala local, sino que tienen escala provincial.

-Las autoridades tucumanas tratan desde hace ocho años que la potestad para perseguir el narcomenudeo pase a la Justicia provincial. ¿Cómo puede interpretarse que no lo consigan? Mientras tanto no se sabe qué está haciendo al respecto la Justicia Federal...

-Este es un punto fundamental, que se discute ideológicamente sin considerar el impacto práctico que tiene sobre la dinámica del narcotráfico. Muchísimas investigaciones, por ejemplo, un enorme decomiso de drogas sintéticas en la Ciudad de Buenos Aires, comenzaron a partir de seguir a un dealer. Se hizo un trabajo de inteligencia criminal sobre la persona que vendía porque se pretendía ir más arriba y, efectivamente, se encontraron cientos de miles de pastillas, entre ellas una variedad muy destructiva, que se llama cocaína rosa. Entonces, un dealer puede ayudar a desbaratar una organización, y a poner en prisión a los líderes locales y, eventualmente, a sus proveedores internacionales. Cuando se tiene esa estrategia, el narcomenudeo es un eslabón fundamental para poder avanzar. También es cierto que en algunas fuerzas de seguridad se usa esto como excusa para hacer número estadístico. A veces depende de qué política criminal se tiene en torno al narcomenudeo. Con una misma ley podés tener dos estrategias totalmente distintas de persecución de la criminalidad organizada. Pero estoy seguro de que el narcomenudeo es un eslabón clave en la persecución de la criminalidad organizada.

-¿Corresponde separar la competencia relativa al microtráfico de drogas de la del tráfico a gran escala?

-El segundo aspecto crucial del narcomenudeo es bastante obvio. ¿Cómo se hace una banda grande? ¿Cómo empezó? Toda las bandas grandes comienzan siendo una banda pequeña. Si las dejás crecer, incrementan su poder de fuego, de violencia, de corrupción y de amedrentamiento. Volviendo al inicio de la conversación, ¿qué tenés que hacer? Todo el tiempo debe estar girando la rueda para desarmar pequeñas organizaciones porque las pequeñas organizaciones, si no hacés nada, crecen y ya no tenés un problema menor. Sobran los ejemplos de organizaciones que han crecido hasta cubrir áreas de ciudades y barrios de emergencia completos con 100.000 personas adentro. El narcomenudeo requiere de acción para evitar el crecimiento de las pequeñas bandas. Por supuesto que en esa tarea tiene que haber distribución de funciones. La ley que se sancionó dice que las cantidades reducidas de droga son competencia de la Policía y del Poder Judicial y de los ministerios públicos provinciales, y que las organizaciones complejas han de ser enfrentadas por las fuerzas y la Justicia federales. Lo que tiene que ocurrir en cualquier caso es que los esfuerzos estén dirigidos a detener a líderes de bandas de narcotráfico. Y yo no conozco en Tucumán a muchos líderes de bandas de narcotráfico detenidos. No conozco en Santiago del Estero; en Salta, sí. Para que algo circule de Salta a Rosario, de Salta a la Capital Federal, de Salta al Conurbano, debe pasar por muchísimas provincias, entre ellas Tucumán y Santiago. Por lo tanto, ahí el problema consiste en que falta una estrategia seria de detección; de detención y de condena.

-¿Qué trabajo hay que hacer respecto de los consumidores?

-Tener una política a favor de la persecución del narcomenudeo no quiere decir encarcelar consumidores. La Corte Suprema despenalizó el consumo personal, por lo tanto, uno puede perfectamente graduar la política criminal y ordenar a la Policía que no detenga a quienes posean una determinada cantidad de droga. No soy un especialista en términos de política de salud, pero me da la impresión de que la parte más dramática está conformada por los consumidores con problemas severos de adicción, que carecen de recursos para acceder al sistema privado, que es carísimo: hay familias muy humildes que pierden todo lo que tienen por pagar tratamientos. No hay infraestructura adecuada para cubrir esta necesidad. En la Argentina existen problemas significativos para rehabilitar a personas con bajos ingresos y alto nivel de adicción. Esto se ve en los barrios todo el tiempo, con chicos con problemas de consumo de paco que se transforman en amenazas para la integridad de su familia. Estos adictos roban a sus parientes para comprar droga: es una tragedia descomunal que va mucho más allá de quienes padecen la enfermedad.


Un experto en políticas de seguridad

Alberto Föhrig es profesor de Ciencia Política en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés (Buenos Aires) desde 1995. Estudió Abogacía en la Universidad de Buenos Aires y la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano. Obtuvo su Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Oxford. Föhrig hizo un posdoctorado en las universidades de Yale y Harvard (Estados Unidos) mediante una beca del Programa sobre Drogas, Seguridad y Democracia del Social Science Research Council. Trabajó en los ministerios del Interior y de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri.