La Municipalidad de San Miguel de Tucumán cedió la concesión del estacionamiento pago en las calles de la capital y ya trabaja, en conjunto con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que ganó la licitación, en la aplicación del sistema, que empezaría a funcionar en las próximas semanas. Ante esta situación, los “trapitos” se manifestaron para ser escuchados por la Municipalidad y las empresas que explotarán el servicio.
Gabriel Granillo, responsable de la rama de trabajadores de espacios públicos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, encabezó la movilización que se llevó a cabo en la plaza Yrigoyen, frente al palacio de Tribunales, en la mañana de ayer.
“Hace más de tres años venimos trabajando con este grupo de compañeros tratando de acercar posiciones con la Municipalidad, pero nos están dejando afuera, son compañeros que van a quedar sin su fuente principal de trabajo y esa es una de las causas de la protesta”, afirmó Granillo ante las cámaras de LG Play.
“Necesitamos una respuesta, más teniendo en cuenta que esta empresa en Rosario tomó a los cuidacoches que trabajaban en la calle, que ya estaban trabajando, los capacitó, les dio un puesto laboral, les regularizó la actividad, y eso es lo que estamos buscando. Que se regularice, que se reconozca como un oficio que existe y que todos los días se lleva a cabo”, agregó el sindicalista.
La empresa aún no confirmó qué hará al respecto y apenas se están estudiando cómo se aplicará el sistema y los diferentes planteos que puedan surgir. La UTEP decidió manifestarse, sin embargo, por el miedo de que no se los tome en cuenta en esas valoraciones. “Generalmente los municipios que tienen más vinculación con la derecha, con el PRO, dejan afuera a los trabajadores de la economía popular. El miedo nuestro es porque no se nos llamó en ningún momento. No estuvimos incluidos dentro de la negociación con la empresa”, explicó el dirigente.
Los representantes de la Municipalidad se encargan de aclarar en cada oportunidad que no tienen ninguna responsabilidad legal con los cuidacoches. Granillo, por su parte, sostuvo que el Gobierno municipal debe escuchar el reclamo, en especial por la cantidad de trabajadores que se desempeñan en el sector.
“Son puestos laborales que existen, que funcionan, y que los compañeros utilizan para llevar el plato de comida a su casa. Si los dejás afuera de la conversación, si no los incluís, lo más probable es que esa gente se muera de hambre. Entonces si hablamos de inclusión, de progresar dentro de lo que es el municipio y poner a la Argentina de pie, necesitamos que los compañeros estén incluidos del lado de adentro, no de afuera”, argumentó.
Por último, advirtió: “no nos queda otra que manifestarnos porque justamente estamos quedando afuera del esquema de la aplicación que quieren implementar. Hoy nos movilizamos pacíficamente, pero si no recibimos respuesta incursionaremos en un plan de lucha hasta que tengamos algún tipo de recepción de la Municipalidad”.
Sin responsabilidad
“No hay ninguna relación contractual ni legal que vincule a ninguna de estas organizaciones con el Municipio”, aseguró Rodolfo Ocaranza, secretario de Gobierno de la Municipalidad. De todas formas aseguró que el municipio mantiene un “diálogo” con algunas de las organizaciones que nuclean la actividad.
“Los trapitos son varios grupos que ocupan distintos lugares del espacio público, espacio que es de los vecinos y que es la intención de la Municipalidad ordenar todo lo que implica la consciencia del tránsito”, agregó el funcionario.
Ocaranza también señaló que otro de los objetivos es recaudar fondos con la intención de reinvertirlos dentro del municipio, aunque dijo que no hay un plan puntual para llevar a cabo una vez que se consiga ese dinero. “Se van viendo las obras que son prioritarias. En principio tratar de que vuelvan al espacio público y que tengan que ver con la correcta delimitación, demarcación, uso de tránsito, etcétera”, dijo.